Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) revela y alerta de casos de tortura cometidos en El Salvador durante un régimen de excepción implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para contrarrestar a las pandillas.
“En El Salvador hay tortura. Las denuncias que se han recibido en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA dan fe de la existencia de hechos de tortura”, dijo este miércoles el coordinador general del OUDH, Danilo Flores, durante la presentación del documento denominado «100 Días de Régimen de Excepción en El Salvador«.
En junio pasado, la organización humanitaria Amnistía Internacional (IA) afirmó que las autoridades salvadoreñas estarían cometiendo tortura como parte de las “violaciones masivas de derechos humanos” que se dan en el marco del régimen de excepción.
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de ese mes que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
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Dicha medida ya fue prolongada por el Congreso en 4 ocasiones y se prevé que el Gobierno solicite una nueva ampliación, con lo que el régimen se extendería a finales de septiembre.
Más de 49.000 supuestos miembros de pandilla han sido capturados en El Salvador durante cuatro meses del régimen, según reveló el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El informe también da cuenta de detenciones arbitrarias, supuestas muertes de detenidos bajo custodia estatal, hacinamiento carcelario y violaciones a los derechos humanos entre finales de marzo y principios de julio pasado.
CASO EMBLEMÁTICO DE TORTURA
Flores relató a la prensa el caso de un adolescente de 14 años que fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) y fue “golpeado y torturado por agentes de la corporación policial y pandilleros».
El coordinador del OUDH expuso que “el adolescente fue detenido después de varias visitas que hizo la Policía a su residencia, lo llevaron a una delegación policial y ahí lo golpearon y torturaron para que confesara que pertenecía a una pandilla».
Relató que “sumergían su cabeza en una pila con agua y además le prensaban o pinchaban los dedos de las manos con unas pinzas».
Luego, señaló, “el adolescente fue llevado a una celda de pandilleros, pese a no ser miembro de pandillas, y mientras estuvo ahí fue golpeado por esas personas«.
Flores dijo que el adolescente estuvo 12 días en dicha celda y “mientras era golpeado por los integrantes de las pandillas, los policías lo continuaron lesionando y golpeando».
El joven salió libre tras una audiencia inicial y la madre lo encontró “en una condición donde vomitaba sangre”, añadió.
“Es un caso emblemático de hechos de tortura que están ocurriendo en el país (…) en El Salvador se están dando casos de torturas, además de otras afectaciones a las condiciones de los reclusos”, subrayó Flores.
MÁS DE 60 SUPUESTAS VÍCTIMAS
La investigadora Natalia Ponce, del Observatorio de Derechos Humanos, señaló que “a partir del análisis de notas periodistas se logra identificar, entre el 27 de marzo y el 4 de julio pasado, un total 63 supuestas víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes».
La mayoría de las víctimas son hombres mayores de 42 años y los victimarios son miembros de la Policía y de la Fuerza Armada, sostuvo Ponce.
La investigadora recordó que “la ONU califica como tortura todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una conclusión y castigar por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido».
VIOLACIONES AL DERECHO DE INTEGRIDAD PERSONAL
La investigadora apuntó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) documentó, entre el 27 marzo y 24 de junio pasados, 306 casos relacionados con violaciones al derecho a la integridad personal.
La mayoría de los casos -231- corresponden a la negativa de funcionarios públicos o de agentes de seguridad de proporcionar información a familiares sobre la ubicación exacta donde se encuentra detenida una persona.
“La falta de información constituye una condición para la desaparición forzada. Del total de casos, el 75,4 % son la evidencia de posibles desapariciones forzadas y la responsabilidad recaería sobre el Estado salvadoreño al ser funcionarios estatales quienes capturan y quienes niegan la información sobre las personas capturadas”, señaló.
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Además, sostuvo que “es una evidencia de como un hecho violatorio de derechos humanos se puede constituir fácilmente como un escenario para la violación de otros derechos».
MUERTES Y HACINAMIENTO CARCELARIO
Al menos 59 personas detenidas durante el régimen de excepción han fallecido bajo custodia estatal, de acuerdo con el informe, que señala que todas las víctimas son hombres y que el 27,1% tenía entre 18 a 30 años.
Las muertes de privados de libertad bajo custodia del Estado son, según Ponce, “el resultado de golpizas en las cárceles o bartolinas, agresiones físicas de otros internos, y también como resultado de negligencia en la atención médica al no proveer un debido tratamiento».
Por otra parte, el documento del Observatorio Universitario de Derechos Humanos señala que el país registra un hacinamiento carcelario de un 247,6%.