Los diferentes actores de la industria eléctrica consideran que lograr que para 2027 el 80% de la generación de energía se con fuentes renovables, como lo establece la Política Energética Nacional, se deben atraer mayores inversiones, reducir la conflictividad social y agilizar los procesos burocráticos.
De acuerdo con datos de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), en la actualidad, el 71.1% de la generación de energía eléctrica en el país se da a base de recursos verdes, lo cual, no solo representa un avance en la meta de la política nacional, sino el principal factor en la estabilidad de los precios de la energía.
“Si queremos que esa tarifa vaya bajando y se mantenga en el tiempo, necesitamos hacer un trabajo común, donde dejemos que la inversión avance para beneficio de todos”, dijo Anayté Guardado, directora ejecutiva de Ager. “La clave está en desarrollar nuestros recursos naturales; necesitamos atraer mayor inversión en generación renovable”, agregó.
Según Guardado, la baja en la tarifa eléctrica fue evidente a partir de la promulgación de la Ley General de Electricidad, que significó un parteaguas para el sector al liberar el mercado y promover la competencia. Este aspecto ha abonado en el avance de la electrificación a nivel nacional, con la incorporación de nuevas tecnologías de generación y hoy, en la transformación de la matriz energética.
“Pasamos de tener cuatro de 10 personas con electricidad, a tener cerca del 90% en la actualidad”, dijo la directora de Ager, al referirse el aporte de la diversificación de la matriz de generación. “En el país pasamos de tener nueve hidroeléctricas que eran del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), a tener hoy 116 generadores de electricidad”, enfatizó.
De acuerdo con datos del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE), ente que representa a generadoras, distribuidoras privadas y municipales, transportistas, comercializadoras y grandes usuarios, del 2012 a 2022, la modernización del sector eléctrico ha permitido reducir en más del 34% las tarifas eléctricas, con una marcada caída y estabilidad a partir de 2015.
Matriz energética verde
Antes de 1996, la generación eléctrica y el transporte estaban a cargo del INDE y la distribución era función de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA). A la fecha, operan en el país 116 generadores, 14 transportistas, 3 distribuidoras privadas, 14 distribuidoras municipales, 30 comercializadoras y 1 mil 345 grandes usuarios.
Registros de la entidad refieren que de los generadores de energía a base de fuentes renovables, hay 46 centrales hidroeléctricas, que generan arriba de 5 megavatios (MW), hay dos plantas geotérmicas en el país, dos parques solares, tres parques eólicos y más de 80 generadores distribuidos renovables (GDR), que abarcan diversidad de tecnologías que generan hasta 5 MW, y finalmente los autoproductores, que generan menos de 5 MW. Estos últimos son responsables de inyectar al sistema un total de 28 MW.
En Guatemala, de la generación renovable, el 49.9% proviene de hidroeléctricas, 14.4% de biomasa, 2.7% de tecnología eólica, 2.2% de geotérmicas y 1.9% es solar. Este sector representa 1 mil 123 MW en el sistema eléctrico nacional.
Para 1996, la capacidad instalada del sistema eléctrico era de 449 MW por hidroeléctricas estatales; 11 MW por hidroeléctricas privadas; 245 MW por ingenios cogeneradores; 121 MW por motores reciprocantes, y 125 MW por turbinas de gas.
Para 2022, la capacidad instalada de las hidroeléctricas estatales es de 453 MW; hidroeléctricas privadas, 967 MW; ingenios cogeneradores, 629 MW; motores reciprocantes, 362 MW; turbinas de gas, 106 MW. Adicionalmente, hay 107 MW en generación eólica; 113 MW por GDR; 33 MW de geotérmicas; contratos firmes de interconexión, con 120 MW; la solar fotovoltaica aporta 80 MW; y las turbinas de vapor, 471 MW.
Los desafíos del sector eléctrico
El país se enfrenta el desafío de cubrir la brecha de alrededor del 10% de cobertura eléctrica, pero, además, hay retos en lo relativo a mejorar la calidad del suministro, principalmente en el interior del país, y aumentar las inversiones en generación renovable, de cara a lograr precios más competitivos por el servicio.
En ese sentido, los representantes del sector eléctrico encuentran por lo menos tres importantes desafíos: reducir la conflictividad social en torno a los proyectos eléctricos para atraer mayor inversión y brindar certeza jurídica; regular lo relativo a las tasas municipales de alumbrado que inciden en la tarifa; y mejorar el marco normativo para el almacenamiento energético.
“Lo que pasa con la industria eléctrica, como otras de gran envergadura, es que son inversiones que pueden necesitar hasta 20 años para lograr un retorno. Entonces, sin un marco jurídico sólido y reglas claras, el país no va a atraer esas inversiones”, opinó Víctor Asturias, director ejecutivo del CIE.
Guardado coincidió con Asturias al señalar la importancia de la certeza jurídica de las inversiones, entre estos, los contratos de largo plazo, debido al nivel de inversión que se requiere para la instalación de las generadoras. La ejecutiva recordó que el sector generador con recursos renovables ha invertido en los últimos 10 años, alrededor de US$5 mil millones.
“Solo para dar una idea, para generar 1 MW a través de una hidroeléctrica, se requieren unos US$3 millones de capital. Esta es una industria intensiva en capital, ya que se requiere mucho financiamiento en todo el sector”, agregó.
Consulta previa y marco legal
Según Asturias, para brindar un marco de certeza jurídica en las inversiones, el país debe avanzar en la reglamentación de la consulta previa a pueblos indígenas que demanda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La implementación del Convenio 169 de la OIT es fundamental para garantizar las inversiones, es como la regla del juego. No contar hoy en día con la reglamentación, genera un espacio ambiguo que se presta a la manipulación y desinformación, lo que termina generando conflictividad social”, indicó.
“La conflictividad social es un tema sensible. Nosotros hemos trabajado en educación e información, pero no ha sido suficiente. Necesitamos que se reglamente el Convenio 169 en materia de consulta a los pueblos indígenas que, en realidad, no se trata de una consulta popular, sino de un diálogo vivo entre las partes”, expuso Guardado.
De acuerdo con Asturias, otro de los desafíos que enfrenta el sector eléctrico tiene que ver con la falta de regulación en la aplicación de la tasa de alumbrado público y, eventualmente, su reglamentación para el uso transparente de los recursos que se deriven de esos cobros, que hoy se aplican discrecionalmente, y también son foco de conflictividad.
“Muchas veces, la aplicación de esos montos termina lastimando a la gente, sobre todo a la de escasos recursos, y eso genera malestar. Hoy día, a pesar de que son los alcaldes los que ponen esas tasas, el mecanismo de cobro se realiza por medio de las distribuidoras y estas terminan recibiendo el desgaste”, argumentó el director ejecutivo del CIE.
En el caso de la norma relacionada con al almacenamiento energético, Guardado señaló que se requiere mejorar el marco normativo para permitir que, en el caso de las tecnologías eólicas y solares, accedan a sistemas de almacenamientos asociados al generador, para que puedan regular la energía y tenerla disponible cuando lo requiera la demanda.
Finalmente, Guardado consideró que Guatemala también necesita avanzar en la agilización de los procesos burocráticos relacionados con los requisitos de participación de los generadores renovables en procesos de licitación de potencia de largo plazo, a fin de facilitar las inversiones en esta materia.
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