La Cámara Civil suele pasar inadvertida pero es una rama de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tiene a su cargo resoluciones de índole civil, tributarias y administrativas que pueden traducirse a fallos judiciales de fondo económico.
“Ellos conocen temas mercantiles, de familia, pero el tema tributario es uno de los más importantes porque hay mucho dinero de por medio. Todo lo que tenga de ver con devolución o cobro de impuestos”, explica Alejandro Rodríguez, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
Además de esas resoluciones tributarias la Cámara Civil puede ser clave para la interpretación de contratos entre entidades privadas y el mismo Estado, siendo una especie de árbitro en temas tan complejos como el del famoso Libramiento de Chimaltenango.
“Conflictos de la administración pública con particulares, interpretación de contratos, todo eso entraría en lo contencioso administrativo y lo de impuestos en lo contencioso tributario”, refiere Rodríguez.
El abogado también ve una relación indirecta en temas políticos como la emisión de los finiquitos, requisito clave e indispensable para cualquier persona que desee participar en las próximas elecciones generales de 2023.
Esta Cámara tiene entre su jurisdicción a los Tribunales de Cuentas, entidades que de detectar alguna duda o asunto no resuelto debe notificar a la Contraloría General de Cuentas (CGC), lo que podría impedir la emisión de este certificado.
“El Tribunal de Cuentas determina si hay o no deudas de parte de un funcionario público, en determinado contrato o bien en la forma de la administración pública (…) esto tiene una relación directa con contratistas y tiene que ver mucho para la situación de los finiquitos”, concluye el abogado.
De procesada a magistrada
Actualmente la Cámara Civil es presidida por el magistrado Manuel Duarte, es acompañado por las también magistradas Silvia Verónica García, María Eugenia Morales y próximamente por Blanca Stalling.
Esta última fue separada del cargo en 2017 por una denuncia por tráfico de influencias, perdió la inmunidad y fue detenida el 8 de febrero del mismo año cuando utilizaba un disfraz para evadir a la policía, indicaron los reportes del Ministerio Público (MP).
Cinco años después y tras quedar libre de los señalamientos penales, que no fueron apelados por el MP de María Consuelo Porras, Stalling está por recuperar su plaza como magistrada de CSJ.
Inmediatamente después de un sobreseimiento que impidió llevarla a juicio, Stalling solicitó al Consejo de la Carrera Judicial recuperar su plaza como magistrada titular.
Tras una consulta enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) está dejó el tema en manos del Pleno de la CSJ que resolvió, el pasado 14 de septiembre, aceptar su reinstalación para integrar la Cámara Civil.
CSJ sin relevo
El retorno de Blanca Stalling no solo genera dudas entre la sociedad civil, algunos jueces tampoco comparten la decisión que tomó la CSJ pero por temor a una represalia administrativa prefieren no ser citados.
Uno de los jueces explicó, bajo condición de anonimato, que no era viable la reinstalación de Stalling porque ella no estaba en el cargo cuando el resto de magistrados se vio obligado a continuar en funciones por no tener a sus reemplazos.
“A nuestro parecer los magistrados que continúan en sus funciones fue porque al momento que su periodo constitucional finalizó ellos estaban en el cargo, pero esto no aplica para quienes no estaban en funciones porque no estaban ejerciendo función jurisdiccional”, señaló el juez.
El proceso penal contra Blanca Stalling comenzó después que el juez Carlos Ruano dijo en audiencia pública que estaba recibiendo presiones de la entonces magistrada, esto generó una ola de críticas contra la CSJ.
Pero este retorno genera una situación tensa entre todos aquellos jueces que afirman ser independientes y respetuosos de la ley, por lo que esperan que no existan más represalias.
“Esperaríamos que cualquier designación de CSJ implique el fortalecimiento de la independencia judicial, el apoyo a la función jurisdiccional y que no represente ningún problema para ningún juez independiente que emita sus resoluciones apegados a Derecho”, destacó.
Para Pablo Hurtado, Secretario Ejecutivo de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), el problema principal de las dudas que despierta la reinstalación de Stalling radica a que seguimos hablando de una Corte que ya no tendría que seguir en funciones.
“Para bien o para mal, les guste o no le guste a la población ella solucionó sus problemas ante los tribunales de justicia. Yo creo que no existe ningún riesgo mayor a lo que es usual en cualquier Organismo Judicial de algún país de Latinoamérica”, refirió.
El analista considera que esa falta de renovación judicial está despertando dudas y efectos no deseados en el sistema de justicia, “todos los efectos que conllevan no pueden ser positivos, no pueden ayudar a la institucionalidad, creo que si enfocamos este punto de partida todo lo que viene es más susceptible de riesgos, desafíos y desgastes que reconocerlo como algo positivo”.
“Aplaudimos a la CSJ”
No todos los sectores tienen dudas sobre la reinstalación de Blanca Stalling, otros incluso opinan que fue una decisión justa que sirve para reivindicarle el daño moral y social que sufrió por una acusación sin fundamentos.
“En un sistema de legalidad, democrático e institucional está es una decisión que nosotros valoramos como una decisión legal. Aplaudimos a la CSJ que de una manera valiente y tenaz aplica la legalidad en el caso y reinstala en su puesto de magistrada designada por el Congreso”, señaló Raúl Falla, abogado de Fundación Contra el Terrorismo.
El profesional del Derecho considera que esta decisión viene a dar un mensaje a todos aquellos que realizan acusaciones falaces, ya que con el tiempo se demostró que la magistrada Stalling no había cometido los actos por los cuales le señaló la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
“Esto viene a nutrir el sistema institucional para que veamos que si vamos a llevar a una persona la cárcel por medio de una denuncia, que se evalúe si cuenta con el sustento debido y no solo para venir a arruinarle la vida a las personas. No se le retribuye a la doctora el tiempo el cárcel, el daño moral a ella y a su familia, pero consideramos que es claro y legal su reinstalación y salarios caídos”, concluyó.
Según comunicación del Organismo Judicial queda pendiente de validar el acta de sesiones de la CSJ de fecha 14 de septiembre, para con ello poder tener una fecha certera del regreso de Stalling quien recibirá por sueldos dejados de percibir, de 2017 a 2022, poco más de Q5 millones.
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