El reloj marcaba las 11 horas con 15 minutos cuando las tres juezas que integran el Tribunal B de Mayor Riesgo ingresaron a la denominada megasala de audiencias, para sustentar la sentencia que liberó a 11 de los 29 sindicados.
Luego de 91 meses de haberse revelado uno de los casos de corrupción más representativos de la historia de Guatemala, la presidenta del tribunal, Jeannette Valdés comenzó su exposición señalando lo que a su criterio constituyen falencias de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y del exjuez Miguel Ángel Gálvez.
En el estrado estaban sentadas en los laterales las juezas Katty Sarceño y Marling González, en el centro se situaba Jeannette Valdés presidenta del tribunal y quien tomó la palabra para señalar que, a su criterio, algunas actuaciones de la Cicig se extralimitaron con respecto a que los colaboradores eficaces fueron “como el comodín y se dieron guiones sobre lo que tenían que declarar” por lo cual se debe corroborar lo dicho.
“Es así donde empieza el descrédito del sector justicia”, expresó la jueza Valdés, entre gestos de desacuerdo.
Como parte de su análisis Valdés señaló que la acusación de la Feci y la Cicig fue “deficiente y con errores” y criticó que durante el proceso no se haya escuchado de inmediato a algunos sindicados y que pasaron varios días sin rendir su primera declaración.
“No entiendo cómo un juez puede irse a dormir cuando sabe qué hay una persona detenida (esperando audiencia) y menos aún incluir figuras jurídicas que no existen, como la prisión provisional”, dijo la juzgadora aludiendo a la fase que estuvo a cargo del exjuez Miguel Ángel Gálvez.
Valdés agregó: “El juez no puede hacer figuras jurídicas que no existen. No puedo inventarme la prisión provisional. Hay un llamado, una exhortación, los jueces de mi misma jerarquía no tienen que hacer estas aberraciones”.
Valdés afirmó que Iván Velásquez, exjefe de la extinta Cicig, difamó al tribunal que preside “fue una institución que se empoderó mucho y juez que no resolvía conforme a los que los querían eran señalados de corruptos” y agregó que fue una institución que “dejó mucho que desear”.
“Ellos no son mejores que nosotros, no necesitábamos de extranjeros que vinieron a hacer el trabajo que hicieron. Nunca me abrí a los intereses de CICIG, no recibí esa injerencia, los jueces no debemos ceder a ninguna presión externa”, expresó.
La jueza advirtió que “no importa si nos van a querer perjudicar por la decisión que vamos a tomar” y espera que puedan calificar bien el trabajo del Tribunal B de Mayor Riesgo.
Además, instó a la fiscal general, Consuelo Porras, a mejorar las pesquisas y cuestionó el trabajo realizado, pues según Valdés fue “a medias y se cambiaron los procedimientos” que pudieron afectar la investigación.
Valdés también señaló que los medios de comunicación no cuentan con expertos en materia penal y términos jurídicos, por lo que en algunas ocasiones se publican algunos errores y etapas que no son congruentes con las fases de los casos.
De las pruebas y sentencia
El Tribunal no le dio valor probatorio a la declaración de Salvador Estuardo González, alias Eco, quien reveló los esquemas de pagos de sobornos para el exbinomio presidencial.
Respecto al delito de enriquecimiento ilícito imputados a Pérez Molina y Baldetti Elías, según la jueza Katty Sarceño, el órgano jurisdiccional no encontró los medios probatorios que sustenten el tipo penal, afirmando que “la limitante fue la acusación, pues no describe el incremento”, refiriéndose al patrimonio de los acusados.
Las juzgadoras le dieron valor probatorio a la declaración de Aníbal Argüello, ex analista de la CICIG, quien elaboró cinco informes criminales de La Línea, los cuales fueron clave para entender cómo operaba la organización criminal.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los altos mandos de la estructura se quedaron con el 61 por ciento de los cobros ilícitos efectuados por la red aduanera ilegal.
“Teniendo la oportunidad de hacer un trabajo digno y respondiendo con fidelidad a la constitución política, se desviaron de su deber para recibir sobornos”, declaró la jueza Valdés en relación a los líderes de la estructura criminal.
En octubre, la Fiscalía había solicitado al tribunal dictar una pena de 30 años de prisión para el binomio presidencial y una multa de Q73.1 millones.
“El acusado Otto Pérez es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera“, dijo la jueza Valdés, al leer la sentencia.
Durante la sentencia, la jueza Valdés aseguró que la acusación tenía inconsistencias que derivaron en absoluciones en favor de 11 de los 29 acusados en el caso.
“Algunas de las acusaciones carecían de detalles y por eso no nos permiten dictar una condena”, detalló el tribunal, que dio inicio al debate oral y público en enero pasado.
Entre los absueltos se encuentran los ex jefes de la Superintendencia de Recaudación Tributaria (SAT) Omar Franco y Carlos Muñoz, por considerar que la Fiscalía no logró acreditar que ambos formaron parte de la estructura criminal.
Cómo parte de la argumentación la jueza Jeanette Valdés mencionó que no se logró acreditar la culpabilidad de Claudia Azucena Méndez Ascencio, exintendente de aduanas de la Sat.
Y criticó la declaración de Salvador González, en contra de Méndez Ascencio sobre un reloj que le regaló, pero no existen pruebas sobre la compra y detalles del mismo “cómo se le afectó profesionalmente sin tener ningún argumento”.
Con un rostro cansado y luego de 8 horas continuas de argumentación, el Tribunal prevé una reacción por su fallo. “Estamos resolviendo de forma transparente e independiente y sin dejarnos llevar por ninguna presión, pero puede ser que más de en algo nos hayamos confundido, para eso existen los recursos”, indicó la jueza Merling González.
“Sin pruebas”
“Es un fallo que no tiene sustento, ni pruebas, fue con habladas de terceras personas. La defensa que hizo la jueza en relación a una de las sindicadas es la misma que yo tenia. Sin pruebas absuelve a una persona —se refería , pero condena a otra. Es un fallo sin sustento, no hay pruebas. Esto no es el final, en la apelación esperamos tener un resultado más favorable. No tengo el dinero para pagar la multa, vamos a impugnar el delito de defraudación especial, pero ese delito es solo para los importadores, de que cuenta un presidente va a cometer ese delito… Me siento decepcionado del fallo, me habían dicho que era un tribunal más objetivo, pero fallaron sin ninguna prueba”, dijo Pérez Molina, pasadas las 19.34 horas cuando las juezas fieron por finalizada la audiencia.
Baldetti, vestida con un elegante traje sastre verde, se limitó a abandonar la sala de audiencias escoltada por guardias de presidios y no dio declaraciones.
El expresidente Otto Pérez Molina tiene otros procesos penales en su contra, uno de ellos es el denominado Cooptación del Estado y su presunta participación y por el caso Terminal de Contenedores Quetzal, por la presunta firma de un contrato irregular.
Mientras que Baldetti fue sentenciada a 15 años y 6 meses de prisión tras haberse encontrado los indicios suficientes de su participación en una estructura criminal cuyo propósito fue obtener de manera ilegal la concesión del proyecto del supuesto saneamiento del Lago de Amatitlán, con el cual se estafó al Estado guatemalteco con la suma de Q22.8 millones.
Baldetti Elías también tiene otros procesos penales en su contra, el caso Terminal de Contenedores Quetzal, Cooptación del Estado y Plazas Fantasmas en el Registro de Información Catastral. Además, es requerida por el Distrito de Columbia de Estados Unidos, por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.
El caso La Línea fue develado en abril de 2015 por la extinta Cicig, la cual provocó la caída del Gobierno del ahora condenado Pérez Molina.
Además, este caso se considera emblemático ya que fue el primero de una serie de investigaciones lideradas por la Cicig que dieron a conocer diversas estructuras criminales incrustadas en el Estado de Guatemala.
La próxima semana el tribunal realizará la audiencia de reparación digna donde el Estado de Guatemala pedirá, por medio de la Procuraduría General de la Nación, un resarcimiento.