La instancia de Jefes de Bloque del Congreso acordó para este miércoles, en su segunda lectura, la iniciativa 6073. Es una propuesta de ley que ofrece Q36 mil a los militares en situación de retiro a cambio de trabajos ambientales.
Pero los militares en situación de retiro que están manifestando quieren la aprobación de la 5664, propuesta que les ofrece Q120 mil a cambio de no trabajar, ya que se les reconocería, de manera extemporánea, el trabajo prestado durante el Conflicto Armado Interno.
Varias fuentes consultadas destacan la importancia y el honor que tienen los militares, pero mantienen dudas sobre las bases legales de ese proyecto que se les ofreció y su eventual fuente de financiamiento.
También afirman que aprobar una iniciativa tras una serie de advertencias, que riñen con amenazas, sería un precedente negativo para el Legislativo porque cualquier otro grupo estaría usando la misma intimidación que los veteranos del Ejército para que los diputados les den un sí, señalan las fuentes.
Los militares en situación de retiro han dicho durante sus protestas que candidatos o funcionarios les prometieron la aprobación de iniciativas para ayudarles de manera económica, pero la falta de certeza de esas promesas ha hecho que en más de una ocasión salgan a manifestar.
Los veteranos del Ejército han dicho que el actual presidente Alejandro Giammattei, cuando era candidato, fue una de las personas que les prometió un apoyo económico por sus servicios prestados durante el Conflicto Armado Interno.
No ha sido el único político en hacerles un ofrecimiento de ese tipo, quizá tampoco sea el último, pero todas esas promesas sin cumplir han ocasionado un descontento en estos grupos sociales que han tomado por costumbre manifestaciones sociales que terminan en bloqueos.
Las protestas de los veteranos del Ejército no siempre son pacíficas. Algunos de sus integrantes han agredido físicamente a periodista que documentan las protestas e incluso en 2021 quemaron algunas oficinas del Congreso.
Los militares en situación de retiro están manifestando por la aprobación de la iniciativa 5664, “Ley de compensación económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno”.
La iniciativa se resume a un pago de Q120 mil a cada militar que presto servicio durante el Conflicto Armado Interno. La propuesta ingresó a Dirección Legislativa el 29 de noviembre del 2019.
Los ponentes son Felipe Alejos y Ana Victoria Hernández, el primero de ellos continúa activo en el Palacio Legislativo y la segunda es actualmente diputada para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La 5664 que está generando una serie de protestas por los veteranos militares está por cumplir tres años de ser presentada y ni siquiera cuenta con un dictamen en ninguna de las tres comisiones que la estudia.
Pero no es la única iniciativa que prometió dinero a los militares que impulsa este partido político. La 6073, “Ley Temporal de Desarrollo Integral” les ofrece a los veteranos Q36 mil a cambio de trabajar en proyectos ambientales.
Cualquier iniciativa que ofrezca una compensación económica por actos ocurridos hace décadas puede reñir con la Carta Magna, según el constitucionalista, Gabriel Orellana.
El último párrafo del artículo 155, a criterio de Orellana, explica que no puede hacerse un pago por eventos ocurridos en un conflicto armado, como requieren los veteranos del Ejército.
“Si la frase constitucional no prohíbe un pago literalmente, por lo menos está demostrando que existe un límite de la responsabilidad del Estado, ese límite para el caso nuestro está fundamentado en el transcurso del tiempo y en esta misma norma”, señaló el experto.
Una interpretación diferente a este mismo párrafo la tiene el también constitucionalista Aquiles Fallace, quien ve que los militares si prestaron un servicio, y a su criterio el articulo hace mención a posibles víctimas.
Pero es enfático en destacar que las acciones de estos grupos hasta pueden ser considerados delitos, reconoce el derecho de manifestación y petición pero no la forma en que lo hacen.
“Por la forma de hacer las cosas es que encontramos conflictos con la misma ley porque haciendo esos sus comunicados y bloqueando carreteras, esto se convierte en una extorsión. Si dicen que se quedan hasta que les aprueben la ley es ni más ni menos que la constitución del delito de extorsión”, señaló.
El gran problema de muchas iniciativas de ley que contemplan aportes económicos o una base financiera amplía para ser ejecutadas es que llegan sin una fuente de financiamiento, según Fritz Thomas, doctor en economía.
Escenario del que las promesas de aportes económicos a los veteranos del Ejército no se escapan, “si el Congreso aprueba algo en estas líneas el Estado estaría legalmente en capacidad de hacerlo, ahora financieramente el Gobierno no tiene espacio, no tiene los recursos para hacer eso”, indicó.
Un primer problema con su aprobación serían los recortes económicos a una o varias dependencias de Estado, “los peligros son que cuando surgen esta clase de programas el Gobierno no hace lo que tiene que hacer como con una familia o una empresa; si se hace un gasto fuerte entonces tiene que recortar algo más, ver de dónde lo saca”, destacó Thomas.
Pero ese no es el único riesgo con que esta ley se apruebe, “yo creo que es claro que si el Congreso accediera no lo haría porque crea que existe un deber moral o deuda social, lo harían porque se sienten políticamente intimidados por la capacidad de movilización y protestas”, concluyó.
No se sabe o al menos el Ejército de Guatemala no ha querido dar esa información asegurando que son datos cuya información por procedimiento queda bajo reserva, según el coronel Rubén Téllez, portavoz del Ejército.
Acceder a estos datos solo sería posible mediante un requerimiento puntual de libre acceso a la información, para que el área a cargo evalúe si procede o no el requerimiento.
Aunque sí pudo confirmar que el Ejército ha emitido certificaciones que acreditan la participación de veteranos en las filas militares, “ellos presentan sus pruebas de que él estuvo de alta y se les extiende certificación. A los soldados cuando cumplen su tiempo de servicio se les extiende un diploma por el deber cumplido, esa es la prueba más fehaciente de que alguien ha estado, igual se les da una certificación”.
Esta certificación es clave para la iniciativa 5664, la que promete Q120 mil a cada militar por sus servicios en el Conflicto Armado Interno.
“Ya con eso el servicio de garantía general del Ejército revisa las bases de datos, chequea y les da una certificación”, explicó el portavoz, pero si alguien perdió esos documentos debe de llegar a solicitarlo para que el Ejército coteje en sus bases de datos.
“Se chequea entonces en todas la bases de datos, pero en los 80 no había registro electrónico, esas bases de datos son impresas, tienen que irse de libro en libro y página por página”.