El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocido como la “Convención de Belém do Pará”, mostró preocupación por las condiciones en las que se encuentra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunida (Feci) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, y exige al Estado de Guatemala que se garantice el respeto de sus derechos.
En un comunicado, el Comité, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), “expresa su profunda preocupación frente a la situación de la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala Virginia Laparra”, quien fue acusada por supuesto abuso de autoridad en 2018, luego de que denunciara a un juez por supuestamente haber revelado información sobre una investigación bajo reserva.
De acuerdo con el documento, desde que Laparra fue detenida, el 23 de febrero de 2022, organizaciones de la sociedad civil guatemalteca y organismos internacionales “han denunciado irregularidades durante el proceso penal en su contra, así como las condiciones precarias de su detención que afectan gravemente su salud y su integridad física y psicológica”.
“Estos hechos suponen una grave violación a sus derechos y además compromete la responsabilidad del Estado guatemalteco en virtud de la Convención de Belém do Pará y de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos de las mujeres”, señala el comunicado.
Agrega que, “según las denuncias que ha recibido este Comité de Expertas, el trabajo de la licenciada Laparra como parte de la Feci sería la causa principal de las acusaciones en su contra, lo cual estaría en contravención con los principios de imparcialidad y transparencia, así como debido proceso”.
Asimismo, “se habrían producido manifestaciones directas en contra de la exfiscal que podrían suponer actos de violencia contra ella por el hecho de ser mujer, así como, actos de violencia y discriminación contra sus abogadas defensoras, lo cual además de estar prohibido por la Convención de Belém do Pará, estaría prohibido por el reconocimiento internacional del derecho a defender derechos”, refiere el documento.
El Comité de Expertas recuerda que, “a partir del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.
“Se solicita a las autoridades de Guatemala, cuando menos, tomar las medidas necesarias para evaluar las condiciones de detención de la exfiscal Laparra y garantizar que reciba la atención médica necesaria para atender su salud”, refiere el documento.
Postura del MP
Respecto al pronunciamiento del Comité de Experta, el Ministerio Público (MP) emitió un comunicado, en el que afirma que la denuncia por la cual Laparra fue detenida y procesada no tienen relación con el trabajo que desarrolló en la Feci.
“El caso de la ciudadana Lilian Virgina Laparra Rivas deriva de una denuncia presentada, la cual el Ministerio Público como encargado de la investigación y la persecución penal tiene la obligación de investigar”, señala el MP.
Agrega que “dicha denuncia no tiene ninguna relación con el trabajo que desarrolló en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), como equivocadamente se menciona en el comunicado del Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues deviene de hechos en los cuales se pudo demostrar que abusó de su autoridad de forma continuada, sin estar relacionados estos actos con su condición de mujer”.
La Fiscalía añadió que “En ese sentido, con base las pruebas que el Ministerio Público presentó el juez resolvió dictar sentencia condenatoria, siendo este garante de todos los derechos de las partes, mediante la aplicación de la legislación constitucional y ordinaria, tomando en cuenta el principio de convencionalidad y permitiendo que los involucrados hagan uso de su derecho de defensa, lo cual evidencia el desarrollo de un debido proceso, respetando en todo momento la presunción de inocencia”.
“Es importante mencionar que en todas las fases del proceso se respetaron sus derechos y garantías, mediante una investigación desarrollada con imparcialidad, transparencia y con el debido sustento legal. Así también, en todo momento se garantizó el resguardo de la integridad de Laparra Rivas en cumplimiento de lo que establece el ordenamiento jurídico guatemalteco”, explicó la Fiscalía.