Del 2017 a septiembre último se ha desembolsado Q1 mil 360 millones en el renglón de gasto 93 que registra las operaciones de sentencias que han dictado los diferentes juzgados en casos en los cuales se demanda a la Administración Central.
Los registros indican que hay por lo menos nueve entidades públicas que son recurrentes en estos seis años, y en otros solo registran una operación.
Por ejemplo, el Mineco ha erogado Q299.95 millones, que es el mayor monto, que estaría explicado por el cumplimiento del pago de la demanda internacional con Teco Energy y que tiene a su cargo la Dirección de Administración de Comercio Exterior (Dace) en 2020.
En segundo lugar, por un monto de Q204 millones es el Ministerio de Gobernación (Mingob) y cada año sale en los primeros cinco lugares; en tercer lugar, Secretarías y Otras dependencias por Q159 millones; cuarto lugar, Ministerio de Salud por Q145 millones y quinto lugar por Q102 millones el CIV.
En sexto lugar con Q90.9 millones el Ministerio de Agricultura, le siguen Ministerio de Desarrollo (Mides) Q58 millones, Ministerio de Cultura Q25 millones y Ministerio de Educación Q19 millones.
Solo en lo que va del 2022, el Mingob lleva Q26 millones, Agricultura Q19 millones, Mides Q15 millones, Cultura Q14 millones y Secretarías y Otras dependencias Q11 millones.
Se trata de una millonaria cantidad en la cual el Estado ha realizado compensaciones que ordenan los diferentes juzgados y las resoluciones que se emiten al concluir los juicios, y en las cuales destaca las reinstalaciones del personal que ha sido cesado en sus puestos de trabajo, pero apelan la reinstalación utilizando la vía legal.
Aunque en el renglón del gasto en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas (Minfin) no registra un desglose por las sentencias, las autoridades, han expuesto que alrededor de ocho de cada 10 pagos que se realizan se refieren a sentencias judiciales por reinstalaciones, salarios caídos y otras prestaciones.
El pasado 7 de septiembre en la presentación del proyecto del presupuesto 2023 de Q112 mil 294.8 millones por parte de las autoridades de la cartera del Tesoro a un grupo de analistas en la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), esta fue una de las preocupaciones que expusieron, en la cual los juzgados competentes emiten las sentencias, y que el tema sería abordado en una mesa de alto nivel con el Organismo Judicial.
Pero además de las sentencias laborales, ese rubro de gasto también registra otros juicios en los cuales el Estado pierde los casos, y en los cuales destaca el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Ministerio de Economía (Mineco).
Recuento
Al hacer un balance en promedio cada año el pago de sentencias es de Q226.6 millones en estos últimos seis años, dinero que proviene de los contribuyentes.
Las cifras de Sicoin, indican que en 2017 fueron Q126 millones, 2018 Q173 millones y 2019 Q316 millones, que son periodos antes de la pandemia.
En 2020, ya en pandemia, el monto subió a Q437 millones, y en parte se debe a un cargo que se le realizó al Mineco para cumplir un laudo a la empresa Teco Energy por US$37 millones -unos Q285 millones- en la administración del exministro Antonio Malouf.
En 2021, el monto por sentencias por Q188 millones, y de enero para septiembre van Q118 millones.
Es decir que en lo que va de la administración del presidente Alejandro Giammattei Falla, se han destinado Q743 millones para cumplir el pago de sentencias, según las cifras de Sicoin.
Interpretación
Para Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aunque son sentencias judiciales, al hablar sobre las reinstalaciones en los juicios laborales, hay una tendencia que viene creciendo en la importancia de los pagos que incluyen sueldos caídos, indemnizaciones y el cálculo de otras prestaciones, que al final del día todo es parte en una discusión más amplia de la masa salarial en el sector público y el costo del recurso humano estatal.
Al igual que en la discusión de los pactos colectivos en los cuales se negocian ciertos bonos adicionales a la de ley, en los cuales hay incrementos, tiene un costo económico que va al rubro de la masa salarial.
“Desde el punto de vista presupuestario presiona más el gasto de funcionamiento y la rigidez presupuestaria que son recursos ineludibles, que hay que enfrentar”, apuntó.
De hecho, recordó que hay una sección en la formulación del proyecto del presupuesto, en la cual hay un tratamiento de riesgos fiscales en los cuales se habla de las demandas y juicios, pero que llama la atención en los juicios laborales que no hay un estimado en comparación de otras.
En todo caso, el investigador comentó que las cifras que se presentan en este período de análisis y el pago de las reinstalaciones en el sector público, es la necesidad de modernizar de la Ley del Servicio Civil para ordenarlo tanto de ingresar como salir en la Administración Central, hacer una carrera profesional, y que exista una estabilidad basada en mérito, que son principios para una mejor gestión en el Estado, así como mejorar los servicios que reciben los ciudadanos.
Hay relación contractual
El sindicalista Rigoberto Dueñas expresó que las demandas de reinstalación que promueven los trabajadores del sector público, y otras entidades fuera de la Administración Central, se plantean porque las autoridades nominadoras que puede ser un ministro de Estado, un alcalde, o el jefe inmediato superior del trabajador público lo hace bajo la contratación del renglón presupuestario 029, y los encuentran en la Ley de Contrataciones del Estado.
Sin embargo, al estar contratado bajo este renglón (029), presta sus servicios como si fuera cualquier otro trabajador del renglón 011 o 022 que tiene horario de trabajo, jornada diurna o nocturna, que trabaja con el equipo del Estado (patrono) y tiene un espacio físico, y “ahí se configura una relación contractual de trabajo”, y los funcionarios públicos proceden a simular la relación laboral, y la Corte de Constitucionalidad (CC) ha emitido innumerables fallos en el sentido que es una relación laboral, y que los funcionarios pretenden evadir las obligaciones, como el aguinaldo, bono 14, otorgar vacaciones y contribuir al régimen del IGSS, por lo que los únicos responsables, son los funcionarios, y menos los jueces que entran a conocer los procesos.
“El Derecho laboral es realista y objetivo y por más que se busque la tergiversación la relación el art. 106 constitucional no se puede menoscabar, ni disminuir los derechos de los trabajadores y otras leyes específicos”, precisó Dueñas.
Nomina en Administración Central
- Actualmente laboran en el Organismo Ejecutivo 234 mil 730 personas, lo que equivale a 116% más que en el 2001 y para pagar sus salarios se requieren más de Q30 mil millones anuales (presupuestado).
- De enero del 2001 a mediados del 2022, la contratación de personal en la administración central aumentó 116% y pasó de 122 mil 898 servidores públicos a los 234 mil 730.
- Ocho de cada 10 trabajadores públicos, fueron contratados bajo el renglón presupuestario 011 (personal permanente) y ascienden a 190 mil 935.
- El 12.96% está bajo el renglón 021 personal supernumerario, o sea, el que derecho a prestaciones por el tiempo de labores, pero puede ser desvinculado en cualquier momento con 30 mil 435 empleados.
- En el renglón 031 por jornal hay 11 mil 895 o el 5.06% y finalmente, en el renglón 022 (por contrato) están mil 465 empleados con una participación del 0.62%.
- La mayoría está concentrada en los ministerios de Educación, Salud y Gobernación, que son las carteras más grandes por el número de personal a su cargo y, por consiguiente, las que más asignación presupuestaria tienen anualmente por concepto de sueldos y prestaciones.
- La masa salarial en 21 años ha representado la erogación de Q344 mil 293.40 millones como pago de nómina de la administración Central, y en el recuento hay un crecimiento del 395% incluyendo lo presupuestado para este año.
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