La iniciativa de ley número 6021 que reforma la Ley de Hidrocarburos (Decreto 109-83) y crea otra modalidad de plazos para los contratos de explotación de petróleo, se encuentra engavetada en el Congreso de la República a pesar de lo cual, ha generado posturas encontradas.
Pero entre discusiones y olvido, pasan los meses y es muy poco probable su aprobación durante el resto del año, por lo que no se podrá continuar con la explotación de los campos petroleros que actualmente tiene a su cargo la compañía Perenco, que ya comenzó el proceso de abandono de pozos, pues el contrato número 2-85 vence en agosto del 2025, explicaron ejecutivos de la empresa.
La operación de la compañía en el país representa más del 80% de la producción nacional de petróleo y según los datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el 2022 se produjeron 2 millones 258 mil 439 barriles, de los cuales, 1 millón 949 mil 7 (86%) fueron extraídos por Perenco.
En el 2023 la compañía ya empezó a presentar su programa de cierre de pozos y el primero ocurrió en marzo pasado, el segundo se reportó en abril, para mayo tenían previsto otro y así continuarán en forma sucesiva.
Antes de ello, en agosto del 2022, presentó ante el MEM el plan de restauración ambiental, como parte del proceso de conclusión de sus operaciones.
El total de pozos que entrará al proceso de abandono son 59 de los cuales, 46 aún están todavía en operación (31 productores y 15 inyectores) y 13 están detenidos, se agregó.
Ludovic Malcoste, gerente general de la compañía en Guatemala, indicó que con esos procedimientos están cumpliendo los compromisos contractuales, tomando en cuenta que la opción que permitiría la posibilidad de ampliar el plazo del contrato continúa sin avances en el Legislativo.
Los datos
El contrato 2-85 entró en vigencia en 1985 con un plazo de 25 años, posteriormente cuando se creó Fonpetrol, se estableció que los contratos vigentes se podían ampliar por 15 años más, por lo que nueva fecha de vencimiento es el 12 de agosto del 2025. La compañía Perenco comenzó a operar dicho contrato en el 2001.
La producción acumulada del contrato 2-85 desde la llegada de Perenco, ha sido de 93 millones de barriles de crudo, con una inversión acumulada de Q11 mil 500 millones, según la compañía, y los ingresos acumulados para el Estado por concepto de regalías sumarían Q13 mil millones.
Del total de producción, el 80% se queda en el país: el 55% se usa para asfalto; el 25% para generación de energía; y el 20% se exporta, por lo que considera que también podría verse afectada la oferta de asfalto.
De no aprobarse las reformas legales indicadas, dejarán de operar de acuerdo con lo establecido en el contrato; pero si se lanza otra licitación, la compañía estaría dispuesta a participar, se indicó.
Proyecto y escenarios
En enero de 2022, el gobierno presentó al Congreso de la República la iniciativa de ley 6021 para reformar la Ley de Hidrocarburos, contenida en el decreto 109-83. Entre los cambios propuestos se incluye la creación de la figura denominada Límite Económico, con la que un campo petrolero puede seguir operando, con autorización, mientras los ingresos sean mayores que los costos.
También permitiría que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, aprobara prórrogas continuas hasta de 25 años cada una o hasta que se alcance el límite económico del yacimiento, que es la nueva figura propuesta.
El MEM no respondió a una solicitud de información de Prensa Libre respecto a los vencimiento de contratos, pero el año pasado había indicado que los cambios se propusieron ante la necesidad de seguir fomentando la inversión en extracción petrolera, además de la búsqueda de ingresos por regalías para el Estado.
El Límite Económico mencionado se refiere al punto en que el valor de la producción que se obtiene de un yacimiento es insuficiente para cubrir los costos recuperables para continuar con las operaciones. Según un análisis del MEM con base en dicha figura, que fue adjuntado a la iniciativa, se proyectó el comportamiento hasta el 2045, con una declinación natural de 13.5% de la producción del campo Xan (a cargo de Perenco), con lo que en ese año se llegarían a producir solo 528 barriles de petróleo diarios en promedio, momento en que se estaría dando el límite económico.
La iniciativa ya completó la segunda lectura en diciembre del 2022 pero no se ha logrado su aprobación como decreto en el Pleno del Congreso. En abril pasado fue citada a la Comisión de Energía del Congreso la Asociación Guatemalteca de Empresas Productoras de Hidrocarburos (AGEPH), y explicaron dos escenarios:
Por aparte, el oleoducto que va de La Libertad, Petén, al Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal, dejará de operar en 2024 porque el usuario más grande (que es Perenco) ya no tendría producción. Con ese panorama es muy probable que la industria petrolera en Guatemala se suspenda por un tiempo indefinido por falta de volumen de crudo, se añadió.
El MEM dijo en el 2022 que de no aprobarse las reformas no tienen un plan B para mantener la producción en el país, pero a la fecha no ha convocado a otra licitación para exploración o explotación petrolera.
Fredy Gudiel, presidente de la Asociación, indicó que la iniciativa no está dirigida a la operación de Perenco, sino que traería otros beneficios a la producción del sector.
Entre estos mencionó que permitiría el desarrollo del proyecto de generación de gas de City Petén con 20 megavatios; así como la exploración de gas natural y, en caso de descubrirse, podría generar energía o llevar gas comercial en las casas.
También ayudará a garantizar un suministro de asfalto local producido en la refinería, de 25 millones de galones al año que representan alrededor de 1 mil 500 kilómetros de carreteras de doble carril y no depender de importaciones.
Voz en contra
El año anterior, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se pronunció en contra de las reformas a la Ley de Hidrocarburos. Consultado de nuevo al respecto, el analista Abelardo Medina, dijo que la postura se basa en que al analizar los posibles beneficios, no se puede comprobar el impacto en el nivel de ingresos del Estado.
Las regalías son del 1%, lo que se considera un porcentaje muy bajo, aparte de no hay certeza de que realmente el Estado se haya beneficiado porque no se ha podido demostrar que realmente hayan ingresado los recursos que se mencionan.
Esto, porque no se han brindado datos reales sobre cuánto ha explotado la empresa, sus ingresos ni el margen de ganancias ha tenido, como para comparar si el Estado tuvo beneficios adecuados o no, añadió.