La pérdida del poder adquisitivo del quetzal debido a una inflación que cerró en 9.24% anual fue un fenómeno que afectó la estabilidad macroeconómica del país durante el 2022, a pesar de que se aprobaron y ejecutaron diversos programas de apoyo o subsidios, para paliar sus efectos en la economía empresarial y familiar.
Por lo tanto, el 2022 será recordado como uno de los años en que el nivel general de precios aumentó con creces, pues a pesar de que buena parte del origen del encarecimiento de productos y servicios fue externo a consecuencia de la crisis económica internacional, los hogares guatemaltecos experimentaron un sustancial incremento en los precios de los principales bienes y servicios, mientras que las empresas tuvieron que asumir aumentos en sus costos de materias primas e insumos. Por lo tanto, se puede considerar que la inflación registrada se debió a una falla sistémica.
Ello incidió en que a pesar de que el país cuenta con una trayectoria de manejo macroeconómico prudente, en el 2022, la inflación importada generó un desequilibrio que obligó a tomar medidas de tipo monetario y fiscal, considerado tardío por varios especialistas, quienes también han criticado otros hechos que marcaron el acontecer económico del país, como los siguientes:
Precios y subsidios
Las cifras oficiales indican que se destinaron unos Q3 mil 347 millones para financiar los llamados programas de apoyo temporal, pues los importadores de diésel, gasolinas regular y super recibieron Q2 mil 339.6 millones; los de gas propano, Q419 millones; y se autorizaron aportes a la tarifa social de energía eléctrica por Q587.5 millones.
Esto, a pesar de que en Guatemala no existe una política pública de subsidios y los fuertes desembolsos para abordar la coyuntura de precios de los combustibles no se basó en una política económica actualizada.
Es decir, se trató de abordar la problemática por medio de los subsidios para mantener la estabilidad y gobernanza, principalmente en el interior del país, pero una crítica es que no se registró una huella o ruta del dinero de los subsidios, para determinar y medir si la población más necesitada se benefició con esas medidas o si fueron favorecidos los segmentos poblacionales con ingresos altos y medios, con capacidad de compra de vehículos.
Ampliaciones y ejecución
El Estado gastó el año pasado Q108 mil 585 millones, lo que equivale a una ejecución de 96.14% de un presupuesto total de Q112 mil 939 millones, que fue mayor en Q6 mil 710 millones respecto a lo aprobado por el Congreso en el 2021, como resultado de varias ampliaciones y modificaciones sobre los Q106 mil 229 millones iniciales.
El incremento más significativo tuvo como destino el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q4 mil 631 millones, incluidos Q3 mil 239 millones aprobados por medio de la “Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica”.
No obstante, según las cifras del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), tuvo un gasto de Q8 mil 983 millones, para una ejecución del 89.53% que es una de las más bajas, sobre un presupuesto de Q10 mil 34 millones.
Pero, además, la infraestructura vial se encuentra en estado deplorable casi en su totalidad, lo que aparte de perjudicar a la ciudadanía en general, afecta al sector de transporte de carga y pasajeros.
Ello se explica en el hecho de que, como ocurre cada año, el 70% de los recursos aprobados para el Estado (más de Q75 mil millones) se destinaron a funcionamiento, que incluye salarios, insumos, compra de equipo y enseres; mientras que a inversión se asignaron Q18 mil millones (16%); y para pago de deuda pública, Q15 mil millones (13%).
Mientras tanto, para el último año de gestión del presidente Alejandro Giammattei, el Congreso aprobó un plan de gasto por Q115 mil 443 millones.
Remesas y migración
Desde hace muchos años, las remesas familiares se han convertido en un motor de la economía nacional por el lado del consumo, lo que el gobierno y las autoridades económicas exponen como un logro macroeconómico.
Sin embargo, poco se dice sobre el hecho de que esos recursos provienen del trabajo de millones de connacionales que han tenido que emigrar de manera irregular en busca del bienestar económico que no encuentran en su país.
Es así como el año anterior, Guatemala captó US$18 mil 40 millones (unos Q140 mil millones) por este concepto, dinero que en su mayoría se destina al consumo familiar y dinamiza actividades productivas como el comercio, la agricultura y la construcción.
Pero como contraparte, en varias regiones del país ya no hay suficientes jóvenes disponibles para labores de campo, lo que comienza a perjudicar a la economía local. El estudio de movilidad de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes que elaboró Worl Vision recientemente, señala que el peso dominante de la migración recae en el factor económico.
El 27% de los entrevistados dijo que la principal razón para salir del país fue la pérdida de ingresos; otro 20.1%, para obtener más dinero y ayudar a su familia; el 15.4% respondió que ganaba muy poco al mes; y otro 12.9% dijo que migraba para pagar deudas contraídas.
Inversión extranjera: ¿Real o prometida?
Durante gran parte del año pasado, el gobierno afirmó que estaba ingresando un fuerte flujo de inversión extranjera directa (IED) y por ejemplo, en una presentación realizada en noviembre, el Ministerio de Economía (Mineco) informó que el monto recibido ya sumaba US$1 mil 691 millones, lo que sobrepasaba la meta de US$1 mil 500 millones.
No obstante, las cifras que maneja el Banco de Guatemala (Banguat), indican que hasta septiembre del 2022 el flujo por IED era de US$801.7 millones, y que Colombia ya se convirtió en el principal origen de esas inversiones.
Y el informe de evaluación de la política monetaria, cambiaria y crediticia a noviembre, indicaba que este indicador cerraría en unos US$1 mil 200 millones, lo que significaría una desaceleración respecto al 2021, cuando el monto ascendió a US$3 mil 470 millones.
Crecimiento, aunque insuficiente
La economía guatemalteca cerró en 2022 con un crecimiento del 4% (lo que está pendiente de confirmación), lo que a pesar de significar una desaceleración en comparación con el 2021, es un resultado positivo si se observa que la mayoría de los países de la región creció menos que esa cifra o reportó un decrecimiento.
Sin embargo, el indicador sigue siendo insuficiente para incidir de alguna manera en la solución de los problemas del país. Según los especialistas, en 2021 fue un año de recuperación acelerada como “efecto rebote” tras un decrecimiento en el 2020, pero lo ideal es que la actividad económica crezca en un porcentaje superior a la inflación y el crecimiento demográfico del país, lo que, en este caso, implicaría más de 12% anual.