Unas 106 mil extorsiones se han registrado en los últimos 11 años; son muchas las víctimas de este delito. Solo entre 2015 y 2019, las denuncias de extorsión casi se triplicaron, pasando de 5,400 a 15,500 anuales. En el 2021 se registraron nuevamente 13,500 denuncias. En lo que va del año se contabilizan ya diez mil entre enero y agosto, lo cual corresponde a un aumento del 10% respecto del 2021 en este mismo período. Y estas cifras son solo parte de la realidad del fenómeno extorsivo, ya que, según la Encuesta de Victimización del 2018, solo un tercio de las víctimas denunciaron el delito, por lo que la incidencia delictiva es mucho mayor.
Es importante conocer que el fenómeno criminal de las extorsiones ha ido evolucionando conforme el tiempo. Mientras a inicios del siglo XXI las pandillas cobraban una “renta” en los lugares en donde operaban, entre 2006 y 2011 se fortalecieron y sus clicas empezaron a tener mayor presencia y control territorial. La “renta” se convirtió en una extorsión sistemática. Conforme las autoridades lograron investigar y condenar a los pandilleros, estos ingresaron a los centros carcelarios, desde los cuales seguían extorsionando. En consecuencia, surgieron los “imitadores”, que son personas ajenas a las pandillas que cumplen penas en prisión y se hacen pasar por pandilleros para hacer cobros extorsivos, llegando al extremo de que, según registros policiales, actualmente el 80% de las extorsiones se le atribuye a este tipo de delincuentes. Ellos cuentan con una estructura pequeña, involucrando a amigos, familiares y compañeros de prisión, y seleccionan a sus víctimas al azar, contactándolas a través de llamadas o mensajes telefónicos desde las cárceles. Por lo tanto, la extorsión suele ser casual.
Los operativos contra las extorsiones iniciaron en el 2008. Posterior a ello, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) modificaron sus estructuras para hacer frente al delito de extorsión. En la PNC se designó un equipo de investigadores para especializarse en temas de pandillas y sus delitos, unidad que ha crecido constantemente y que a la fecha cuenta con 13 sedes en todo el país, así como con investigadores altamente especializados en los diferentes tipos de extorsiones. En el MP se creó la Fiscalía de Sección contra las Extorsiones en 2015, la cual también se ha expandido a los departamentos y trabaja en coordinación con la PNC. Como respuesta a la evolución del delito, se han creado distintas agencias fiscales especializadas en atender denuncias de casos de imitadores, de estructuras organizadas o de casos en flagrancia, ya que tanto la base legal como el modus operandi y la estrategia de investigación son diferentes para cada tipo. Esa coordinación interinstitucional y especialización del personal es un avance muy importante en el combate de las extorsiones. Además, en el 2020 se creó el Juzgado y Tribunal contra las Extorsiones, para atender casos de extorsiones cometidas en el departamento de Guatemala, con excepción de Villa Nueva, Mixco y Amatitlán. En el 2021, el Organismo Judicial conoció 3,500 casos relacionados con el delito de extorsión.
Mientras las instituciones del sector justicia han ampliado las capacidades y especializado su personal para hacerle frente a las extorsiones, el Sistema Penitenciario, desde donde se origina el 90% de las llamadas extorsivas, según la fiscalía, no ha logrado tomar medidas efectivas y se ha convertido en el problema medular. Entre la sobrepoblación, el descontrol interno y la corrupción, las llamadas de reos salen a diario y cobran nuevas víctimas de extorsión. Por lo mismo, urge mejorar el control en las cárceles en el inmediato plazo, implementando una estrategia de reclusión especial para pandilleros e imitadores que continúan extorsionando. Ello también implica reformar los controles de ingreso, para evitar que entren celulares a las prisiones y lograr un bloqueo efectivo de la señal de telefonía, acciones pendientes desde hace muchos años.