La ausencia del Estado de Guatemala en materia de Justicia, educación y salud mantienen “invisibles” y “sin derechos” a miles de niñas y adolescentes que cada año son víctimas de abuso y violencia sexual en el país centroamericano.
Así lo afirma Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), en una entrevista con Efe sobre la situación que viven las mujeres en Guatemala.
“Si hablamos de niñas víctimas de violencia sexual, están invisibles, desprotegidas, sin esperanza y sin derechos“, explicó Montenegro, doctora especializada en salud pública y reproductiva, además dirigente de la organización no gubernamental desde 2008.
Dicho observatorio, integrado principalmente por facultades médicas universitarias y mujeres salubristas, visibiliza periódicamente el aumento de nacimientos registrados en niñas y adolescentes de 10 a 19 años en todo el territorio guatemalteco.
Durante los primeros ocho meses de 2022, la organización ha registrado 1 mil 448 nacimientos de embarazos de niñas menores de 14 años violadas en Guatemala, es decir casi cinco diarios.
Según el análisis de la doctora Montenegro, de esas 1 mil 448 niñas abusadas, solo en el 3 % de estos casos el abusador será procesado, pero sin certeza de una sentencia condenatoria.
“El problema es que en Guatemala hemos avanzado en el tema de la denuncia, pero no en la Justicia, porque el 97 % de las denuncias en el marco de violencia sexual se queda en la impunidad“, explicó Montenegro.
La doctora ejemplifica el atraso en Justicia con el caso de “Angelina”, una niña indígena que dio a luz gemelos producto de una violación en 2019 y el Organismo Judicial de Guatemala programó el juicio contra el abusador para agosto del 2025, seis años después de los hechos.
En las áreas rurales
La mayoría de los casos de niñas y adolescentes embarazadas se concentran en zonas rurales de Guatemala, como en Alta Verapaz, donde 5 mil 337 menores de 19 años se convirtieron en madres durante 2022, según el observatorio.
En dicha región, muchas niñas son violadas por sus familiares directos o por los dirigentes de las fincas donde están asentadas las comunidades mayas q’eqchi’ a las que pertenecen, según reveló el trabajo de campo realizado por la doctora Montenegro.
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“Alta Verapaz parece un sistema de señores feudales y esclavos. Muchas familias viven en fincas y los capataces piensan que las niñas son parte de su posesión. Hemos encontrado casas donde hay dos o tres niñas víctimas de violencia sexual que además están cargando con un bebé”, resaltó la experta.
Los efectos de la violación y la maternidad forzada pueden llegar a destruir los proyectos de vida de las víctimas al grado de considerar el suicidio, advierte la experta.
“En la vida de las niñas afecta totalmente, hasta llegar al intento de suicidio. En 2020 tuvimos cinco suicidios de adolescentes menores de 19 años embarazadas“, explicó la salubrista.
Escasa inversión en educación y salud
En 2021, los Ministerios de Educación y Salud de Guatemala firmaron la carta “prevenir con educación”, que los compromete a garantizar que en escuelas y centros de salud exista personal capacitado en educación integral en sexualidad y prevención de violencias.
Sin embargo, en febrero de este año, diputados oficialistas impulsaron una iniciativa de ley que intentaba prohibir la educación sexual en las escuelas del país centroamericano.
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A criterio de la doctora Montenegro, la agenda política de los congresistas guatemaltecos representa un “retroceso en derechos humanos”.
Además, la salubrista advierte que el presupuesto público que el Gobierno de Guatemala, presidido por Alejandro Giammattei, busca aprobar para el 2023 impactará negativamente en proyectos de salud preventiva.
“El presupuesto para 2023 reducirá Q4 millones (US$500 mil) del programa de vacunación contra el virus del papiloma humano que es para prevenir el cáncer de cérvix. El nuevo presupuesto no alcanzará para vacunar a las niñas de entre 10 y 14 años” advierte la doctora Montenegro.
Agregado a ese contexto, en la actualidad el único apoyo económico estatal destinado para niñas víctimas de violencia sexual es el “programa vida”, un bono de Q1 mil 500 anuales (US$190), administrado por el Ministerio de Desarrollo Social.
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“En Guatemala hemos avanzado en el registro de víctimas, pero nos falta mucho para garantizar los derechos de las niñas y reconocer la violencia sexual como una emergencia médica”, concluyó Montenegro.