La primera vuelta de las elecciones del año entrante será el 25 de junio, dentro de nueve meses, y la segunda, el 27 de agosto. Son 271 días, pero en realidad la cifra es mucho menor porque el inicio de la campaña será el 20 de enero, dentro de 107 días. Es muy poco tiempo para sugerir cambios razonables y razonados a la actual y parchada Ley Electoral. El riesgo aumenta por la segura participación de los actuales diputados oficialistas y sus achichincles, con el efecto de un garantizado retroceso en el deseo de participación, y este, del altísimo riesgo de manipulación y fraude, imposible de negar por las acciones del régimen giammatteista.
Los cambios a la Ley Electoral no tienen posibilidad de llegar a buen puerto si se hacen a rajatablas, con funcionarios obedientes al oficialismo y dispuestos a quedar bien y luego participar en la generalizada piñata con el dinero estatal. Debe ser producto de sugerencias canalizadas por la discusión calmada de personas integrantes de los sectores sociales, pero hablando en lo personal, electas por las instituciones no gubernativas o en los gremios. Se necesita tener una lista previa de temas, también escogidos a lo interno de todas las entidades, con la idea de lograr verdadera representatividad. La legitimidad de esas sugerencias será efecto directo del buen nombre de los escogidos, única forma de convencer a más hombres y mujeres para participar.
De estas sugerencias deben ser excluidos los políticos ya conocidos. Al escucharlos se pierde el tiempo, y sus intereses también ya han probado ser nefastos para el país. Separarlos no es discriminatorio, sino un castigo social para quienes se han beneficiado de los errores de la actual ley y es la única manera de lograr la indispensable credibilidad. Es necesario también un borrón y cuenta nueva de las actuales organizaciones politiqueras autocalificadas de “partidos”. Los abusos desde el primer gobierno regido con la actual Constitución y ahora llevados al extremo del absurdo, el descaro y el pillaje, obligan a empezar de cero y a cambiar el significado de términos relacionados con la democracia para evitar el afianzamiento de la dolorosa realidad nacional.
En la actualidad la creciente ausencia de interés por participar electoralmente en los sectores jóvenes del país, se deriva de varios factores de urgente eliminación. Entre ellos, 1. El enriquecimiento descarado de casi la totalidad de funcionarios públicos, de cualquier nivel. 2. La multiplicidad de “partidos” de victoria imposible. 3. La participación de tantos ilusos o malintencionados ciudadanos autonombrados líderes del país al encabezar esos grupúsculos politiqueros, fomentados por un Tribunal Supremo Electoral obediente a la orden de facilitar la victoria oficialista por medio de dividir el voto no gobiernista, al menos en teoría. 4. El hastío popular ya mencionado y su desinterés por informarse se debe a los abusos, y especialmente a la corrupción.
Estas nuevas condiciones para lograr cambios de fondo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos tiene en los primeros seis meses del próximo gobierno su mejor posibilidad. Habrá tiempo y lugar para entregar sugerencias, pero estas no deben representar a los “partidos” ni los diputados actuales, sino por integrantes a título personal de los diversos sectores. Se necesita una especie de consejo de notables, representativos de los grupos socio-etarios y con una proporción un poco mayor entre quienes superan los 50 años, para aplicar la experiencia de vida. El tema necesita mucha explicación y estudio pero el mensaje inicial es simple: a) sin cambios fundamentales, no hay una verdadera democracia, y b) quienes se burlaron perdieron su derecho.