Para este ejercicio se giró una invitación a los presidenciables para responder un mismo cuestionario, centrado en aspectos de interés nacional como seguridad alimentaria, educación, salud pública, generación de empleo, combate a la corrupción y seguridad ciudadana.
Las publicaciones se sujetan al orden de intención de voto que mostró la encuesta del 2 de mayo y por ello, ante la suspensión de la candidatura de Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, la primera entrevistada es Sandra Torres, segundo lugar en dicho estudio.
Este será el orden en que se publicarán las entrevistas: Torres, de la UNE; Edmond Mulet, de Cabal; Manuel Conde, de Vamos, y como Pineda queda fuera de contienda, se incluye al sexto lugar de la encuesta: Amílcar Rivera, de Victoria.
Zury Ríos, presidenciable Valor-Unionista, no ha aceptado ser entrevistada y antes de los fallos judiciales, Pineda ya había desistido de participar en estas conversaciones.
¿Conoce los índices de desnutrición actuales del país? ¿Cuál cree que es el mayor problema para no frenar esta condición?
En el país carecemos de información precisa, sería especular hablar de porcentajes y muchas veces la información de salud o la secretaría de Seguridad Alimentaria no refleja la realidad del país.Sabemos que tenemos altos índices de desnutrición crónica y aguda. La desnutrición aguda afecta fundamentalmente a niños entre los 0 y 3 años. La desnutrición crónica afecta a los menores que llegan a los 12 años y afectan su crecimiento.
¿Su plan de gobierno por qué sí tendrá éxito en reducir la desnutrición?
Primero porque ya hay experiencia construida, segundo porque se ha hecho todo un estudio para fortalecer, no solo la secretaría de Seguridad Alimentaria, sino los programas del ministerio de Agricultura, con los que se ha logrado mucho en los últimos años, principalmente en lugares afectados por las tormentas y la pandemia. Hay programas de dotación de alimentos en comunidades que han sido afectadas y que pasan por una depresión en términos de su capacidad productiva, también está el seguro agrícola y otros beneficios. La dotación de alimentos es importante y no son dotaciones de alimentos poco consideradas, son 97 libras de alimentos que se dan por familia en esas áreas, con esa dotación la gente tiene alimento para un mes.
¿Se han trazado una meta de reducción de la desnutrición en los cuatro años de gobierno?
Queremos reducir en un 8 o 10 por ciento la desnutrición en los próximos cuatro años tanto en menores como adultos. Los hospitales nacionales están abriendo nuevas salas para enfermos por desnutrición, nosotros proyectamos trabajar en el incremento de los comedores sociales que se han triplicado en el país por medio del ministerio de Desarrollo Social, son una realidad, sirven comida higiénica, caliente y nutritiva a miles de guatemaltecos en varios municipios, creemos que triplicar los comedores ha sido una solución para disminuir la desnutrición en adultos, y la alimentación escolar ha sido una forma estratégica de resolver los temas de desnutrición en los menores y jóvenes porque ahora se otorga en los institutos.
¿Cómo alejar los programas sociales del clientelismo?
En el actual gobierno hemos tomado buenos ejemplos, primero los programas sociales son canalizados por los alcaldes, se ha hecho una visión municipalista muy correcta, el trabajo de los programas sociales les quitó el riesgo del clientelismo por lo menos desde el ejercicio del poder político del partido oficial. En la medida que hay un auditaje social, la gente ya sabe que si lo agarra para aprovechamiento político será castigado, yo creo mucho en la auditoría social que hace la gente.
En el tema de salud pública, qué se necesita más: ¿más sueldo para los actuales empleados o más empleados para ampliar la cobertura?
Ambas cosas, estamos en un proceso de transición para que el personal que trabaja por contrato se adhiera al renglón 011 porque es un contrato permanente, 43 mil trabajadores de salud pública aspiran llegar a ese proceso. Me he reunido con salubristas y se calcula que este año entre 9 y 10 mil trabajadores del ministerio de Salud pasarán al renglón 011. Es necesaria una evaluación del desempeño y capacidades para ver si están capacitados para ocupar los cargos, necesitamos tener más cobertura, y eso lo lograremos con más personal médico.
El precio de la medicina es un tema que siempre sale en las críticas al sistema. ¿Se puede bajar el precio de las medicinas y/o regular ese mercado para homologarlo a las
condiciones de México y Centroamérica?
Tenemos oportunidad de rebajar el precio de las medicinas porque varias empresas que producen medicinas genéricas tienen interés de instalarse en Guatemala. Una forma de bajar esos costos es producir y ampliar la industria farmacéutica por medio de la inversión extranjera o de empresarios guatemaltecos que quieren ampliar su producción. Tenemos que ver que no sean solo ciertas marcas para que hayan mejores precios, si seguimos viendo el monopolio no se ampliará la oferta.
Es cíclica la noticia de corrupción en la red hospitalaria. ¿Cómo garantizar que se acabará?
Tiene que haber un nivel de responsabilidad, desde el director hasta el conserje, tenemos trasiego hormiga de medicinas que salen de los hospitales para que sean vendidas en los locales que están enfrente de los hospitales y allí venden la medicina, se deben manejar mejor los inventarios. Usar la tecnología para llevar los registros y que la dotación de medicamentos sea controlada cuando se entrega en los hospitales regionales.
La cobertura educativa se ha detenido o retrocedido en algunos indicadores, mientras la calidad está prácticamente ausente. ¿Cuál es el plan para fortalecer la educación pública y garantizar la gratuidad?
No creo que se haya retrocedido en cobertura, el crecimiento poblacional demanda más cobertura. Para tener mejor cobertura educativa se necesita más personal, planteles educativos más grandes, hay edificios donde funcionan las jornadas matutina, vespertina y nocturna, hay que ampliar la red educativa. Hay que aproximar más la escuela a la comunidad, eso demanda más personal pero el Estado tiene los recursos. Hay una situación compleja en el magisterio y es porque los grupos sindicales tienen mucho control, falta una buena interlocución y entender que no solo pueden tener privilegios los que pertenecen a un sindicato. Proponemos que haya descentralización en las decisiones educativas, que la decisión de enviar o no pupitres a una escuela no sea solo decisión de alguien que está sentado en la avenida la Reforma sin conocer las escuelas de las comunidades.
Ahora mismo se destinan miles de millones de quetzales en proyectos de alimentación y seguro escolar. ¿Cómo ve estos proyectos? ¿los mantendría durante su gestión?
En este momento no puedo decir si los mantengo o los suprimo, todo tiene que ser a partir de una evaluación de resultados y no debemos temerle a las evaluaciones, si lo que se hizo no da resultados se deben corregir los errores.
El presupuesto de Educación está comprometido en un porcentaje significativo en pago de salarios y las negociaciones con el sindicato de Joviel Acevedo siempre son opacas y sin beneficios para los estudiantes. ¿Cuál será la relación que tendrá con el gremio magisterial, con Joviel Acevedo?
Será la mejor relación, primero porque soy hijo de una maestra, segundo porque he sido maestro y tercero porque sigo considerando que no hay mayor privilegio para un ser humano que compartir sus conocimientos con otro que no los tiene, será la mejor relación como lo será con otros ministerios del gobierno, soy un hombre de diálogo, de consensos y que toma decisiones, mí sí es sí y mi no es no. Mi relación con el magisterio espero que sea la mejor.
En temas económicos. ¿Cómo se conseguirá aumentar la oferta laboral con condiciones de trabajo dignas y competitivas?
Solo lo logramos por medio de la atracción de inversión nacional e internacional. Para ello yo visualizo tres formas, uno, que los que ya tienen trabajadores puedan crecer para dar más empleo, segundo, que los que aún no tienen trabajadores puedan crecer para ofrecer esos trabajos y tercero, que vengan a invertir en el país. Hoy tenemos una gran ventaja y es lo que han hecho las certificadores de riesgo más importante de américa, ellos han dicho que Guatemala es un país seguro para la inversión, nos elevaron dos categorías de donde estábamos, solo Costa Rica estuvo en esa posición hace unos años y la perdió, Guatemala es un país apto para inversiones. Eso nos augura un futuro promisorio en términos de inversiones y presencia de nuevas empresas en el país.
¿La carga tributaria es la adecuada?
Estoy convencido que sí, estoy convencido que lo que se ha hecho es una importante recaudación, que es producto de un buen trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero es aún más importante el aporte que hace el que paga impuestos. Guatemala no necesita una reforma tributaria, es más, cualquier reforma tributaria que hagamos será para suprimir impuestos, hay que unificar otros, pero no veo la necesidad de crear otros.
¿Cómo garantizar certeza jurídica a potenciales inversores, con Cortes sin renovar y muchos funcionarios públicos sancionados por corrupción por Estados Unidos?
La garantía es no más impuestos, cualquier revisión en materia tributaria será para suprimir algunos impuestos que son inoperantes, hay que revisar porque otros fueron creados temporalmente y que se quedaron de forma permanente, creo que tenemos que ampliar la base de recaudación y buscar mecanismos fáciles como la factura electrónica, debe haber facilitación en la exportación e importación. El tema de la corrupción no afecta, si hay funcionarios sancionados por Estados Unidos que bueno y ojalá se los lleven, es un buen ejemplo de que el funcionario que se involucre en hechos de corrupción será sancionado y si sus actos tienen vínculos fuera del país y se solicita su extradición es lo mejor.
No hemos electo a la Corte Suprema de Justicia, pero sí renovamos la Corte de Constitucionalidad y los magistrados de la corte anterior eran los que ahuyentaban la inversión porque con la sobrecarga ideológica que tuvo, sus resoluciones eran ágiles y respondían a la visión ideológica de una magistrada, que era la que gobernaba en esa corte, esa renovación fue correcta, así como la reelección de la fiscal general, la renovación de la CSJ no afecta la inversión.
En seguridad, ¿cuál es su diagnóstico del país y cuáles son los tres principales problemas?
Requerimos una PNC que tenga más presencia, más cobertura, eso debe acompañarse con mecanismos de construcción de confianza, la PNC no debe dar desconfianza, yo creo que uno de los retos no solo es formar y profesionalizar, sino también crear confianza, debe ser una PNC cercana al pueblo y frontal contra el crimen. Se deben especializar en seguridad rural porque es otra forma de seguridad, tiene que tener formación para enfrentar casos de violencia intrafamiliar.
¿Es la pena de muerte una solución sostenible para controlar la seguridad?
Para ciertos casos sí, veo que además de ser una acción disuasiva, es una acción de castigo ejemplar, qué castigo merece aquel que viola a una niña de dos años y la entierra en un barranco o el que secuestró y mató a la víctima, tenemos que generar penas ejemplares y capitales que la Constitución establece, claro, hay un camino que recorrer, hay que devolverle el indulto al presidente y tipificar los delitos que son condenados con la pena mayor y ver el tema del pacto de San José.
El papel del Ejército en temas de seguridad ciudadana: ¿debe ser mayor al actual, menor o ninguno?
De acuerdo al mandato constitucional además de la defensa, tiene dentro de sus funciones la seguridad interior. En los últimos 25 años ha tomado posición de refuerzo a la acción policial, si en un momento la capacidad de la PNC es superada actúa el ejército. Los ejércitos deben tener multimisión y como parte de esto deben apoyar las tareas de seguridad ciudadana, con funciones especializadas para apoyo en seguridad. Tienen mucho que hacer y meme Conde se apoya en gran medida en el ejército para retomar la paz.
¿Cómo ponerle fin al descontrol del sistema carcelario? ¿Las mega cárceles de extrema seguridad son la solución?
Tenemos que tener tres acciones, la primera, reingeniería del Sistema Penitenciario, no podemos seguir con una dirección general, deberíamos de tener una institución nacional del Sistema Penitenciario en la que se involucre el Organismo Judicial, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados, donde la decisión no sea de un director porque el solo manda para cosas que no resuelven, atrasa los procesos y se vuelve en un foco de corrupción. Se debe separar a los privados de libertad por áreas, los que cumplen sentencia, los que no han sido sentenciados y los que aún están pendientes de ser escuchados por un juez.
¿Cree en la rehabilitación de los privados de libertad?
Totalmente, debe haber un centro de rehabilitación de readaptación que cuente con psicólogos para evaluar a las personas que cumplen una sentencia. Tiene que haber oportunidad para quienes delinquieron y quieren reincorporarse a la sociedad, pero debe haber una división entre los reos, no es correcto exponer a una persona que llega por una situación involuntaria y ponerlo junto con las maras o miembros del crimen organizado. México es un referente para ver qué ha hecho en las cárceles.
A la Policía Nacional Civil ¿tienen un plan para darle más fuerza, más recursos, más incidencia?
Una cosa básica es la dignificación, esa dignificación va de la mano en la medida que se tenga salario mínimo, seguro de vida, seguro médico familiar, que tenga opción de vivienda cerca de la comisaría donde está asignado, que no le toque vivir en un barrio donde vive el marero porque corre peligro él y su familia, lo ideal es tener áreas de vivienda cerca de las comisarías, un ejemplo de eso son las colonias militares. Un elemento policial que tenga esas condiciones no va arriesgar su trabajo cometiendo errores, muchas veces los jóvenes que se gradúan salen con los mejores propósitos pero los jefes los fuerzan y por eso los altos mandos también deben ser evaluados.
En la administración del Ejecutivo, la corrupción es un problema. ¿Cómo se puede acabar con la corrupción?
Con el ejemplo se puede acabar, no se puede ejercer la autoridad formal sin autoridad moral, si usted tiene autoridad moral lo van a respetar y podrá corregir las fallas. El universo administrativo del gobierno es muy amplio y no puede responder un ministro y mucho menos un presidente por lo que hace un empleado del Ministerio de Agricultura que se roba las semillas, pero si tiene que haber mecanismo de control que generen nexos de responsabilidad, porque aquel que se roba la semilla es un subalterno de alguien y cuando alguien comete un abuso el jefe es responsable. Esas cadenas de responsabilidad deben fortalecerse. Tengo el compromiso moral de ser padre, funcionario y presidente que no avergüence a su pueblo.
¿Contempla una instancia nueva para fiscalizar la administración pública, apoya la actual. La Comisión Presidencial contra la Corrupción o el MP y su fiscalía son suficientes?
Las instituciones hay que mantenerlas, algunas requieren reingeniería. La Comisión Presidencial Contra la Corrupción debe funcionar, deberíamos de tener a la mejor gente, la debemos equipar, debemos darle personal técnico, y debe ser una oficina muy visible para que cumpla su función. Esta Comisión fue la que puso la denuncia por corrupción en el hospital de Chimaltenango, se dijo muy poco que la denuncia la hizo esta comisión y que fueron investigados todos los involucrados en estas compras, esos son los hechos que debemos fortalecer
¿Las penas por delitos de corrupción son actualmente proporcionales o se merece una revisión?
Deben ser revisadas, diría que deben ser categorizadas en la medida del rango que tenga el funcionario, a mayor rango, mayor responsabilidad y sanción. Tiene que haber un agravamiento de la pena en la medida que hay mayor responsabilidad en el cargo, no se trata igual a un conserje que se roba tres escobas que a un director financiero que desvía Q18 millones.