Después de 62 meses, el caso Odebrecht toma un nuevo giro legal, lo que implica cambios en el proceso, entre estos la representación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), se revierten los beneficios a exdirectivos de la constructora y abre la posibilidad de solicitar nuevos arrestos, inspecciones de allanamiento y recabar nueva evidencia.
El nuevo fallo fue dictado por Luis Fernando Archila Lima, juez de Mayor Riesgo D, que deja sin materia legal la audiencia desarrollada el 8 de septiembre de 2017 en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval y la fiscal Eva Siomara Sosa.
El Ministerio Público (MP) informó ayer, a través de un comunicado, que, “en aras de garantizar el principio de inmediación, ha señalado audiencia de primera declaración de los sindicados Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado para el 1 de febrero de 2023 a las 9 horas, bajo apercibimiento que los sindicados deberán comparecer personalmente a dicha audiencia”.
El fiscal Rafael Curruchiche insistió en un mensaje grabado difundido por el MP en que “no se escatimarán esfuerzos para garantizar el esclarecimiento de la verdad, y que todas las personas que resulten responsables enfrenten todo el peso de la ley”.
Alcances del caso
El 22 de julio de 2019, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por Yassmin Barrios, dictó sentencia condenatoria contra tres personas a quienes se vinculaba con Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, en un proceso penal denominado Construcción y Corrupción, señalados de haber recibido sobornos de Odebrecht.
En esa ocasión fue declarado culpable Juan Ignacio Florido, supuesto colaborador de Sinibaldi, señalado de lavado de dinero u otros activos. Recibió un castigo de seis años de prisión y una multa de US$9 millones 30 mil.
También fue condenado Juan Manuel Molina Coronado, abogado del exministro Sinibaldi y señalado de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Se le impusieron 14 años de cárcel y una multa de US$1 millón 200 mil.
Catorce años de cárcel más una multa de US$346 mil se dictaron contra Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, señalado de ser colaborador de Baldizón.
En el caso Construcción y Corrupción, el MP señaló que una estructura criminal liderada por el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi supuestamente gestionaba cobros ilegales a cambio de efectuar los desembolsos a las entidades contratistas.
En la carpeta judicial se detalla que los cobros consistían en porcentajes que oscilaban entre el 5 y 15 por ciento. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Odebrecht, S. A.
¿Quién dirige la PGN?
Con esta resolución, el camino se abre para que la PGN pueda intervenir y solicitar un resarcimiento al Estado. El papel del procurador general de la Nación, por lo tanto, cobra relevancia.
El actual procurador general de la Nación es Wuelmer Ubener Gómez González, nombrado por el presidente Alejandro Giammattei el pasado 22 de mayo, para un período de cuatro años.
Según consta en un documento de la Secretaría General de la Presidencia, Gómez González trabajó como asesor de la desaparecida Comisión Presidencial Centro de Gobierno, en 2020.
Cambios por la resolución
Lo dictaminado por el Juzgado de Mayor Riesgo D podría cambiar el rumbo de un proceso, beneficiar a algunos e implicar a otras personas.
Entre las modificaciones está la representación de la PGN, lo que le permitirá solicitar el resarcimiento por los daños ocasionados por los supuestos sobornos que la constructora Odebrecht habría entregado a funcionarios guatemaltecos.
Los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos Cerqueira Lima Machado son señalados de haber propiciado el pago de sobornos a exfuncionarios como el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y presuntamente a más de una decena de diputados de la legislatura 2012-2016.
Pierde validez jurídica la audiencia de primera declaración, así como los testimonios rendidos en anticipo de prueba, y revoca los beneficios otorgados a Mameri y Marcos Cerqueira Lima Machado, quienes revelaron sobornos que Odebrecht habría entregado a funcionarios guatemaltecos.
El actual titular de la Feci, Rafael Curruchiche explicó que la resolución permite “empezar de cero”.
“Nuestros requerimientos son apegados a la ley y, por lo tanto, nuestro actuar es lo correcto”, aseguró. Resaltó la importancia de tomar en cuenta a la PGN, ya que representará los intereses del Estado de Guatemala.
“Deben presentarse personalmente. Nada que por videoconferencia. Tienen que presentarse personalmente, pues, de lo contrario, la Fiscalía debe tomar una decisión”, insistió Curruchiche, quien afirmó que los ciudadanos brasileños ya fueron notificados por medio de sus mandatarios legales de la audiencia que tendrá lugar el 1 de febrero de 2023.
Los exdirectivos de la constructora Odebrecht Luiz Antonio Mameri y Marcos Cerqueira Lima Machado, en su primera declaración, optaron por el criterio de oportunidad, que les permitió convertirse en colaboradores eficaces y enfrentar proceso penal por cohecho activo y al pago de una multa de Q500 mil.
Ahora pierde validez el testimonio de ambos, ofrecido en 2017, cuando señalaron directamente al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al expresidenciable Manuel Baldizón de haber gestionado sobornos para otorgar un proyecto de carreteras en el país.
Tanto Baldizón como Sinibaldi buscan constituirse como querellantes adhesivos en este proceso penal, solicitud que aún no ha sido conocida.
La investigación se inició en 2017, en conjunto con la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual detalla que los sobornos entregados por la constructora brasileña alcanzaron los US$17.9 millones a cambio de contratos de obra pública.
Curruchiche no descarta que se puedan solicitar nuevas órdenes de aprehensión, allanamientos e inspecciones que permitan recabar nuevas evidencias.
En relación con las acciones legales que se podrían tomar en contra de la constructora Odebrecht, el jefe de la Feci indicó: “En su momento tomaremos las acciones correspondientes. Por ahora no las puedo detallar,debido a que el caso está en reserva”.
El caso se enlaza con pesquisas internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y Odebrecht, en Estados Unidos, el cual salió a luz en 2016. Por este existen expedientes abiertos por sobornos gubernamentales en 12 países de Latinoamérica.