El pasado 26 de octubre, el superintendente Marco Livio Díaz Reyes, había convocado a una conferencia de prensa de la llamada Mesa de Diálogo, con el título de reforma fiscal, pero fue cancelada horas antes.
Esto fue lo que declaró el funcionario:
Hace algunas semanas, la SAT iba a presentar un pliego de supuestas reformas, ¿de qué se trata?
Sí, pero van encaminadas a cuestiones administrativas. Existe el tema de que la ley establece ciertos plazos para que una empresa fiscalizada pueda entregar la información. Viene la SAT y de conformidad a la ley, pide que se demuestren ciertas operaciones y el contribuyente tiene tres días para acatar la disposición.
Pero hay empresas grandes, que en tres días no pueden generar esa información o envía camionadas de papelería para ser auditada, y por esa razón se está migrando al esquema electrónico, para que por medio a la Factura Electrónica en Línea (FEL) se pueda controlar y mejorar algunos plazos y otras cuestiones.
O sea que el enfoque de la reforma es administrativo y no de política que tenga que ver con tasas o devoluciones. Es para fortalecer las capacidades administrativas y se tendrá que acudir al Congreso porque se necesita una reforma legal, para mejorar esas capacidades de la SAT. La parte reglamentaria le corresponde al Minfin.
¿Qué normativa tributaria se estaría abordando?
De momento se tendría que ver a detalle la propuesta de la administración tributaria, y tengo entendido que en las próximas semanas se estará trasladando al Minfin, como conducto para poder enviarla al Congreso.
La iniciativa pretende mejorar las facultades de la SAT, pues los niveles actuales de recaudación no hacen necesaria una reforma tributaria en el sentido de modificar las tasas. Solo se necesitan algunos ajustes administrativos para garantizar que el cumplimiento tributario que se está observando ahora, sea sostenible.
La propuesta de la SAT cuando venga al Minfin se tendrá que evaluar y trasladarlo en las siguientes semanas. Luego se entra a un análisis en el Ministerio de Finanzas, se elabora el expediente y la ruta que se debe seguir e ir a otras dependencias para formar el expediente y trasladarlo al Congreso.
Siempre se ha hablado reformas fiscales y de revisar la normativa, especialmente en cuanto a incentivos fiscales ¿qué hay de momento?
Al ver los niveles de recaudación actuales, producto de medidas administrativas, nos damos cuenta de que probablemente el sistema tributario es el adecuado y que lo único que hace falta es utilizar las herramientas que se tengan para garantizar que todos los contribuyentes contribuyan con lo que les corresponde de conformidad con la Constitución.
Claro que dependemos de lo que se aprueba en el Congreso, pero debemos considerar lo que se considera como riesgos recurrentes y ahí podrían generarse algunas propuestas de reformas, pues tal vez lo que hace falta es establecer algunos mecanismos de control y evaluar en plazos de unos cinco años, la efectividad de los apoyos tributarios que reciben algunos sectores para que exista la posibilidad de revertirlos, si no se está logrando el objetivo que se persigue.
¿Hay algún inventario de iniciativas que llamen la atención?
No, pero sí hay una reciente, que al parecer persigue una cierta regularización del sector informal, y sobre todo de las operaciones que se realizan en los mercados básicamente, donde hay bastante comercio y manejo de volúmenes altos de efectivo, con márgenes de utilidad relativamente bajos, y hay una iniciativa con la que se pretende regularizarlos.
Recordemos que el sector informal es significativo, pero la contribución que se pueda tener con respecto al producto interno bruto (PIB) podrí ser muy baja, y se tendría que evaluar costo-beneficio; cuanta carga administrativa puede tener la SAT para atender estos microsistemas, respecto a la captación de recursos.
¿En qué impuestos se debe enfocar una mejora de la cobranza?
Con el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR), se tiene el 80% de la recaudación. El IVA tiene dos vertientes: el de importaciones y el doméstico, que en su conjunto representa el 50% de la recaudación y otro 25% lo representa el ISR, y ahí es donde se tiene que focalizar.
Entonces, si nos enfocamos en estos dos impuestos, que son los que más contribuyen a los indicadores de carga tributaria, no hay necesidad de reformar tributarias, aparte de que hay suficientes recursos para atender las necesidades de gasto. Las reformas que se han tenido en Guatemala se han enfocado en tasas y medidas de recaudación, pero ahora no se necesita eso. Solo necesitamos es fortalecer las capacidades administrativas para controlar.
¿Cuál es la previsión de carga tributaria para el presente ejercicio fiscal?
Con los niveles de recaudación que se vienen observando durante el año, se ha superado la meta establecida, y consideramos que el indicador se ubicará en 12% del PIB, que será un nivel histórico, y eso es gracias a la gestión que se ha realizado.
¿Qué explica ese comportamiento?
Las medidas de administración que se están tomando: el uso de toda la información que recopila la SAT a través de la factura electrónica hace minería de datos; cuenta con nuevos esquemas de fiscalización sectoriales; se establecen indicadores de rendimiento; y lo más importante es un mecanismo de solución de conflictos por la vía administrativa.
Ahora con la información disponible, se llama a los contribuyentes, se demuestra cuál es la situación y su voluntad para contribuir con lo que les corresponda.
Con la previsión de carga tributaria, ¿cuánto aporta esta inteligencia de datos a la recaudación?
Es difícil poder segmentarlo, pero digamos que, con la diferencia entre el crecimiento nominal de la economía, y los niveles de recaudación que se está obteniendo, se podrá considerar que eso es producto de las medidas administrativas.
Ver crecimientos interanuales de dos dígitos, implica que el administrador tributario está realizando una buena gestión.
¿Cómo se puede definir ese doble digito en medio de un proceso de recuperación?
A pesar de la pandemia, se lograron buenos resultados de recaudación. La apertura de la economía y los controles en la recaudación permitieron garantizar esa cobranza. El año pasado se dio el efecto rebote, pero ahora se sigue creciendo a doble digito y esa es una buena señal.
Para 2023, esperamos que la recaudación siga creciendo, tal vez ya no a ese mismo nivel, pero si en porcentajes importantes. La carga tributaria y según el presupuesto se ubicaría en 11 por ciento, y se espera que sea sostenible.
Desde 2006, se había experimentado 11 por ciento de carga tributaria, y no se había observado el 12% con el que se podría cerrar en 2022.
¿Hay riesgos fiscales para 2023?
Son situaciones contingentes y no hay certeza al respecto: el país es vulnerable al cambio climático y sabemos que todos los años hay afectaciones, pero eso no lo sabemos a plenitud, aunque existen las medidas fiscales para atenderlos.
Es incierto aún un shock externo, es algo que no se puede predecir, y únicamente el conflicto entre Rusia y Ucrania ha impactado en el tema de precios.
Respecto al tema electoral, el Minfin es una dependencia eminentemente técnica, y esperaremos el desenlace de esto y observar los planes que se presenten, pero no hay cambios significativos porque el Estado debe seguir operando. Sobre todo, esta cartera, que tiene obligaciones muy particulares, como el tema de recaudación, manejo de la deuda y atender el gasto en función de las prioridades de cada una de las instituciones.
Se requiere una reforma integral
Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) indicó no tener conocimiento de ninguna convocatoria para discutir algún tipo de propuesta de reforma tributaria.
“En definitiva, el país sí necesita una reforma, pero de carácter integral. Esto incluye no solamente lo tributario sino todos aquellos principios que en su momento se acordaron en el Pacto Fiscal y que siguen siendo una tarea pendiente, principalmente en lo referente a seguir avanzando por el lado de la priorización del gasto público y el fortalecimiento de la transparencia. Esto es fundamental para fortalecer la moral tributaria de la ciudadanía, que espera que sus impuestos se vean reflejados en la atención de sus necesidades, en la productividad y en un crecimiento económico sostenido”.
Añadió que por el lado los ingresos, obviamente, aún es una tarea pendiente incrementar la carga tributaria al nivel que recomendaban los Acuerdos de Paz y que fue recordado por el Pacto Fiscal. “Habría que revisar si en realidad responde a las nuevas necesidades del país, porque ha pasado bastante tiempo”.
En cuanto a una reforma tributaria, dijo que lo recomendable es que sea un cambio gradual. Empezar por mejorar la transparencia y la calidad del gasto público, reflejados en indicadores concretos, para que, posterior a ello, que los diferentes sectores se sienten en la mesa para discutir reformas por el lado tributario. Esto debe hacerse en la línea de impulsar un sistema tributario de carácter progresivo, donde cada contribuyente tribute al fisco, atendiendo a sus capacidades de ingreso.
Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), también dijo no tener información oficial ni extraoficial sobre una reforma tributaria próxima, pero “el Icefi ha reiterado en muchas ocasiones que Guatemala necesita una reforma fiscal integral, que abarque transparencia fiscal, de calidad, eficiencia y eficacia del gasto público, balance fiscal y política de endeudamiento público y un componente tributario”.
A su juicio, una reforma tributaria debe privilegiar dos criterios importantes: uno es el de la justicia tributaria y el otro es el de suficiencia de ingresos. “O sea, la reforma tributaria debe tratar de superar la histórica insuficiencia de ingresos para financiar el gasto público y, por otro lado, el sistema tributario actual del país se caracteriza principalmente por tener impuestos regresivos. Lo cual quiere decir que quienes ganan menos terminan pagando más impuestos, así que debería orientarse a la capacidad de pago”.
Y explicó que, por un lado, se debe entender el principio de justicia tributaria, de manera horizontal donde dos contribuyentes en condiciones iguales deberían pagar igual, y por otro, de manera vertical, que es la que llama a buscar una estructura progresiva en el sistema tributario y, básicamente, trata de que quienes ganan más deben tributar proporcionalmente más.
“Sin embargo, nos asalta la duda de que si estos lineamientos se contemplan en lo que estaría preparando el gobierno”.
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