De acuerdo con los registros del Ministerio Público (MP) en los últimos 31 meses han sido promovidas 12 mil 650 denuncias por hechos ilícitos cometidos a través de Facebook, Instagram y WhatsApp.
Estas aplicaciones son utilizadas con mayor frecuencia en Guatemala, según un informe sobre uso de internet en Guatemala, publicado por la agencia We are Social que señala que datos publicados en los recursos publicitarios de Meta indican que Facebook tenía 8 millones 450 mil usuarios en Guatemala a principios de 2022.
De acuerdo con el desglose de datos del MP, del 1 de enero al 9 de agosto de 2022, se han registrado unas 3 mil 554 denuncias por diversidad de actos ilegales que se cometen por medio de las aplicaciones anteriormente mencionadas, dicha cifra refleja que son unas 506 denuncias presentadas mensualmente, aproximadamente.
Durante el 2021 se sumaron 5 mil 371 quejas, es decir, unas 477 al mes; en 2020 fueron 3 mil 365 y en 2019 la cifra era de 1 mil 547 denuncias. Los delitos que reflejan mayor incidencia son estafa propia, amenazas y extorsión.
Las localidades donde más se cometen estos ilícitos son: Guatemala con 1 mil 316 denuncias, seguido de Quetzaltenango con 219, Alta Verapaz con 177 y Chiquimula con 172, según datos proporcionados por el MP.
Expertos en temas de seguridad y tecnología consideran que es necesario implementar a la mayor brevedad posible campañas de prevención, información y las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, deberán innovar sus mecanismos de investigación, para frenar este flagelo.
La delincuencia es mutante
Las agrupaciones ilegales buscan medios más efectivos y con menos riesgos para obtener dinero ilícito y el cambio a las redes sociales obliga a dichos grupos a migrar a la vía más expedita, algunos años atrás “la privacidad era un tesoro y muy resguardada, pero las nuevas generaciones publican muchísima información con detalles de ubicación y otros, vulnerado su privacidad y se la suministran de gratis a estas personas” mencionó Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
El profesional explicó que la mayoría de los usuarios en las redes sociales “filtran temas como su capacidad económica y prácticas internacionales hacen que pueda prosperar una estafa bastante fácil” y considera importante la educación para todos en el sentido de que la información privada no debe revelarse “porque la delincuencia está al acecho” advirtió.
Quezada agregó que en los ciberdelitos “es muy difícil individualizar al responsable porque son direcciones en redes donde muy probablemente no estén en Guatemala” por lo que considera que el personal del MP y de la Policía Nacional Civil debe profesionalizarse en la temática.
“Es una evolución del crimen y actualmente es muy difícil de rastrear, por eso debemos recuperar el tema de la privacidad y evitar exponerse tanto” lo que genera retos al Estado entre la implementación de la tecnología, expertos en la materia y debe impulsarse una política integral entre el sector público como el privado.
El especialista lamentó que Guatemala continué en el rezago para el combate de la ciberdelincuencia y considera que debe implementarse un equipo técnico en el que “expertos en informática, abogados y personas con conocimiento del marco internacional” aporten a la elaboración de un instrumento legal que regule el ciberdelito.
Las denuncias podrían ser más
Los delitos que se cometen en el ciberespacio tiene un alcance enorme y la población no se preparó oportunamente para adquirir por internet puesto a que “no verifican si la plataforma web que ofrece el servicio tiene algunas características” que podrían alertar sobre una posible estafa, indicó Omar Barrios, experto en temas de ciberdelincuencia de la Organización de Naciones Unidas.
La percepción de Barrios respecto a la cifra de denuncias es que “posiblemente sea de cuatro a cinco veces más ese número, esto porque mucha gente por vergüenza a que fue engañado no denuncia y otros por temor de ir a citaciones, se abstienen de denunciar” por lo que considera oportuno que se tomen las mismas precauciones en el mundo real se deben tomar en el mundo tecnológico.
El experto considera que es necesario elaborar una ley de protección de datos personales que permita regular sobre información sensible y debería crear la entidad que protegerá estos y en muchos países esa “entidad es la que realiza investigación preventiva dentro de los perfiles de ventas y es la que envía alertas a los clientes”.
Barrios subraya que “si se pueden perseguir las estafas por vía electrónica de naturaleza nacional, quisiéramos que existiera el delito propio de estafa en internet, por medio del cual se castigaría el aprovechamiento de la tecnología para estafar”.
Prevención, educación y actualización
Édgar Ortiz, director jurídico de la fundación Libertad y Desarrollo, atribuye que el incremento de estos delitos fue por “la pandemia, especialmente por la proliferación de canales de venta por medios digitales” por lo que considera que lo más efectivo es “la prevención”.
“Hay que educar a la gente para enseñarle a tomar precauciones, para no compartir datos en aplicaciones y verificar la identidad de quienes les contactan” dijo.
Entre los principales retos que enfrenta el sector de justicia y seguridad “es identificar estas estructuras y su modo de operación. Se requiere mucho trabajo de inteligencia. En este tipo de estafas no se hecha tanto en falta el vacío legal de ciberdelitos” consideró Ortiz y explicó que una estafa se considera como tal, independientemente de que se realice por medios cibernéticos, o no.
Ortiz mencionó que, por la experiencia de otros países, se tiene conocimiento de que “hay delitos como las coacciones, por ejemplo, que deben actualizarse en ley para incluir las que son fraguadas por medios cibernéticos y luego hay otra serie de delitos que sí deben actualizarse” en las leyes guatemaltecas vigentes.
Abordaje integral
Estos fenómenos delictivos deben abordarse de forma integral el cual debe basarse en los ejes de la “prevención y reacción ante el delito, en el primero es oportuno informar y prevenir a los cibernautas de los modos operandi de estos grupos criminales” mientras que en la reacción por parte de las autoridades se debe realizar “investigación criminal técnica informática para individualizar a lo responsables y procesarlos penalmente” y para ello deben trabajar de forma conjunta el MP, la PNC y el Organismo Judicial, compartió Stu Velasco, exsubdirector de la PNC y consultor en seguridad e inteligencia estratégica.
A criterio de Velasco para combatir este tipo de delitos debe de “dotarse de tecnología de punta y profesionalizar cada vez más a los investigadores de PNC y MP para hacer frente a las nuevos desafíos del cibercrimen” desde los que se dedican a estafas, fraudes, delitos sexuales en la web hasta los que se dedican a sabotear sistemas informáticos de la instituciones .
El exfuncionario resaltó la necesidad de “un marco legal específico que tipifique una serie de delitos y formas de operar del las estructuras del cibercrimen que garantice a los ciudadanos su protección”, la cual debe ser cuidadosamente analizada para evitar que “sea erróneamente utilizada para coartar la libre expresión del pensamiento que es un tema ajeno a las expresiones criminales del cibercrimen”.