En la noche del pasado 9 de febrero, horas después que monseñor Rolando José Álvarez se negó a ser desterrado junto a 222 expresos políticos, el dictador Daniel Ortega aseguró —tras llamarlo “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”— que el líder religioso fue recluido en el Sistema Penitenciario, La Modelo; al día siguiente la jueza sandinista Nadia Tardencilla, condenó al prelado 26 años y cuatro meses de cárcel. Es la última información oficial que se tiene del obispo, ya que el Gobierno no le permite ninguna comunicación externa, lo que para defensores de derechos humanos es un caso “desaparición forzada”.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define la desaparición forzada como la “aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política(…) seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre su paradero”. La intención es dejar a la persona fuera del amparo legal por un periodo prolongado, indica.
Yader Valdivia, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explica judicialmente las declaraciones de Ortega no sustituyen la función de un juez ejecutor de sentencia, que tendría que notificar a la defensa del religioso sobre su ubicación actual.
Comenta que aunque Ortega afirmó que Álvarez fue trasladado a La Modelo, sus familiares no lo han visto y tampoco les brindan información sobre su situación.
Otro abogado penalista, que solicitó el anonimato, sostiene que el régimen viola el artículo 70 de la Ley 473 o Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, que reconoce el derecho de los presos a tener comunicación y visitas de sus familiares, allegados y abogados “sin restricción alguna”.
En febrero pasado, fuentes vinculadas a la Iglesia católica revelaron a CONFIDENCIAL que Álvarez —obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí— estaba en una celda de máxima seguridad en La Modelo. De ser así, tiene derecho a una visita mensual, pero tampoco ha pasado.
Más de 207 secuestrado por el régimen
Para la investigadora y abogada, Martha Patricia Molina, el “sistema de justicia de Nicaragua es un ente político y no jurídico”. “Han actuado con saña y de manera inhumana en contra del obispo Rolando José Álvarez, sus familiares y los clérigos que también son sus hermanos en la fe”.
La intención, considera la experta, es “causar el mayor daño posible porque nadie bajo la condición de secuestro puede estar bien física y psicológicamente”.
Ante la desaparición forzada de monseñor Álvarez, los abogados recomiendan que la defensa del prelado presente un recurso de exhibición personal, aunque en la práctica se ha constatado que no es acatado por las autoridades judiciales, tal como ocurrió con los presos políticos de El Chipote, que al inicio de sus detenciones estuvieron hasta 95 días completamente incomunicados. Sin embargo, lo letrados aseguran que es necesario documentar dichas violaciones.
El obispo ha permanecido durante unos 207 días bajo total resguardo del Estado de Nicaragua. Sin embargo, el régimen orteguista solamente divulgó fotografías del religioso en los juzgados de Managua, el 13 de diciembre de 2022, cuando lo acusaron por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. En esa ocasión, el religioso con evidente pérdida de peso, tenía 116 días de estar en casa por cárcel de facto.
De acuerdo con el fallo judicial, Álvarez fue sentenciado a diez años de cárcel por el supuesto delito de conspiración, cinco años por propagación de noticias falsas, cinco años y cuatro meses por “obstrucción de funciones agravadas” y un año por “desacato a la autoridad”.
Preocupación entre el clero nicaragüense
“Les confieso que estoy muy preocupado por mi hermano (monseñor Álvarez) y lo digo en público, sobre todo, por los últimos acontecimientos que han ocurrido”, expresó el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, durante una eucaristía ofrecida en nombre de Álvarez, desde la iglesia Santa Agatha, en Miami, este domingo 12 de marzo.
“Se encuentra desaparecido por la dictadura sandinista de Ortega y (Rosario) Murillo en Nicaragua. No sabemos dónde está monseñor Rolando y no sabemos en qué situación está”, añadió Báez.
Los sacerdotes Erick Díaz, de la parroquia El Tuma, La Dalia, y Uriel Vallejos, de Sébaco, Matagalpa, exiliados por la persecución del régimen, aseguraron en una entrevista con el programa Esta Noche, que no saben nada sobre el estado de monseñor Álvarez. “La familia se ha movilizado para llevarle el alimento y no han podido tener acceso”, señaló el padre Díaz.
El obispo Báez también pidió a través de sus redes sociales a la Iglesia del mundo alce su voz en oración y en denuncia por monseñor Rolando. Y a la vez, demandó su libertad inmediata. “Lo queremos libre y pronto”, dijo.
La demanda internacional para que el régimen de Ortega muestre al obispo Álvarez ha tenido mayor eco tras las declaraciones del papa Francisco, quien calificó al Gobierno de Ortega y Murillo como una “dictadura hitleriana”, mientras reconoció el “testimonio” del obispo Álvarez al rehusarse al exilio.
“Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, dijo el papa en una entrevista a Infobae.
El régimen orteguista molesto por las declaraciones del sumo pontífice suspendió las relaciones diplomáticas con El Vaticano. Una acción, que según analistas, temen sea el inicio de mayor represión contra la Iglesia católica en Nicaragua.