Representantes de instituciones públicas, medios oficialistas y usuarios en redes sociales, hicieron uso de “una retórica incendiaria que (desde 2018) estigmatizó e incitó al odio” contra las personas opositoras o percibidas como tales, conduciendo a una brutal represión en el país, sostiene el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) en su informe final sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Los discursos de odio “fueron parte de una estrategia comunicacional que incluyó la implementación de campañas de desinformación y estigmatización a través de redes sociales, espacios institucionales y medios de comunicación afines al Gobierno”, detallan los expertos. Para ello se impartieron directrices a funcionarios y medios pro gobierno sobre la información que debía difundirse y la manera en que debía articularse.
El Grupo valora que las autoridades nicaragüenses desarrollaron “un discurso de construcción del enemigo”, adscribiendo la responsabilidad por los hechos de violencia a las personas opositoras o percibidas como tales, a quienes tildaron de “golpistas” y “traidoras”. Con el paso del tiempo, fueron expandiendo esta categoría “para abarcar a un grupo cada vez más amplio de personas que fueron objeto de difamación, descalificativos, y graves acusaciones públicas por parte de las autoridades”, continúan.
Muchas personas también fueron objeto de “campañas selectivas de difamación y acoso a través de redes sociales y medios de comunicación progubernamentales”, apuntan los expertos.
“Teniendo en cuenta el contexto general de represión e impunidad frente a los ataques por parte del sector de población alineado con el Gobierno contra la población opositora, el GHREN considera que el discurso descrito puede constituir incitación a la violencia”, subrayan.
Además, los opositores fueron objeto de “intimidaciones, amenazas, vigilancias y agresiones” por policías, integrantes de grupos progobierno y estructuras locales afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN ), como los Consejos del Poder Ciudadano, Unidades de Victorias Electorales, Juventudes Sandinistas y Los Comités de Liderazgo Sandinista.
Periodistas, feministas y religiosos en la mira
El GHREN documentó más de 100 casos de personas opositoras o percibidas como tales, que fueron sometidas a intimidación y acoso por la Policía, grupos progobierno y estructuras locales del FSLN, entre las que se destacan periodistas, feministas, líderes religiosos, estudiantes, artistas, integrantes de partidos, movimientos políticos y organizaciones de la sociedad civil, abogados y abogadas, y familiares de víctimas de violaciones y abusos a los derechos humanos.
La criminalización, estigmatización, amenazas y acoso constante a las personas opositoras, o percibidas como tales, implicó “que no solo no pudieron participar libremente en la vida social y política del país, sino que no pudieron desarrollar su vida de manera normal”, enfatizan los expertos. Además, los entrevistados expresaron que sentían miedo de salir de su hogar y, ante el temor a represalias, algunos se vieron forzados a cambiar varias veces de residencia o tuvieron que abandonar el país.
“Los patrones de hostigamiento fueron particularmente severos en el caso de las personas excarceladas, quienes fueron objeto de vigilancias permanentes, ataques, amenazas, pérdida de empleo y pérdida de acceso a estudios superiores. Todo ello les impidió reconstruir su proyecto de vida y tuvo graves impactos sobre su vida familiar”, enfatizan los expertos de la ONU.
También los familiares de víctimas de violaciones y abusos, y las organizaciones que los acompañaron, fueron un blanco específico de ataques. “Esto afectó de manera desproporcionada a las mujeres, que a menudo lideraron la reivindicación del derecho a la justicia. De igual manera, los abogados y abogadas de personas detenidas por motivos políticos fueron objeto de represalias”, apunta el Grupo.
GIE advirtió sobre el discurso de odio en Nicaragua
Los hallazgos del GHREN refuerzan lo señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe final de 2018 advirtió que los discursos de Daniel Ortega y Rosario Murillo apuntaban a la creación de una imágen negativa de la ciudadanía.
“Se utilizan términos que inician por minimizar la figura adversa. Son grupos minúsculos, son mediocres, son pequeñitos. Luego pasan a tener intencionalidad negativa: son perversos, destructores, tóxicos, envenenados, sádicos. Una vez definidos con la carga de negatividad, son responsabilizados de los hechos trágicos y criminalizados. Son delincuentes, criminales, mareros, miembros del crimen organizado y la narcoactividad”, explicó entonces el GIEI.
Al mismo tiempo, el GIEI señaló que los discursos de Ortega y Murillo endilgan a la oposición la carga de traición a los ideales y logros del sandinismo. “Son enviados o aliados del imperialismo estadounidense el que los financia o al que mendigan recursos. Son, el anticristo, los enviados de la oscuridad”, describe el informe.
Cinco años después, este discurso estigmatizante se ha materializado en acusaciones penales contra personas opositoras que el régimen considera “traidores a la patria”, para lo cual fue aprobada la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz.
“Se establecen ciudadanías diferenciadas”, advirtió el GIEI. “Una ciudadanía es considerada por el discurso oficial como de buena conciencia porque aprueba y respalda las acciones oficiales y la otra, la disidencia que desestabiliza, genera caos, que responde a intereses foráneos y que viene a destruir lo alcanzado”, continúan.
Mientras tanto, el régimen sigue violentando los derechos humanos de los nicaragüenses, más de 350 personas fueron asesinadas durante las protestas de 2018, más de un millar fueron presos políticos, cerca de medio millón de nicaragüenses han sido obligadas al exilio y 317 fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense.
Deshumanización del enemigo
Una investigación de CONFIDENCIAL publicada en noviembre de 2019 explica que, dentro del discurso hostil, existen varias categorías. El discurso oficial del régimen, diseñado por Murillo, calza dentro de varias de ellas.
Dentro de lo que Gregory S. Gordon, quien fungió como fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, describe en su ensayo “El discurso en el espectro de la atrocidad”, como “declaraciones generales” que incluye la repetición de estereotipos negativos, la difamación del grupo víctima y declaraciones deshumanizantes a través de técnicas de “animalización” y la demonización. Esa parece ser la especialidad de Murillo.
La lista de insultos nace el 18 de abril de 2018, el día que iniciaron las protestas contra el Gobierno y que fueron reprimidas con violencia por miembros de la Juventud Sandinista. Una Rosario Murillo, con voz notoriamente ofuscada, en sus acostumbradas llamadas telefónicas a uno de sus medios de propaganda, exclamó: “¡Esa es una manipulación perversa! Esos grupos minúsculos, esas almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, no representan el sentimiento, la necesidad de paz, de trabajo y de cariño del pueblo nicaragüense que tanto ha sufrido”.
Las protestas ciudadanas crecieron y, con ellas, los epítetos. ¿Con qué objetivo? Las etiquetas, el poder las usa para controlar socialmente, explica la experta en comunicación Mildred Largaespada. Esos insultos buscan estigmatizar política y socialmente a quienes protestan. Murillo “se instala en el discurso de ‘nosotros y los otros’ y utiliza las etiquetas para ofrecer una calificación rápida y fácil a su grupo social para explicar quiénes son todos los que están protestando”, amplía.
Ortega, aunque con menos intervenciones, en sus discursos siguió esa misma línea. En su discurso del 7 de noviembre de 2021 durante la jornada electoral, se refirió a los opositores a su Gobierno como “sembradores de muerte”, “sembradores de odio”, “sembradores de terror”, y “demonios que no quieren paz”. “En otros países hasta la pena de muerte les aplican”, dijo
Rompimiento de la fibra social
Para el GHREN, la propagación de este discurso de odio de manera reiterada en el tiempo, y amplificada a través de medios y redes sociales, ha contribuido a generar un clima de desinformación y de hostilidad hacia las voces críticas al Gobierno, propicio para la comisión de otras violaciones y abusos en su contra, como las detenciones arbitrarias y actos de acoso e intimidación.
El GHREN considera que “la difamación y el descrédito de los integrantes de la sociedad civil tuvieron un efecto silenciador, no sólo sobre las personas que lo sufrieron directamente, sino sobre la sociedad en general”. El discurso analizado exacerbó la polarización política y contribuyó al rompimiento de la fibra social.