Colombia incautó 671 toneladas de cocaína en 2022, por valor de más de US$16.000 millones a precios al por mayor en Estados Unidos. El botín para 2023 puede ser aún mayor, ya que se prevén niveles récord de producción, lo que supone un enorme reto para el gobierno en su intento de negociar con los grupos criminales del país.
El Ministerio de Defensa colombiano hizo el anuncio de las incautaciones récord, otra tonelada y media por encima del total de 2021.
“La Fuerza Pública utiliza la inteligencia e incrementa las incautaciones y la interdicción para lograr grandes resultados en materia de destrucción de sustancias como cocaína, marihuana, insumos sólidos y líquidos, entre otros”, dijo Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia.
Los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, en la costa pacífica colombiana, registraron la mayor concentración de incautaciones, con 80 y 43 toneladas respectivamente. En Bolívar, al norte del país, donde se encuentra el puerto de Cartagena, se incautaron 48 toneladas. Otros departamentos con rutas de tráfico bien establecidas también registraron grandes incautaciones: Norte de Santander con 30 toneladas, Guajira con 23 y Chocó con 20 toneladas, según cifras del Ministerio.
Las incautaciones se producen después de que el Sistema Integrado de Gestión de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) comunicara en octubre del año pasado cifras históricas de plantaciones de coca y producción potencial de cocaína para 2021, tras tres años consecutivos de descenso. El informe de la ONUDD estimaba un aumento del 43% en la superficie de coca y del 14% en la producción de cocaína para 2021.
Estos anuncios se producen mientras el presidente Gustavo Petro, que asumió el poder en septiembre del año pasado, lanza su ambicioso proyecto de “Paz Total”, con el que pretende firmar acuerdos de paz y desmovilización con el último ejército rebelde marxista en activo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y una serie de grupos criminales implicados en el narcotráfico.
Análisis de InSight Crime
Es probable que las incautaciones en 2023 sigan el mismo patrón que en años anteriores, y que aumenten no solo debido al incremento de la producción de cocaína, sino también a la estrategia antidroga del Gobierno, que prioriza la sustitución de cultivos y no la erradicación. Esto aumentará la producción de cocaína a corto plazo, ya que las políticas de sustitución pueden tardar años en dar sus frutos.
Con una producción histórica y mercados con gran demanda en todo el mundo, la cocaína colombiana sigue alimentando a los grupos armados y al conflicto civil, los mismos que hoy pretenden participar en la “Paz Total”.
Originalmente organizado como un grupo guerrillero de izquierda que más tarde se involucraría en el narcotráfico, el ELN ha aprovechado en los últimos años la frontera entre Colombia y Venezuela para mover y proteger cargamentos de cocaína que salen por rutas aéreas y marítimas desde suelo venezolano. Las estimaciones de InSight Crime sugieren que alrededor de 250 toneladas de cocaína pasan por la frontera cada año.
Con una fuerte presencia en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, y en el norte de Colombia, en La Guajira, el ELN regula gran parte del tráfico de drogas. Según cifras del Ministerio de Defensa, en 2022 se incautaron más de 55 toneladas en estos departamentos. La presencia del ELN se extiende también a Chocó, en el oeste de Colombia, así como a Nariño, en el suroeste del país, ambas importantes zonas de producción de cocaína. Mientras que en Nariño las incautaciones son las más altas del país (80 toneladas), el ELN convive con las distintas disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el caso de Chocó, la disputa del ELN es mucho más encarnizada con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo o los Urabeños.
En el Chocó se incautaron 20 toneladas de cocaína. A lo largo de la frontera con Panamá, una zona que ha sido escenario de duros enfrentamientos entre el ELN y los Urabeños por las diversas economías criminales de la región. Una facción de los Urabeños intenta hacerse con el control del norte de la zona y sus conexiones con Panamá, según un informe de El Tiempo.
Con Urabá como bastión, el grupo es el mayor ejército narcotraficante del país y tras la extradición de su líder y último gran capo de la vieja escuela, Otoniel, parece atomizarse. Además del Chocó, sus frentes también se disputan un porcentaje del tráfico de drogas en el norte de Colombia, en el departamento de Bolívar, donde las autoridades lograron la segunda mayor cifra de incautaciones de 2022 (48 toneladas).
Facciones más pequeñas de los Urabeños, enmarcadas como franquicias, se han establecido en departamentos como Nariño y La Guajira, sin tanta fuerza, pero con una participación en el narcotráfico.
Por su parte, las facciones de las antiguas FARC, también conocidas como Ex – FARC, tienen presencia a lo largo del Pacífico colombiano y participan en el tráfico de drogas, tanto de marihuana como de cocaína. Aunque han sufrido pérdidas en los últimos años y se han enfrentado entre sí, siguen llevándose su parte del botín criminal.
La administración de Petro aún no tiene acuerdos formales con los grupos armados del país con los que discute la “Paz Total”, pero ha hecho la distinción entre una negociación y un sometimiento. Esta última contempla la inclusión de grupos asociados al narcotráfico. En cuanto a las negociaciones con los grupos que considera políticos, el único que actualmente califica y está haciendo algunos avances es el ELN.
Para un analista consultado por InSight Crime, que prefiere permanecer en el anonimato por razones de seguridad, existe una clara intencionalidad política en muchas facciones del ELN, aunque varias puedan estar implicadas en el narcotráfico.
Por lo tanto, como en el caso de las Ex – FARC mafia, dijo el analista, la situación puede ser más complicada. En caso de que sus facciones “reconozcan” su participación en el narcotráfico, existe la posibilidad de que el gobierno los incluya, junto al ELN, en la categoría de negociación política.
Para Luis Celis, investigador y analista de conflicto, el gobierno ya ha hecho diferenciaciones claras sobre cómo llevar las conversaciones con los diferentes actores. “Es una acción simultánea en varios tableros, pero cada tablero tiene sus especificidades”, señaló en entrevista con InSight Crime.
El investigador destaca que el reto de la Paz Total es el control efectivo del territorio para atacar con precisión economías criminales como el narcotráfico. “La apuesta de la política de Paz Total es controlar el territorio. La pregunta es cuánto territorio se puede controlar democráticamente”, explicó Celis.
Como predijo InSight Crime en su GameChanger 2022, la bonanza de la coca se acelerará durante 2023. Con miles de millones de dólares en juego, ¿podrán realmente las organizaciones narcotraficantes colombianas dejarlo todo y abandonar el negocio para siempre?