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Tras la ampliación de la licencia operativa a la petrolera estadounidense Chevron por parte de la administración de Joe Biden, Nicolás Maduro pone como condición el retiro de todas las sanciones sobre su régimen, que suman 763 según su cuenta, para que se den unas elecciones presidenciales libres, justas y competitivas el próximo año o en 2024. “Que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas”, afirmó hace una semana.
Además, pidió la devolución a su régimen del control de Citgo, filial de Pdvsa que opera en Estados Unidos y que actualmente está bajo la administración del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Afirmó Maduro que para seguir avanzando en las negociaciones “tienen que devolver Citgo a Venezuela completamente, libre de polvo y de paja”. Asimismo, anunció que su régimen espera recuperar más de 24.000 millones de dólares (29% del PIB 2022 a precios corrientes, según el FMI) bloqueados en el extranjero.
Dos días después, en la firma de los contratos secretos entre Petróleos de Venezuela y Chevron, Tareck el Aissami, vicepresidente sectorial de Economía y ministro de Petróleo del gobierno de facto de Maduro, también exigió el cese y levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas, unilaterales, “que han atentado contra la poderosa Pdvsa”.
El régimen de Maduro cree que en este momento puede lograr restablecer el status quo imperante antes de 2019, cuando Estados Unidos impuso sanciones económicas a Pdvsa y Minerven, y, en 2020, precio a su cabeza y la de otros jerarcas del chavismo que han convertido a “Venezuela en un narcoestado que auspicia el terrorismo y que se unió a las FARC para exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, según el Departamento de Justicia.
Se ve en el espejo de la directora financiera y heredera de la multinacional china Huawei Meng Wanzhou, quien fue detenida en Canadá en 2018 a causa de una orden de arresto estadounidense por acusaciones de supuesto “fraude bancario” al haber mentido para eludir las sanciones estadounidenses contra Irán, un delito punible con más de 30 años de prisión en Estados Unidos. El pasado viernes, el Departamento de Justicia estadounidense “retiro por completo los cargos y no podrán ser revisados”.
Es importante recordar que durante la administración de Donald Trump (2016 -2020), el gigante electrónico chino Huawei fue considerado una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por sus supuestos lazos con el gobierno chino, que establece que las empresas de ese país deben “apoyar, cooperar y colaborar con el trabajo de inteligencia nacional” – en el caso de Huawei, el uso de la tecnología 5G le da la capacidad de espiar o de interferir comunicaciones -.
La supuesta elección libre, justa y competitiva que quiere Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que suceda en Venezuela en los próximos comicios presidenciales ha permitido a Maduro ir por todo, legitimidad e impunidad, sin ceder en nada importante para la restitución de la democracia en Venezuela.
En el Índice de la Democracia 2021, The Economist coloca a Venezuela de último en América Latina y el Caribe, 11 puestos por debajo de Nicaragua y 9 de Cuba. Desde que manejo la elección en 2018 y usurpó la presidencia en 2019, el régimen de Maduro ha venido profundizando la tiranía. A tal punto ”que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y en sus agentes para reprimir la disidencia en el país, (…) cometiendo graves crímenes y violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, de acuerdo con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en su informe del 24 de octubre de 2022.
Desaprender esta conducta criminal, cometer crímenes de lesa humanidad, es difícil porque el represor se ha acostumbrado a violar los derechos humanos de manera sistémica para mantenerse en el poder.
El Índice lo demuestra. Cuando llegó a Miraflores era un régimen autoritario competitivo con una puntuación de 5,07. Hoy es una tiranía con una valoración de 2,11, que además maneja los negocios ilícitos que representan “un quinto del PIB 2021”, según Transparencia Venezuela. Una caída de 58% en 8 años. Solo comparable en la región con Nicaragua, que se desplomó 50% en el mismo período.
Pensar que Maduro va a ceder su zona de confort con la política de normalización de la administración Biden, Canadá, la Unión Europea y la Plataforma Unitaria conducirá a consolidarlo en Venezuela.
El riesgo de la normalización está en si Maduro mantiene la zona de confort con un régimen autoritario competitivo, para lo cual tendrá que buscar uno o varios culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por su régimen; o, de lo contrario, avanzará de la tiranía hacia un régimen despótico. En este dilema, su salida podría ser la mejor opción para los que puedan ser culpables de la violación de los derechos humanos investigados por la Corte Penal Internacional.
En consecuencia, Maduro va por todo para seguir en el poder.