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La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) destituyó discretamente a su máximo responsable en México el año pasado por contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes, un final embarazoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre los países y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo a través de la frontera.
Por Joshua Goodman y Jim Mustian | The Associated Press
Las relaciones sociales y las vacaciones de Nicholas Palmeri con abogados narcotraficantes de Miami, detalladas en documentos confidenciales consultados por The Associated Press, provocaron su caída definitiva tras sólo un año como poderoso director regional de la DEA, que supervisaba a decenas de agentes en México, América Central y Canadá.
Pero otras investigaciones internas revelaron otras señales de alarma, como las quejas por una gestión poco rigurosa de la pandemia de coronavirus, que provocó que dos agentes enfermos tuvieran que ser trasladados por vía aérea fuera del país. Y otra revelada la semana pasada descubrió que Palmeri aprobó el uso de fondos de la lucha contra el narcotráfico para fines inapropiados y trató de obtener un reembolso para pagar su propia fiesta de cumpleaños.
“El puesto de director regional en México es el más importante en las operaciones exteriores de la DEA, y cuando ocurre algo así, es perturbador”, dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.
“Es aún más crítico debido al deterioro de la situación con México”, añadió Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso. “Si no tenemos un director regional fuerte o un agente a cargo allí, va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo transita por México, ya sea que venga de Colombia o el fentanilo que fluye a través de China. No puede tomarse a la ligera”.
El caso de Palmeri se suma a la creciente letanía de conductas indebidas que sacuden a la principal agencia antidroga del país, en un momento en que sus extensas operaciones en el extranjero -que abarcan 69 países- se encuentran bajo la lupa de una revisión externa ordenada por la administradora de la DEA, Anne Milgram.
Esa revisión se produjo en respuesta al caso de José Irizarry, un ex agente caído en desgracia que ahora cumple una condena de 12 años de prisión federal tras confesar haber blanqueado dinero para los cárteles de la droga colombianos y haber sustraído millones de las incautaciones para financiar un viaje internacional de juerga, fiestas y prostitutas.
El de Palmeri es el segundo caso en otros tantos meses que saca a la luz las interacciones, a menudo turbias, entre funcionarios de la DEA y abogados de Miami que representan a algunos de los mayores narcotraficantes y blanqueadores de dinero de América Latina. El año pasado, los fiscales federales acusaron a un agente de la DEA y a un antiguo supervisor de filtrar información confidencial de las fuerzas de seguridad a dos abogados defensores de Miami anónimos a cambio de 70.000 dólares en efectivo.
Uno de esos abogados, identificado por funcionarios estadounidenses actuales y anteriores como David Macey, también estuvo implicado en la investigación sobre Palmeri. Los registros de la investigación interna muestran que Macey acogió a Palmeri y a su esposa de origen mexicano durante dos días en su casa de los Cayos de Florida, un viaje que, según los investigadores, no tenía ningún propósito laboral útil y violaba las normas que rigen las interacciones con los abogados, diseñadas para evitar incluso la apariencia de incorrección.
Palmeri, de 52 años, reconoció a los investigadores que se alojó en la casa de Macey, que su esposa trabajaba como traductora para otro destacado abogado, Rubén Oliva, y que realizó un viaje no autorizado a Miami con su esposa en febrero de 2021.
El supuesto propósito del viaje a Miami había sido “interrogar” a una fuente confidencial. Pero tuvo lugar en un domicilio particular al que Palmeri se presentó con su mujer -y una botella de vino, según el informe interno-.
“La reunión tenía la apariencia de una interacción social con una fuente confidencial”, escribieron los investigadores, “y no había documentación oficial contemporánea de la DEA sobre el contenido del interrogatorio, lo que viola la política de la DEA”.
Esas infracciones provocaron el abrupto traslado de Palmeri a la sede de Washington en mayo de 2021, antes de que finalmente dimitiera el pasado mes de marzo, según muestran los registros. Palmeri dijo a los investigadores que no había mostrado “el mejor juicio”.
La DEA no quiso discutir los detalles de la destitución de Palmeri o por qué se le permitió retirarse en lugar de ser despedido. Pero un funcionario dijo a la AP que la agencia “tiene tolerancia cero con los contactos indebidos entre abogados defensores y empleados de la DEA.”
“La DEA investiga agresivamente esta grave mala conducta y toma medidas decisivas, incluyendo el despido, contra los empleados que participan en ella”, dijo el funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente y pidió no ser nombrado.
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