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El presidente de El Salvador anunció que se presentará como candidato en los comicios de 2024 a pesar de que la Constitución lo prohibe. Las similitudes de su estrategia con la de un dictador de hace un siglo
Si gana, Nayib Bukele será el primer presidente salvadoreño en reelegirse desde que hace 90 años lo hizo Maximiliano Hernández Martínez, el dictador militar que se instaló 13 años en el poder y pasó a la historia por masacrar a cerca de 30,000 indígenas en 1932.
Por Infobae
A diferencia de Hernández Martínez, que accedió al poder con un golpe de Estado, Bukele se instaló en él de forma legítima, a través de elecciones libres en 2019. Más allá de eso, el presidente de El Salvador parece haber copiado varias jugadas políticas del manual del martinato, que es como la historia conoce al periodo del dictador más famoso del país centroamericano.
Héctor Lindo, historiador salvadoreño, señala algunas de las similitudes. Como Martínez, dice Lindo, Bukele ha echado mano de “las suspensiones de garantías constitucionales, con estados de sitio y estados de excepción, la creación de periódicos para echar cortinas de humo sobre la realidad nacional y hacer propaganda del gobierno y la manipulación de la Asamblea Legislativa con diputados serviles que automáticamente siguen la línea del Poder Ejecutivo”.
David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, cree que Bukele ha llevado al país de vuelta a los años más oscuros de su historia, los que estuvieron marcados por el autoritarismo y la eliminación del adversario. “Lo que generó todos los abusos del pasado está ganando fuerza otra vez, la acumulación de poder y destruir a quien piensa diferente”, reflexionó Morales durante un almuerzo en Washington, DC, donde esta semana recibió un premio por su trayectoria como defensor de derechos humanos en El Salvador.
Bukele, en efecto, no ha cesado de concentrar, en su persona y en su gobierno, el poder político que necesitaba para presentarse a la reelección en 2024 a pesar de que la Constitución salvadoreña la prohíbe y censura en seis de sus artículos, y en uno de ellos incluso faculta el pueblo a la insurrección para restaurar el orden constitucional perdido en caso de que un mandatario decida permanecer “un día más” después de terminado su mandato.
Lo anunció el presidente el 15 de septiembre, día en que El Salvador celebra la fundación de su república tras la independencia del Reino de España. Después de consultarlo con su esposa Gabriela y su familia, dijo en una ceremonia cuidada al milímetro, había decidió presentarse como candidato en 2024. Antes del anuncio, Bukele se aseguró de enmarcar la narrativa con la idea que él y sus acólitos habían construido para la ocasión: la “verdadera independencia” del país empezó con su presidencia.
Lindo, el historiador, rechaza la idea. “No sé que quiere decir (con lo de verdadera independencia), pero sí estoy de acuerdo en que debemos siempre pensar en independizarnos de los errores del pasado que repetimos con demasiada frecuencia”, publicó en su cuenta de Twitter en un video en el que enumera las comparaciones entre Bukele y la dictadura de Hernández Martínez.
Como el dictador de los años 30, Bukele eliminó ya la separación de poderes. Sus diputados ganaron mayoría abrumadora en el Congreso en 2021 y, a partir de entonces, el presidente empezó a dinamitar los diques legales que la Constitución salvadoreña tiene levantados desde la versión que se escribió y aprobó en 1950 y que permanecieron ahí en las posteriores de 1962 y 1983.
El culmen de esa ruta llegó el 1º de mayo de 2021, cuando la supermayoría de diputados bukelistas tomó posesión del Legislativo. Ese día, dice Rodolfo González, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, se rompió el orden constitucional en El Salvador.
“Dracarys”, escribió la diputada Suecy Callejas a las 10:14 p.m. de aquel 1º de mayo. Callejas utilizó el término inventado por el escritor George R. R. Martin, autor de la popular saga “Game of Thrones”, con el que se nombra a la orden dada a los dragones de sus libros para que lancen fuego y destruyan a sus enemigos. Así describió la diputada bukelista lo que estaba a punto de suceder: el inicio del fuego que consumiría el estatus quo y, de paso, la Constitución de El Salvador.
Aquella noche, la bancada oficialista destituyó, saltándose los procesos establecidos por la ley, a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia para instalar en sus puestos a jueces nombrados a dedo por el bukelismo. “Ese día quitaron todos los diques jurídicos cuando impusieron a los usurpadores (en la Corte Suprema) y dejaron el poder desnudo. Fue ahí cuando empezó la ruptura constitucional en el país”, opina Rodolfo González, el exmagistrado del Supremo.
No fue, aquella, una noche exenta de imágenes del pasado. En las residenciales de San Salvador en que vivían los magistrados destituidos circularon patrullas policiales y vehículos sin placas. A varios de ellos los amenazaron, e incluso los obligaron a firmar sus renuncias con amenazas de represalias personales, según algunos relataron luego a periodistas salvadoreños.
“(La toma del Poder Judicial) se une a la complicidad de la cúpula policial y militar corrupta para generar miedo”, dice al respecto el exmagistrado González.
Uno de los argumentos de los diputados de Bukele, como Suecy Callejas, es que la bancada oficialista había recibido un mandato para eliminar el “sistema corrupto” anterior. González entiende que este es un argumento espurio y explica que la ley salvadoreña también tiene mecanismos para garantizar que los poderes del Estado ejerzan contraloría entre ellos. Es por eso, dice, que los magistrados del Supremo son elegidos para periodos de nueve años y los diputados solo para tres años.
Bukele no se detuvo una vez había descabezado a la cúpula del Judicial. Usó a los magistrados escogidos por él para escribir dos episodios necesarios en su camino a la reelección; los utilizó para purgar a la judicatura de jueces molestos y para abrir un resquicio al reenganche a la presidencia.
Ya el vicepresidente de Bukele, el abogado Félix Ulloa, había anunciado antes del 1º de mayo que, por encargo de su jefe, convocaría a una comisión para estudiar reformas a la Constitución, pero se cuidó de tratar directamente el asunto de la reelección. Para eso estaban los magistrados impuestos.
En septiembre del año pasado, la nueva Corte aprovechó un expediente viejo para fabricarle a Bukele la posibilidad de la reelección. El abogado Enrique Amaya había demandado a una candidata a diputada que, en 2020, propuso como plataforma promover el reenganche del presidente, lo cual según el artículo 75 de la Constitución es ilegal. En una resolución que sigue generando estupor entre varios constitucionalistas salvadoreños, los magistrados de Bukele determinaron, en tres páginas, que no condenarían a la candidata a diputada porque el abogado Amaya no había presentado pruebas suficientes; luego, en los siguientes 20 folios, reinterpretaron el artículo 152 para dar al presidente un argumento.
En su primer inciso, el artículo constitucional 152 establece que no podrá ser presidente de la república quien haya ejercido el cargo durante el periodo inmediato anterior. Según la interpretación de los magistrados de Bukele, el periodo inmediato anterior no se refiere al periodo 2019-2024, sino al que duró de 2014 a 2019. Eso, dice el jurista González, es absurdo: el nuevo periodo, en este caso, es el que empieza en 2024 y termina en 2029, el que le antecede es el que Bukele está ejerciendo ahora. Ergo, la reelección no es posible.
Incluso la Real Academia de la Lengua terció en el asunto tras consulta de un tuitero. “La secuencia ‘el año inmediato anterior’ es válida y de sentido equivalente a la más habitual ‘el año inmediatamente anterior’. Así, 2021 es el año inmediato (o inmediatamente) anterior a 2022 porque es contiguo a este y le precede”, escribió la academia en @RAEinforma, su cuenta oficial. La lógica de los académicos parece inapelable: No puede ser presidente de El Salvador en el periodo 2024-2029 quien lo ha sido en 2019-2024.
Pero, además, advierte González, los candados a la continuidad existen en los artículos 154, 131, 88, 248 y 75 de la Constitución.
Después del anuncio de Bukele el 15 de septiembre pasado, la propaganda gubernamental ha utilizado su periódico impreso, financiado con fondos públicos, a los diputados, a analistas políticos afines y cuanto recurso tiene al alcance para intentar justificar el bulo de la reelección. Como lo hacía el dictador Maximiliano Hernández Martínez durante el martinato en palabras del historiador Héctor Lindo: “echar cortinas de humo sobre la realidad nacional”.
El camino lo habían empezado a pavimentar Nayib Bukele, sus financistas y padrinos políticos desde mucho antes. Fue allá por 2012 cuando, de la mano de un excomandante guerrillero con los bolsillos llenos de petrodólares venezolanos y luego de un operador político señalado por vínculos con el narcotráfico, Bukele empezó a construir su personaje.
Entre 2012 y 2015 Bukele utilizó redes sociales y una infraestructura mediática para construirse la imagen que le serviría para ascender primero a alcalde de la capital salvadoreña y, desde ahí, a la presidencia de la república. Fue entonces cuando empezó, también, a construir dos de las alianzas en las que se ha basado su carrera y su gestión, la que hizo con José Luis Merino, líder del izquierdista partido FMLN, en cuyo seno Bukele creció, y la que hizo, como alcalde de San Salvador, con las pandillas MS13 y Barrio 18 para crear la narrativa más importante en su carrera política, la de la seguridad pública.
La alianza con Merino abrió a Bukele el acceso al dinero proveniente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, que tan importante fue, por ejemplo, para la consolidación de Daniel Ortega, el dictador nicaragüense con quien ya se compara al presidente salvadoreño. Entre 2012, Bukele recibió a título personal USD 1.9 millones de Alba Petróleos. Algunos de sus colaboradores más cercanos también recibieron dinero venezolano, que fue utilizado en parte para alimentar un canal de televisión y proyectos urbanísticos que elevaron la imagen del entonces novel político.
Merino también se aseguró de redirigir votos del FMLN a la campaña presidencial de Bukele, según han confirmado a Infobae al menos tres políticos que fueron directivos del partido de izquierda, uno de los cuales pidió una auditoría interna por el uso del dinero venezolano.
Ya como alcalde de San Salvador, Bukele entabló un pacto con la MS13 y el Barrio 18 a nivel municipal. Investigaciones judiciales y periodísticas han señalado como operadores de ese acuerdo a Carlos Marroquín, actual secretario presidencial, a Ernesto Sanabria, secretario de prensa, y a Osiris Luna Meza, jefe de cárceles y viceministro de seguridad. Los tres han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos.
La popularidad que construyó en parte con dinero venezolano y gracias su pacto con las pandillas le allanaron el camino a la presidencia en 2019. Cuando ya Bukele estaba en Casa Presidencial otro pacto se hizo evidente, el que tenía con el entorno de Antonio Saca, un expresidente de la derecha salvadoreña que está preso por corrupción. Funcionarios y operadores de Saca, entre ellos su primo Herbert Saca, el mismo Sanabria y Gustavo Villatoro, actual ministro de Seguridad Pública, pueblan o influyen en algunas de las oficinas más importantes del gobierno.
A esta receta de dinero venezolano y operadores de los viejos poderes políticos del país se sumó, a partir de 2019, una camada de asesores extranjeros, la mayoría de Venezuela, encabezados por Sara Hannah Georges, que se convirtieron en creadores, promotores y propagandistas de las principales políticas públicas del gobierno Bukele, entre ellas el cierre de accesos a la información pública durante la pandemia por Covid-19, la implementación del Bitcoin como moneda de circulación legal, la instalación del régimen de excepción en marzo tras una matanza de marzo de 2022 por la ruptura temporal del pacto con las pandillas y, por último, del anuncio de la reelección. “En todo hay siempre algo de la mano de Sara Hannah”, dijo a Infobae un funcionario del Ejecutivo quien habló desde el anonimato por razones de seguridad.
El 27 de marzo de 2022 fue el día en que la Asamblea Legislativa decretó el régimen de excepción que, después de seis meses, sigue vigente en el país. Aunque esa vez la diputada Suecy Callejas no tuiteó “Dracarys”, los efectos del fuego bukelista también se hicieron sentir. Desde entonces, la suspensión de garantías constitucionales ha servido de marco legal para enviar a la cárcel a 52,000 salvadoreños, algunos de ellos opositores políticos, para asesinatos extrajudiciales en las prisiones y para la instauración de un miedo a disentir que se riega rápido y ya consumió a gremios que antes se opusieron a los desmanes del presidente, como las organizaciones más grandes de empresarios privados.
Durante el régimen de excepción, el ministro de seguridad Gustavo Villatoro también ha propuesto reformas para restringir aún más, y de forma permanente, garantías de debido proceso judicial y de expresión.
Son, de nuevo, similitudes entre el régimen de Nayib Bukele que empieza a gestarse y el de Maximiliano Hernández Martínez que duró 13 años: “La manipulación de la Asamblea Legislativa con diputados serviles que automáticamente siguen la línea del Poder Ejecutivo” y “el uso del sistema judicial para intimidar opositores”.
Muy poco parece ya obstruir el camino de Bukele hacia un segundo mandato. Ni siquiera el Estados Unidos de Joe Biden, que puso el grito en el cielo en mayo del 2021 por el golpe al Judicial, ha salido ahora a decirle algo al salvadoreño. El último martes, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente salvadoreño utilizó el podio para pedir a “los vecinos grandes” que no se metan con él. Lo dicho: con el camino despejado, Nayib Bukele construye, sin apenas oposición, su propio martinato.