La creciente complejidad de las sanciones y su imposición en países que atraviesan crisis humanitarias han suscitado las dudas sobre su efectividad y reflejado que en muchos casos el resultado obtenido es contraproducente, advirtieron este martes congresistas estadounidenses e investigadores.
Su debate virtual organizado por la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, que promueve el cumplimiento de esos derechos de forma no partidista, expuso que esos vetos «acaban siendo una forma de castigo colectivo que no consigue nada salvo hacer caer a la gente en una pobreza exacerbada y alimentar el sentimiento estadounidense».
Así lo reflejó el congresista demócrata Jim McGovern, que recordó que a fecha de octubre de 2021 el Gobierno estadounidense había sancionado a más de 9.400 individuos y entidades en más de 20 países y que, a medida que el uso de esa herramienta política y económica ha aumentado, también lo han hecho sus daños colaterales.
Entre esos efectos, según sus palabras, la intensificación de crisis humanitarias, como en Afganistán; el fortalecimiento de economías ilícitas y beneficios para organizaciones criminales, como en Venezuela; u obstáculos a la diplomacia y a la construcción de la paz.
El congresista republicano Christopher Smith, coanfitrión de la reunión, añadió: «Hay que tener en consideración si las sanciones provocan el cambio deseado o si simplemente exacerban a largo plazo una situación mala».
Para Bruce W. Jentleson, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Duke, la imposición de sanciones plantea un dilema ético fundamental, el de las intenciones previstas frente a las consecuencias obtenidas.
Ucrania y Rusia
Entre los países recientemente sancionados por Washington se encuentran Rusia por la invasión de Ucrania; o Irán por la represión violenta de las manifestaciones contra la violencia a las mujeres y la obligatoriedad del velo.
«Debemos estar abiertos a la posibilidad de que las sanciones no estén funcionando. De que sean negativas en el sentido de que empeoren la política estadounidense y a la gente afectada. Deben ser combinadas con diplomacia», añadió el profesor.
En el pasado ha quedado demostrado que la exclusión financiera, a su juicio, hace germinar nuevos conflictos y obstaculiza el trabajo de las ONG y de la entrega de asistencia humanitaria al incrementar los costes de su labor y la confusión en torno a las actividades permitidas.
Un ejemplo claro de los efectos contraproducentes, según Delaney Simon, analista del International Crisis Group, es Colombia: la designación de las FARC como organización terrorista no cambió hasta cinco años después de la firma de la paz en 2016 y en ese tiempo los combatientes desmovilizados no pudieron conseguir trabajo o abrir cuentas bancarias.
Los expertos abogaron por la puesta en marcha de mecanismos que evalúen el impacto provocado, por sanciones que contemplen no solo los objetivos buscados, sino también sus efectos, y por salvaguardas que permitan levantarlas con rapidez en cuanto cambie la situación original.
«Estados Unidos no debería apoyarse solo en las sanciones como método para proveer justicia a los oprimidos o para debilitar estados hostiles», concluyó Gabriel Noronha, integrante del Instituto Judío para la Seguridad de Estados Unidos.
EFE
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