Lapatilla
Después de una accidentada audiencia, la jueza primera especializada de Cundinamarca avaló el preacuerdo que firmó la Fiscalía General con Jonathan Torres y en el cual aceptó su plena responsabilidad en el crimen de su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón.
Por semana.com
Las pruebas contra Torres eran contundentes, videos de cámaras de seguridad, llamadas interceptadas, declaraciones de testigos y el cuerpo de Adriana Pinzón, encontrado en avanzado estado de descomposición, pero en la bolsa en la que la sacó de su vivienda, sumado al intento de vender el carro de la psicóloga, no dejaban dudas. Por eso, la pena que se le impuso de forma inmediata fue de 28 de cárcel.
Al comienzo de la diligencia judicial, y por petición de la representante de víctimas, Torres tomó la palabra y pidió excusas públicas por el asesinato. “Me arrepiento mucho, en su momento haré lo posible para poder ayudar a la Fiscalía a esclarecer los hechos”.
El procesado manifestó que tiene toda la intensión de entregar la información que sea requerida por parte de las autoridades. “En ese momento, no sé, me acaloré y perdí el control de mí mismo, señor juez, lo lamento mucho (…) No fue nada económico, sino pasional”.
En una etapa reservada les explicó a los familiares de Adriana Pinzón los móviles que lo llevaron a atentar contra la vida e integridad. Esta versión la entregó atendiendo la petición de la Procuraduría y los representantes de víctimas que señalaron que si no entregaba toda la información sobre los hechos que rodearon el crimen, no se podía avalar el preacuerdo.
En la negociación, que se finiquitó el pasado 5 de julio, Torres reconoció su plena responsabilidad en el homicidio agravado, hecho por el cual se fijó una pena de 28 años de prisión. Igualmente, se estableció una colaboración con las autoridades para conocer los móviles del crimen y los nombres de otras personas involucradas.
En la presentación del preacuerdo se conocerán los móviles que llevaron al procesado a asesinar a su propia cuñada, meter su cuerpo en bolsas de basura y dejar el cadáver en la vereda Río Frío, en zona rural del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
A finales de agosto se adelantará la audiencia en la cual se leerá el fallo completo contra Torres. Fuentes cercanas han manifestado que el procesado, varias veces, ha pedido protección porque siente su vida amenazada.
En la actualidad se encuentra en los calabozos del edificio del antiguo DAS en el centro de Bogotá.
¿Cómo fue el crimen?
Durante la audiencia se conoció el dictamen de Medicina Legal que señala que el cuerpo de Adriana Pinzón registraba signos de tortura, ahogamiento y once heridas con arma blanca.
Frente a estas evidencias, la defensa de las víctimas manifestó que no conocía estos detalles al momento de firmar el preacuerdo el pasado 5 de julio. Consideran que esta sevicia demuestra la crueldad con la que actuó Jonathan, quien ha callado al reconocer los móviles de este asesinato.
La Fiscalía General sostiene que Torres fue la última persona que tuvo contacto con Adriana en la tarde el 7 de junio. Las imágenes de las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vivía la psicóloga en el municipio de Chía (Cundinamarca) lo registran entrar dos veces al apartamento.
En esa oportunidad, Torres llegó a las 12 del día al conjunto y estuvo casi cinco horas dentro del apartamento. Las cámaras registraron cómo sale con un maletín de su propiedad y lo que parece ser un palo de escoba. Todos estos elementos los lleva al parqueadero donde estaba el vehículo de Adriana y sale del conjunto.
Una hora después, llega nuevamente al conjunto manejando el carro. Camina hasta el apartamento de Adriana y unos minutos después sale cargando una pesada bolsa negra, la cual ubica en el baúl del carro y sale nuevamente.
Las pruebas documentales certificaron que Torres se dirigió a un concesionario ubicado en Chía para vender por 33 millones de pesos el vehículo Mazda2 que estaba a nombre de Adriana. Los documentos conocidos por SEMANA revelaron que una mujer firmó todos los documentos.
La negociación tuvo un traspié, puesto que no se había hecho el levantamiento de prenda, un trámite que garantiza que el carro no tenga ningún tipo de compromisos financieros. Este documento es indispensable a la hora de realizar cualquier traspaso.
En ese momento, Torres aseguró que iba a comunicarse con Adriana para que firmara el documento y enviara por medio de un Uber todo lo que se necesitaba para vender el vehículo.
Los investigadores encontraron que en el automóvil propiedad de Adriana había manchas de sangre. Los mismos rastros se encontraron en el apartamento de la psicóloga. En uno de los informes se encontró que se intentó limpiar, con múltiples elementos de aseo, cualquier rastro.
El contrato de compra y venta refleja que la mujer que acompañaba a Torres firmó el documento con la Comercializadora Automotriz Like S. A. S. en el que se acordó la compra de otro vehículo Mazda2 modelo 2011.