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El Juzgado 21 de Ejecución de Penas concedió una tutela que instauraron la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra y la corporación jurídica Humanidad Vigente para que el Ejército en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, cese las actividades cívico-militares en las que participen niños, niñas y adolescentes por el riesgo al que terminan expuestos, así lo reseñó INFOBAE.
La decisión se debe a que no solo el accionar criminal de los grupos armados ilegales afecta a los menores, sino también las actividades en las que participan con la Fuerza Pública, informaron en el periódico El Espectador.
Explicaron que la decisión judicial se conoció el 1º de diciembre y establece también que los militares deben abstenerse de implicarlos en actividades como visitas escolares a sus sedes institucionales, así como las de los uniformados a las instituciones educativas.
Anotaron en el diario antioqueño que también se estaría también transgrediendo la ley y las recomendaciones de organismos internacionales, porque las mencionadas actividades no han contado con el acompañamiento de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General de la Nación.
El fallo, reseñaron en El Espectador, obliga también a que la Gobernación del departamento lleva a cabo a labores de vigilancia y garantía de los derechos de los habitantes menores de edad.
Y es que en el contexto de violencia en Arauca terminan involucrados menores de edad en medio de la guerra en que se encuentran los grupos armados ilegales en esa zona del país, como ocurrió con los adolescentes Emerson Stiven Báez y Yan Sebastián Tarazona que están en poder de ELN, cuya retención justificaron porque supuestamente ellos estaban lanzado granadas contra el comercio e instalaciones sociales en el municipio de Saravena por ordenes de la disidencia de las extintas FARC de alias Antonio Medina.
“Denunciamos ante la comunidad internacional y nacional el matrimonio existente entre la Fuerza Pública, Policía, Ejército y el grupo narcoparamilitar encabezado por ‘Antonio Medina’ y sus aliados”, aseguró el grupo armado en un comunicado.
El personero del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, José Luis Lasso, dio a conocer la difícil situación que se vive en materia de orden público por cuenta del secuestro, de por lo menos, cinco menores de edad en una entrevista con la emisora La W Radio.
“La situación es delicada en nuestro departamento, en las últimas semanas han desaparecido por lo menos ocho personas, cinco menores de edad, dos de ellos están retenidos por el ELN quien los señala de estar siendo utilizados por las disidencias”, indicó en el medio radial.
El secuestro de los menores ha trascendido hasta el alto Gobierno, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante la graduación de más de 2.500 patrulleros de la Policía Nacional, aseguró que el ELN debe liberar a todos los secuestrados.
Pero más allá de la situación en Arauca, se debe recordar que aunque en las Fuerzas Militares llevan a cabo actividades con la población civil para estrechar lazos con la comunidad, ocurren situaciones como la de sufrir ataques armado en las que los ciudadanos quedan bajo el fuego cruzado, en especial en zonas de conflicto.
Un ejemplo ocurrió en El Tarra (Norte de Santander) donde el Ejército le celebró a 2.500 pequeños el Día del Niño, en abril de este año, en la base militar del municipio, pero en medio de los festejos, una de la disidencias atacó a la sede militar y los menores, con sus padres, quedaron en medio del cruce de disparos. Del hecho se conocieron angustiantes videos en que los asistentes tuvieron que quedar tendidos en el piso para resguardarse.