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Desde labores sociales, hasta restricción de libertades, aquellos que fueron afectados por la guerra en Colombia le expusieron a la jurisdicción de paz unas posibles sanciones, para aquellos que se acojan adecuadamente a dicha jurisprudencia.
Por infobae.com
Mientras avanza el proceso del caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que habla de la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes, cometidos por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC – EP, donde en su mayoría se imputó al antiguo secretariado de esta desmovilizada guerrilla, las víctimas le han pedido a esta entidad tomar en cuenta una serie de sanciones, dónde los responsables tendrían que realizar ciertas labores sociales, con el fin de seguir aportando a la verdad y reparar a los afectados.
Es que al parecer las víctimas no están muy conformes con la forma en la que se judicializa harían a los cabecillas y responsables de estos casos de secuestro recordemos que finalizando el gobierno de Iván duque se presentó un borrador en el consejo Nacional de política económica y social CONPES el cual fue rechazado por los afectados asegurando que no fueron teñidos en cuenta en la forma cómo serían reparadas.
“Este Conpes no tiene en cuenta a las víctimas, cuyo rol debería ser central en la imposición de las sanciones a los responsables (…) está ajustado a los compromisos del Acuerdo a las agendas de su partido y no a los intereses de las víctimas (…) no presenta un diagnóstico diferenciado frente al componente de sanciones propias para los casos en que el compareciente/victimario ostenta la calidad de agente de Estado”, declaró Sergio Arboleda, uno de los abogados representantes de las víctimas en diálogo con El Espectador.
Cabe resaltar que la JEP tiene tres tipos de sanción para aquellos que se están sometiendo a dicha jurisdicción, una son propias, otras alternativas y otras ordinarias; las cuales se contemplan para quiénes reconozcan su responsabilidad en los hechos, además, de la aportación qué los implicados han tenido para estos casos.
Explicando un poco más a fondo, las sanciones propias tienen un cumplimiento entre los 5 y 8 años, qué entre otras cosas, contempla restricciones a la libertad y algunos derechos, y se aplican a quienes no aceptan los delitos que se le imputan, y/o a quienes no aporten la verdad sobre esos casos. La pena máxima qué se le puede imputar a estas personas es de 20 años de prisión.
Una de las formas en las que los implicados tendrán que resarcir a las víctimas, se da bajo el mecanismo de Trabajos, Obras, Actividades con Contenido Reparador y Restaurador (TOAR), que principalmente se les aplicarían a los ex miembros del secretariado, entre esos están Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, entre otros.
Todo esto que estarían solicitando las víctimas va ligado a unos proyectos de restauración, enfocados en la reconstrucción de memoria y reparación simbólica, ayudando, por ejemplo, a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desminado de campos, contribuciones al medio ambiente, entre muchos otros.
Tal vez el más significativo sea el de aquellas personas desaparecidas, dónde se propone hacer una especie de mapa con los posibles sitios donde estarían enterrados los cuerpos, además, de realizar jornadas de recopilación de información, que permita esclarecer esos hechos, con el fin que las familias puedan encontrar los restos de sus seres queridos. Frente a esto los afectados siguen insistiendo en que los responsables asuman su parte en estos delitos de forma pública.
Entre muchas otras cosas que se le está pidiendo a la JEP, las víctimas piden que se les entregue un mecanismo que les garantiza el cumplimiento de estos acuerdos, condición que fue aceptada y solicitada también por los ex miembros de la extinta guerrilla.