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El narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán más buscados por Estados Unidos, cumple un mes detenido en medio de incertidumbre sobre su posible extradición y cuestionamientos a la política de seguridad de México.
Las dudas sobre el futuro de Ovidio, capturado por el Ejército mexicano el 5 de enero en el norteño estado de Sinaloa, han crecido desde que hace 10 días un juez le otorgó un amparo que frena de forma indefinida su extradición a Estados Unidos, que tiene hasta el 5 de marzo para presentar una solicitud formal.
Esto refleja “una actitud laxa del Gobierno mexicano” para que la defensa de Ovidio presente recursos para impedir que avance el proceso y “ajustarlo a los tiempos de la política en México”, señala a EFE el consultor en políticas públicas y seguridad David Saucedo.
“El Gobierno mexicano está poniendo en marcha todos los mecanismos de burocratismo, de tortuguismo del sistema de justicia mexicano para ir administrando los tiempos de la extradición de Ovidio Guzmán”, indica el experto, quien estima que el proceso tarde hasta un año y medio.
¿PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS?
La captura del heredero del “Chapo” sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha negado cualquier relación entre los dos hechos.
“Que si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el presidente Biden, que si se lo detuvo es porque queríamos quedar bien con el presidente, es un argumento muy ramplón”, declaró López Obrador tras los cuestionamientos el mes pasado.
Ovidio, conocido también como “El Ratón”, es uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos, que ofrecía 5 millones de dólares por su captura desde diciembre de 2021, porque lo acusa de delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas en ese país.
Aunque no hay elementos para afirmar que Washington presionó a México para detener al hijo del “Chapo”, sí destaca que ocurriera antes de la visita de Biden, apunta Lilian Chapa, investigadora sénior del World Justice Project.
“El hecho de que coincidiera con la visita del presidente Biden se puede tomar como un mensaje de buena voluntad o un mensaje del Gobierno mexicano de que sí hay acciones contra estos grupos criminales”, comenta la especialista en justicia y seguridad.
En Estados Unidos “por el momento están satisfechos” con la captura de Ovidio y con el “restablecimiento de los vínculos de colaboración” entre la agencia antidrogas (DEA) y el Gobierno de México, agrega Saucedo.
“Aunque el Gobierno de México negó la participación de las agencias americanas en la localización de estos objetivos prioritarios, yo no tengo ninguna duda de que tuvieron un papel muy importante, muy activo”, opina el consultor.
LA CUESTIONADA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE MÉXICO
La captura del “Ratón” no implica un cambio de estrategia contra el narcotráfico del Gobierno de López Obrador, quien ha popularizado la frase “abrazos, no balazos”, indica Chapa.
“No hay una estrategia de confrontación directa, tampoco por la vía de la justicia y de la acción penal del Estado contra estas organizaciones. Es más bien bastante pasiva ante la actividad, porque por supuesto que siguen teniendo sus actividades y acto de violencia”, menciona la investigadora.
Y aunque López Obrador se anotó “un buen punto” con la detención de Ovidio, “prácticamente no se debilitó en nada el Cártel de Sinaloa”, advierte Saucedo.
“Desde el punto de vista práctico-operativo de trasiego de drogas, prácticamente no tuvo ningún tipo de afectación a los flujos de droga de exportación hacia los Estados Unidos, desde hace tiempo el Cártel de Sinaloa ya tenía diseñado un plan de contención para poder enfrentar la posible ausencia de Ovidio”, manifiesta.
Además, los expertos coinciden en que el proceso evidencia las debilidades del sistema de justicia mexicano.
“Desafortunadamente y eso es algo que hay que señalar mucho, (Ovidio) no será procesado por las autoridades de nuestro país. Los posibles delitos que haya cometido en México no serán procesados penalmente y solamente nos podremos quedar con el juicio que le lleve a cabo el sistema de justicia norteamericano”, concluye Chapa.
EFE