Lapatilla
Las encomiables labores de muchas organizaciones no gubernamentales (ONGs) les han ganado la estima de la sociedad venezolana actual. Ante la destrucción de la economía y el colapso del Estado, con su consecuente incapacidad para responder a las múltiples demandas de la población, venezolanos conscientes, de gran sensibilidad social y espíritu solidario, dispuestos a ayudar al prójimo, fueron estructurando, en respuesta, organizaciones diversas. Con sus esfuerzos en parcelas particulares del quehacer social, han ido llenando el vacío dejado por la devastación institucional. Así, en campos de la salud, educación, cultura, medios, alimentación, igualdad femenina, de los LGTBI, derechos indígenas, vejez, seguridad personal y muchos otros, el venezolano de a pie ha podido encontrar asistencia y amparo ante sus carencias. Pero es, sobre todo, en torno a la defensa de los derechos violentados por la represión, el acoso y la desidia de los círculos más elevados de poder, donde han adquirido más significación y prestancia. Porque sin derechos civiles y políticos elementales, el venezolano difícilmente puede luchar para hacer valer sus derechos en los demás ámbitos de su vida. Y, sintiendo su poder desafiado por este compromiso de las ONGs por hacer respetar y cumplir los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, instancias del chavo-madurismo han aprobado, en primera discusión de la asamblea oficialista, un proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
En el proyecto que leo en mi computadora, luego de unos primeros artículos anodinos sobre asuntos de registro, definiciones y otros aspectos administrativos, se hace conocer, a partir del artículo 7, su verdadera intención. Éste se intitula, “De la limitación de sus facultades”. Deben acotarse, expresamente, a “las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras, que estén fijadas en sus estatutos”. Suena lógico. Pero con base en tal enunciado se introducen acciones de supervisión y control por parte del Ejecutivo Nacional, como las sanciones correspondientes si se transgrede la norma, sobre todo si “comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la asociación civil” (numeral 3, artículo 13). Para quienes carecen de suspicacia, la transgresión anterior se hace explícita más adelante, en el artículo 15, referente a las Prohibiciones:
“Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional: 1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos 2. Realizar actividades políticas 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”. (negritas mías, HGL)
Dada la plasticidad complaciente con que jueces abyectos aplican la ley, el último numeral deja en manos de la discreción autocrática las demás actividades a prohibir. Entre las sanciones, está la disolución de la ONG, incluyendo “medidas cautelares … para evitar la continuación del delito.” Y, más adelante (artículo 16), se establece que, si la ONG no notifica lo que recibe como donaciones, “será castigada con la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida, sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar, en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, si fuese el caso.” (negritas mías, HGL)
Para disipar toda duda respecto a la intencionalidad de este proyecto de ley, basta leer su exposición de motivos. Parte de la existencia de una conspiración internacional que, “anclado en el derecho de asociación que está consagrado en la Constitución” (…) abusa de esta libertad a través de las ONGs, “en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares.” (…) “Un análisis riguroso (¡!) de estas instituciones permite observar que dependen casi en exclusiva de la «ayuda» de los gobiernos occidentales que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica y que se relacionan con un marco de intervención.” Por tanto, la normativa a aprobar, “reivindica la soberanía del Estado” (OJO, no de la nación), para enfrentar esta amenaza. En palabras de Diosdado Cabello: “Las ONG de Venezuela no dependen del Gobierno Bolivariano, dependen del gobierno de Estados Unidos. Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero”.
La esencia de todo régimen totalitario es copar todos los espacios de poder, controlando los aspectos más básicos de la vida en sociedad, para perpetuar la posición de dominio de quienes ejercen el poder central. Esto implica, por tanto, la prohibición de la política como ejercicio soberano de quienes integran la nación venezolana. La normativa en comento encubre este despropósito manifestando, en su artículo 3, que “facilita el derecho de asociación licita, previsto en la Constitución.” Sin embargo, el último artículo (17) aclara que: “De manera expresa, se favorecerán formas de organización popular comunitaria y comunal que busque participar en la solución de los problemas locales, así como en la garantía de los derechos humanos.” Reaparece, así, el adefesio comunitario, controlado desde el poder por las leyes dictadas al respecto, la versión chavista del Estado Corporativo fascista de Mussolini.
Aristóteles señaló que el ser humano es un zoon politikon (animal político). Afirmaba, así, el apremio de participar activamente en los asuntos públicos (res publica) de las ciudades-estado griegas, atributo central de su democracia. Hoy, la sociedad civil se activa en la forma de un poder ciudadano amparado en derechos individuales irrenunciables, sujetos al cumplimiento de sus deberes, que acreditan su demanda porque le sean rendido cuentas de manera transparente de la gestión pública y se le garantice justicia, conforme a los criterios contemplados en el contrato social (constitución) con base al cual se articula esa sociedad. En Venezuela, al desmantelar el Estado de Derecho, la lucha por que sean observados los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna ha sido asumida, en sus diferentes manifestaciones, por las llamadas Organizaciones No Gubernamentales. Y es ese ejercicio de ciudadanía, contrapeso de los abusos cometidos desde el poder, lo que la autocracia militar despótica chavo-madurista no se puede permitir. Sobre todo, aquellas ONGs que denuncian sus atropellos ante los organismos defensores de los derechos humanos de la ONU y la OEA, así como ante la Corte Penal Internacional. De ahí el acoso y persecución de activistas, su represión y encarcelamiento, la tortura de quienes luchan por la democracia, y la agresión contra medios de comunicación independientes, cuyo zarpazo más reciente ha sido el ataque, la semana pasada, contra el diario El Nacional. Ahora pretenden complementar su arsenal represivo con este instrumento jurídico para acabar con las ONGs que desafían el poder autoritario de quienes se han cogido el país para ellos, militares y civiles. Para los opresores, las ONGs estarían financiando actividades terroristas (¡!).
Es emblemática que esta ofensiva sea asumida por la figura más conspicua del fascismo venezolano, Diosdado Cabello. ¡Siempre habrá enemigos a vencer, a quienes no debemos dar cuartel! ¡Para eso estamos nosotros, los militares chavistas sin escrúpulos!, parece espetarnos con sus cínicas imprecaciones. Y uno se pregunta, ¿Cómo encaja ello en el escenario de la supuesta normalización que Maduro pretende simular, de su interés por ser aceptado por la comunidad internacional y la continuidad de las negociaciones con sectores de oposición? La apelación a los primitivos esquemas represivos del chavismo y a colectivos fascistas que amedrentan la protesta no son buenos augurios.
No podía faltar, en este orden, la incesante alaraca “en defensa de la patria ante la agresión imperialista”, para que sean levantadas las sanciones contra los personeros centrales del chavismo, violadores de derechos humanos, blanqueadores de dineros mal habidos y otras vagabunderías. Porque lo que en realidad se defiende, como los venezolanos estamos hartos de confirmar, es la impunidad con que los que se han apropiado del Estado han amasado inmensas fortunas, al amparo de la destrucción del ordenamiento constitucional y la democracia. Lo que queda son las ONGs: ¡A defenderlas!
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, [email protected]