Lapatilla
La defensa de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez demandará al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades por una supuesta designación ilegal durante su gestión transitoria.
En la víspera fue rechazada una acción de amparo constitucional presentada por la defensa de la exmandataria dentro del proceso iniciado por la designación supuestamente irregular que efectuó Áñez en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), explicó a EFE este martes uno de sus abogados defensores, Luis Guillén.
Según el jurista, ya no es necesaria una sentencia dentro del proceso, pues “ya la Justicia boliviana ha dado su última palabra que es desconocerle ese derecho a Jeanine Áñez de ser juzgada en un juicio de responsabilidades” como corresponde a cualquier expresidente.
“Con esta última palabra, las vías internas han sido agotadas y cumplimos con el requisito de haber agotado todos los caminos dentro de la Justicia boliviana” y ahora se acudirá “cuanto antes” a la CIDH para denunciar el incumplimiento del derecho que tiene toda persona sometida a un proceso, de “ser juzgada por una autoridad competente”, indicó.
Guillén remarcó que esa competencia “solamente deriva de la ley, no de una analogía, ni de una interpretación” y ratificó que Áñez “ha fungido finalmente como presidenta del Estado, llámenla de facto, de hecho, o de derecho” y que las normas vigentes “no hacen ninguna diferencia” al respecto.
El abogado aludió así al argumento del oficialismo, que desconoce la legalidad de la transición para que Áñez asumiera la Presidencia en 2019, con el fin de juzgarla en procesos ordinarios por diversas causas y no en juicios de responsabilidades que dependen del Parlamento nacional.
En la demanda se incluirán como antecedentes “todos los demás atropellos y vulneraciones que ella ha ido sufriendo desde el momento de su aprehensión”, sostuvo.
“Es un cúmulo de vulneraciones que ha sufrido la exmandataria y el sistema interamericano de protección de derechos humanos debe actuar con la debida pertinencia”, agregó.
Áñez está encarcelada desde marzo de 2021 dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo, que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición.
El Gobierno de Luis Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), consideran que la salida de Evo Morales de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral a favor del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año.
En junio pasado, la expresidenta fue condenada a 10 años de cárcel por el caso “golpe de Estado II” acusada por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes por la manera en que se situó en línea de sucesión presidencial tras la renuncia de Morales y de las demás autoridades en la línea de sucesión.
También afronta el caso “golpe de Estado I” en el que se la acusa por terrorismo y que aún debe dirimirse en los tribunales.
EFE