Está listo y aprobado el modelo de invitación que será enviado a los mandatarios extranjeros para participar en la toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva el primero de enero próximo, confirmaron fuentes del gobierno de transición. La lista será larga, y uno de los presidentes que pretende incluir Lula actualmente tiene prohibido el ingreso a Brasil por una ordenanza de 2019, firmada por los entonces ministros de Justicia, Sergio Moro, y Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo: el venezolano Nicolás Maduro.
La relación con Venezuela cambiará drásticamente con el regreso de Lula al poder. El gobierno interino de Juan Guaidó dejará de ser reconocido como legítimo y, consciente de ello, su embajadora en Brasil, María Teresa Belandria, ya ha informado al cuerpo diplomático extranjero en Brasilia de su decisión de poner fin a su misión en el país.
El 26 de noviembre, Belandria, reconocida como legítima embajadora de Venezuela en 2019, decidió irse antes de la toma de posesión de Lula, todavía como embajadora, siguiendo las reglas del protocolo diplomático y por decisión propia, sin esperar una acción del gobierno electo.
Según O GLOBO, en la lista de venezolanos a los que el gobierno de Bolsonaro prohibió la entrada al país figuran más de 100 nombres, incluido Maduro. Fue elaborado con base en una ordenanza aún vigente: Ordenanza Interministerial Número 7, de 19 de agosto de 2019, basada, entre otros, en artículos de la Constitución brasileña, resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en declaraciones del extinto Grupo de Lima (creado en 2017 por 14 países para monitorear la crisis de Caracas y, en la práctica, apoyar a la oposición venezolana).
El artículo 1 de la ordenanza establece “las reglas para impedir el ingreso al país de altos funcionarios del régimen venezolano, que con sus actuaciones contravengan los principios y objetivos de la Constitución Federal, atentando contra la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia de los derechos humanos”.
El asunto aún no ha sido discutido en los contactos entre el gobierno de transición e Itamaraty, pero la decisión de invitar a Maduro ya está tomada y el conflicto debe surgir en los próximos días. Fuentes del gobierno de Jair Bolsonaro afirmaron que “la lista tiene sus bases y, para el gobierno actual, esas bases no han cambiado”.
Un buen conocedor, pocas palabras. Si el gobierno de Bolsonaro no elimina el nombre de Maduro de la lista, lo que parece muy poco probable, el oficialista no podrá asistir a la toma de posesión de Lula. Podría ir después, si el gobierno electo, una vez en el poder, anula la ordenanza.
La famosa lista de 2019 ya fue regateada por dirigentes chavistas recientemente, lo que provocó un profundo malestar en Itamaraty. En mayo, María Iris Varela Rangel, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y exministra de Asuntos Penitenciarios, acusada en el marco de la OEA de delitos de corrupción y violaciones de los derechos humanos -con base en un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- no solo ingresó a Brasil sino que fue recibida por altas autoridades del Congreso Nacional, además de tener reuniones con miembros de partidos políticos como PT y PSOL.
Varela Rangel está en la lista elaborada en 2019, pero logró ingresar a Brasil con pasaporte diplomático, en un vuelo con escala en Panamá. Días después fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires.
En ese momento, Itamaraty, contactado por la columna GLOBO de Malu Gaspar, dijo que no reconocía la legitimidad de la delegación y que, «sin perjuicio de la autonomía del Congreso Nacional», la visita de Iris Varela y otros dos diputados era contraria a “la orientación de la política exterior brasileña de no mantener contactos con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”. Sobre el ingreso de los parlamentarios venezolano al país, el ministerio destacó que “no es responsable de controlar el ingreso de extranjeros al territorio brasileño”.
Otras situaciones se dieron con ciudadanos venezolanos luego de la decisión del gobierno de Bolsonaro de cerrar la embajada en Caracas y todos los consulados en el país, adherir a las resoluciones de la OEA contra los líderes chavistas y reconocer la legitimidad del gobierno interino proclamado por Juan Guaidó. Luego de que Venezuela donara tubos de oxígeno al estado de Amazonas durante la pandemia, el gobierno estatal consideró invitar al general venezolano Justo Nogueira Pietro, entonces gobernador del estado Bolívar, a una visita.
La información llegó a representantes de Guaidó en Brasil, se dio una alerta y el general no fue invitado. Nogueira Pietro fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y es uno de los acusados de haber cometido violaciones de derechos humanos contra manifestantes opositores en 2014. Su nombre figura entre los investigados en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en una denuncia que aún está en fase preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Iris Varela también es investigada por el TPI.
A la toma de posesión de Bolsonaro, en enero de 2019, por un error que le costó al diplomático que en ese momento estaba a cargo del ceremonial en el Palacio del Planalto, Maduro fue invitado. Cuando se detectó el error, el oficialista fue eliminado de la lista, el diplomático fue removido y el cargo lo asumió el actual canciller, Carlos França, que ahora, como ministro a punto de dejar el cargo, tendrá que lidiar con el tema de Maduro.
El gobierno electo tiene la intención de reconstruir las relaciones con Venezuela de inmediato. El envío de un embajador a Caracas puede llevar algún tiempo, pues se requiere la aprobación del Senado. Pero la idea es reabrir la embajada y los consulados lo antes posible, para que los brasileños que viven en el país ya no tengan que recurrir a los consulados en Colombia. Lo más probable es que se envíe un encargado de negocios a Caracas hasta que un nuevo embajador pueda asumir el cargo.
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