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Varias organizaciones manifestaron su preocupación ante el proyecto de ley que ilegaliza las ONG en Venezuela, propuesto por el chavismo.
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A través de un documento manifestaron que “de aprobarse, esta ley tendría el efecto de seriamente obstaculizar y potencialmente, criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el país, y aumentaría el cierre del espacio cívico”.
A continuación escrito:
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la aprobación en primera vuelta de un proyecto de ley que busca criminalizar y obstaculizar aún más el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela: la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Este proyecto de ley fue presentado por el partido gobernante en la Asamblea Nacional de Venezuela—elegida en 2020 en un proceso electoral ampliamente cuestionado—y contraviene normas y estándares internacionales.
De aprobarse, esta ley tendría el efecto de seriamente obstaculizar y potencialmente, criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el país, y aumentaría el cierre del espacio cívico. Se trata de una estrategia más del gobierno para limitar la labor fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, que legítimamente defienden derechos y trabajan en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y la emergencia humanitaria en Venezuela.
El proyecto de ley fue debatido y aprobado en sesión legislativa el 24 de enero de 2023. Propone la creación de un “régimen uniforme” para la constitución, registro, funcionamiento y administración de las organizaciones no gubernamentales (ONG), obligándolas, entre otras cosas, a solicitar autorización para su creación y acreditación para poder funcionar en el país. Las organizaciones no podrán operar sin dicha autorización, y quienes lo hicieran podrán ser objeto de sanciones. Esto implica una restricción inaceptable a la libertad de asociación y otros derechos relacionados.
Además, el proyecto de ley integra “obligaciones” establecidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con un amplio lenguaje jurídico, lo cual es particularmente preocupante, dada la potencial criminalización de la capacidad de las ONG de recibir financiamiento extranjero.
Esta legislación obliga a las personas o entidades a inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, indicando y divulgando periódicamente la recepción de financiación extranjera. Quienes no se inscriban o no revelen sus fuentes de financiación podrían enfrentarse a multas, a la cancelación de su inscripción oficial y a acciones penales en virtud de la citada ley contra la delincuencia organizada. Además, el amplio lenguaje jurídico del proyecto de ley exacerbaría la actual persecución a las personas defensoras de los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 15.2 del proyecto de ley prohíbe que las ONG lleven a cabo “actividades políticas”, sin definir claramente qué se consideraría como tal. El artículo 15.3 del proyecto de ley establece que las OSC tienen prohibido “Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, y el artículo 15.4 añade la frase omnicomprensiva “cualquier otro acto prohibido por la legislación venezolana”. La violación de
este artículo podría acarrear la suspensión de las actividades de la organización, o incluso su disolución, tanto de oficio por parte de la autoridad competente o por un tribunal, si se abre un proceso penal y se declara la existencia de un delito.
Además, el lenguaje utilizado en el proyecto de ley es muy problemático, particularmente el énfasis que se hace contra la financiación extranjera, y la categorización de las ONG que acceden a dicho financiamiento como “agentes extranjeros” destinados a desestabilizar la “soberanía nacional.” Según las normas y estándares internacionales, las OSC deben tener la capacidad de realizar su trabajo sin indebidas limitaciones y obstáculos basadas en onerosos requisitos administrativos destinados a limitar su acción e impedir su existencia. Uno de los elementos esenciales del derecho a la libertad de asociación, es la posibilidad de acceder a financiación extranjera por parte de las ONGs nacionales, que, en muchos casos, es vital para su labor en materia de derechos humanos. Recordamos que, ya en 2021 se aprobó una providencia administrativa que les obligaba a revelar todos sus beneficiarios y donantes en una plataforma digital gubernamental, bajo el velo de la “lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada”. Esta medida fue rechazada en una carta abierta por más de 600 ONGs venezolanas. En julio de 2010, el Tribunal Supremo ya había atacado el financiamiento de las OSC al determinar que la obtención de recursos provenientes de estados extranjeros con la intención de emplearse en perjuicio de la República podría configurar traición.
Dado el complejo contexto en Venezuela, en relación con el estado de derecho, la democracia, el funcionamiento de los poderes del Estado, y en particular la falta de un poder judicial independiente, de aprobarse este proyecto de ley, varios derechos fundamentales están en aún más riesgo, incluyendo, los derechos a la privacidad, la libertad de asociación y de expresión, así como el derecho a defender derechos humanos. Más aún, podría convertirse en una herramienta para legitimar lo que es esencialmente la persecución y criminalización de los defensores de los derechos humanos.
Además, esta legislación es preocupante en el contexto de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, porque al restringir el trabajo de las ONG que documentan violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, se estaría restringiendo una fuente vital de información y pruebas para este tribunal. Esto, a su vez, se podría interpretar como una acción de obstrucción a la justicia, que socavaría las obligaciones internacionales del Estado venezolano.
Finalmente, con elecciones presidenciales programadas para 2024 y elecciones legislativas y regionales para 2025, Venezuela encara un periodo electoral que en el pasado ha resultado en picos de la política de represión del gobierno. Las organizaciones son las que, en el pasado, han monitoreado e identificado patrones de represión del gobierno y cualquier ofensiva contra el espacio cívico.
Las organizaciones firmantes destacamos que el avance de este proyecto de ley está acompañado de una estrategia sostenida en el tiempo para limitar el trabajo de las OSC, así como de un discurso oficial que, durante años, ha estigmatizado a las organizaciones que trabajan en derechos humanos. Al mismo tiempo, esta ley se da en un contexto de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y de persecución y represión en contra de personas, voces y organizaciones consideradas disidentes por el gobierno y a una completa falta de independencia judicial.
Por lo tanto, instamos a la comunidad internacional de países democráticos, en particular a los de América Latina, a que rechacen este proyecto de ley y hagan un llamado al gobierno de Venezuela a poner fin a la criminalización y persecución de las personas defensoras de los derechos humanos y las OSC. Finalmente, invitamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien visita el país esta semana, a rechazar y exigir a las autoridades el archivo de esta propuesta ley, y a destacar durante su visita la importancia de garantizar un ambiente propicio para que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar libres de presiones.
Organizaciones:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Robert F. Kennedy Human Rights
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)
Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Human Rights Watch (HRW)