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ANGGY POLANCO
“Justicia verdadera” es lo que continúan exigiendo familiares de Michelle Pernía de cinco años, la niña que murió luego de ser desconectada de una bomba de oxígeno, debido a que funcionarios de la Guardia Nacional (GN) impidieron el paso humanitario por el puente internacional La Unión a la ambulancia donde la trasladaban hacia territorio colombiano.
Luz Dary Depablos // Corresponsalía La Patilla
A siete días de la partida de la niña, la familia enfrenta el inmenso dolor en medio de mucha preocupación, por no contar con los recursos para el pago de los servicios funerarios.
Esperan que Tarek William Saab sea eficiente con este caso, como lo ha demostrado en “tiempo récord” con investigaciones relacionadas con el maltrato animal.
“Dijeron que sí, que iban a abrir la frontera. Para el contrabando sí hay paso, pero para pasar una criaturita, una emergencia, no hay paso”, manifestó Jhonatan Pernía, padre de la niña.
“En Puerto Santander, en Boca de Grita, tienen grabaciones de cómo pasan el contrabando en carro para acá, para Venezuela, por ese mismo puente. Y entonces, ¿por qué no hay paso para las personas que van de aquí para allá, graves de salud?”, denunció.
Aunque el gobernador chavista de Táchira, Freddy Bernal, anunció que se habría iniciado una investigación para identificar a los culpables, hasta la fecha “ningún organismo me ha llamado para asesorarme por lo que pasó con mi hija”, enfatizó Pernía.
Ambulancias sin gasolina
El calvario para que su hija recibiera asistencia médica comenzó desde que las ambulancias no contaban con combustible: a la primera ambulancia a la que acudieron en un ambulatorio, el conductor les exigía “60 litros de gasolina”, por lo que tuvo que buscar otra alternativa, pues no contaba ni con el combustible ni con el dinero.
Solicitó el servicio a funcionarios de Protección Civil municipal, quienes realizaron el traslado por 17 litros de gasolina, que fue lo único que su familia logró encontrar pasadas las 3:00 de la madrugada en medio de un fuerte aguacero.
Luego de enfrentar la lamentable noticia de la muerte de su hija, los gastos continuaron, pues por solo abrir la fosa en el cementerio le estarían cobrando 190 dólares. Sin embargo, un concejal logró que le redujeran el servicio a 40 dólares y en solidaridad cubrió ese gasto.
Pero la deuda principal con los servicios funerarios se mantiene, pues el monto total fueron 270 dólares, de los cuales con la colaboración de los vecinos solo ha logrado pagar 50 dólares y continúan con el saldo de 220 dólares, monto que es muy elevado para un padre que escasamente gana unos pocos pesos como ayudante en una cauchera, dinero que en muchas ocasiones no le alcanza ni para los alimentos de su hogar.
“Hay veces que uno hace para un kilito de arroz y hay día que nada más hace para un huevito. Se deben los gastos del servicio de funerario”, dijo con un nudo en la garganta el padre de la niña.
Sin sistema de salud
El municipio García de Hevia, a pesar de estar gobernado desde hace más de 17 años (cinco periodos continúos) por un alcalde chavista, no cuenta con un sistema de salud que garantice asistencia a sus ciudadanos, ni tampoco hay ambulancias disponibles con combustible para traslados de emergencia, por lo que los pobladores se ven obligados a cruzar la frontera a buscar ayuda en Colombia, pues es lo más cerca y donde consiguen insumos a cualquier hora.
Pernía espera que Tarek Saab inicie la investigación y haga justicia, porque esta violación a los derechos humanos ha ocurrido en reiteradas ocasiones por el puente internacional La Unión, a pesar de que las autoridades colombianas siempre han permitido los pasos humanitarios.