Lapatilla
Por supuesto que todos los días ocurren nuevos hechos para el inventario de la infamia continuada del gobierno de usurpadores que controlan las estructuras del Estado, que dominan las instituciones políticas y que mantienen el poder real y de coacción contra quienes se subleven. Pero no pasa nada. Ni siquiera el instructivo de la ONAPRE (Oficina nacional de presupuesto) puede ser derogado porque el sumiso tribunal supremo de Venezuela lo declaró inexistente, a pesar de ser implacablemente aplicado para cortar sueldos y beneficios de quienes son parte de la administración pública o de las instituciones oficiales.
Por supuesto que, a diario, con testimonios desgarradores, pasan las protestas de los jubilados y pensionados, de los maestros y profesores; los reclamos laborales de los sindicalistas y trabajadores de industrias básicas metalmecánicas y de otras ramas del sector público. Pero no pasa nada. Sabemos que empleados de PDVSA y sus filiales van a las oficinas, y no todos los días, para cumplir horarios, pero no hacen absolutamente nada porque no hay nada que hacer. Cobran sus magros salarios, pero a la vez se dedican a otras actividades remuneradas, más allá de sus cargos técnicos o burocráticos. Estado clientelar.
El Estado no responde a las demandas sociales ni a las necesidades básicas de los ciudadanos. No se trata de regalar sino de cumplir mínimamente la función de garantizar dignidad, atención a la salud, servicios públicos básicos, instalaciones habitables e idóneas de planta física, buen estado de la red vial del país, adecuada alimentación, empleo formal y seguridad a la población. Nada de esto sucede porque no hay Estado, solo estructuras criminales que se han apoderado de las instituciones, sin excepción. Son una camarilla militar y civil mafiosa, integrada por un grupúsculo de beneficiarios y oportunistas que ejercen el poder como cleptocracia.
Son parásitos que, cual sanguijuelas, chupan la sangre y destruyen el alma y los bienes de la república. Estado ausente o Estado forajido. Con un presidente ilegítimo cuya captura tiene precio internacional: 15 millones de dólares, al igual que la de otros cercanos colaboradores. Sigue en el palacio de Miraflores, sin gobernar, pero mandando, aferrado al poder, decidido a acallar cualquier disidencia, denuncia, reivindicación, petición o queja, mantenido por una cúpula militar corrupta y por el crimen organizado transnacional. La posición estratégica de Venezuela en el plano geográfico y sus valiosos recursos naturales la hacen botín de cínicos y depredadores, con alianzas geopolíticas a favor de los intereses particulares de los más execrables regímenes antidemocráticos: Rusia, Irán, China, Cuba, Nicaragua y hasta Corea del Norte, para citar solo los peores.
En este contexto desolador, ha sido publicado un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) de la ONU, cuyas conclusiones y recomendaciones fueron presentadas el lunes 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Su contenido resulta espeluznante y demoledor. En esta oportunidad se dan los nombres de los responsables en la cadena de mando de perpetradores y autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y son descritas las atrocidades cometidas en el llamado “Arco Minero” contra las poblaciones indígenas y los territorios amazónicos, así como contra defensores de derechos humanos, Provea, por ejemplo, y su director Javier Tarazona.
Siguiendo la reseña del portal de internet La Patilla, “La tortura es una de las características más atroces del régimen de Maduro”, según experta en DDHH. Patricia Tappatá, en entrevista con la Voz de América, precisa que su mayor preocupación es la persistencia de seis estructuras coordinadas en su funcionamiento para ejecutar una política de Estado destinada a silenciar toda voz opositora, cuya existencia fue demostrada desde 2020, con informes documentados y contundentes. Y la situación no se ha modificado. El diario Tal Cual realizó seis documentales que también ponen de manifiesto, con testimonios apabullantes, el horror, las torturas y el pánico cotidiano de los perseguidos de Maduro mediante sus organismos de seguridad.
Es un deber ético y ciudadano difundir lo más ampliamente posible los informes acerca de estos delitos que no prescriben, cuya magnitud alcanza el grado de exterminio y en especial el de la Misión Independiente de la ONU, que ha de servir a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en Holanda. No es posible dejar que no pase nada y que tanta miseria humana y política permanezca en la impunidad.