A partir de la orden ejecutiva emitida por el gobierno de Barack Obama en el año 2015, en la que se señala a Venezuela de ser una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses y seguridad de los Estados Unidos, se impone el “argumento jurídico” para dictar 927 sanciones contra Venezuela que, entre otros detalles, le suprimen de percibir 99% de sus ingresos al hacerle perder 308.000 millones de dólares durante 7 años, aislada de las operaciones comerciales con el mundo.
El saqueo de los recursos financieros y no financieros de la República se ve legitimado por una tramoya jurídica llamada “gobierno interino”, que ejecuta la más criminal operación contra el país en su historia republicana y avala el bloqueo impuesto por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados, que disminuye la calidad de vida de los habitantes de Venezuela y merma toda construcción de futuro.
Y es que a decir de los especialistas, el bloqueo, más allá de la retórica que lo justifica, va directamente contra el pueblo, los hombres y mujeres que trabajan, los adultos mayores que requieren atención médica y social, los niños, niñas y adolescentes que se ven desdibujados en un futuro que se desvanece. El bloqueo es contra la gente, como bien explica William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo y director del Observatorio Venezolano Antibloqueo.
—¿Qué son las sanciones y cuál es su finalidad?
—Las sanciones son la expresión de la política exterior de los Estados Unidos, una práctica de agresión y devastación económica con la que se busca, según los propios teóricos estadounidenses, destruir la economía de un país para no invadirlo. Existen treinta países que tienen medidas coercitivas unilaterales, como las llama la Organización de las Naciones Unidas, y representan el 28% de la población del mundo y 72% del territorio del planeta. Es decir, es un problema global que Venezuela sufre desde 2015, con más de 928 sanciones directas y medidas indirectas de agresión económica.
—¿Son las sanciones entonces una guerra sin pólvora?
—Una guerra sin pólvora, pero una guerra terrible contra la población civil. Hay estudios en varias universidades del mundo que establecen que son peores que una guerra convencional, porque en éstas se enfrentan dos ejércitos y se supone que la población civil debe ser protegida. En una guerra económica, en una política de sanciones, no hay corredores humanitarios. Se afecta la salud, la educación, la movilidad, el transporte, el acceso a los alimentos. Venezuela ha sufrido esa guerra multiforme, cruel e inhumana, calificada por las Naciones Unidas como crimen de lesa humanidad, y ese proceso de devastación económica ha afectado la vida de los venezolanos.
—Si las Naciones Unidas condena las sanciones y se supone que son violatorias del derecho internacional, ¿qué hace el sistema multilateral para frenar esas acciones unilaterales?
—Fundamentalmente analizarlo y denunciarlo. Pero se trata de medidas coercitivas unilaterales que son dictadas por un Estado o grupos de Estados sin atención a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sólo las acepta si son aprobadas por el Consejo de Seguridad y Venezuela no tiene ninguna medida en esa instancia, porque no se considera que este caso amerite unas sanciones. Entonces, son ilegales porque se cometen indiscriminadamente contra la población civil, de manera planificada y consciente. Y exactamente eso es lo que ha hecho Estados Unidos, la Unión Europea y otros países contra Venezuela en los últimos años.
—¿Cuál es el perfil de estos 30 estados sancionados?
—Salvo China que es la primera economía del mundo o Rusia que tiene un desarrollo muy importante, son países en desarrollo ubicados en América Latina, África y el sudeste asiático, países que están buscando la independencia o que tienen una política exterior propia, que no se alinean con los Estados Unidos. Por ejemplo, Angola está sancionada desde 1976 por declarar la independencia. Mozambique por declarar la independencia, Argelia por tener una política hacia el mundo árabe propia y autónoma, Venezuela por tener una política exterior y un modelo político propio en América Latina, Cuba por haber hecho una revolución. Es decir, pareciera que en ese mundo de las sanciones, cualquier país que no se alinee a la alianza atlántica, Estados Unidos
—Europa, inmediatamente es agredido, su población sufre para buscar allí un cambio de régimen y de modelo político.
—¿Por las sanciones se puede decir que la autodeterminación de los pueblos es un delito, sancionable además?
— Desde el punto de la vista de Estados Unidos sí. Y hay una larga tradición de análisis de estas medidas justificándolas. Richard Nephew, en su libro El arte de las sanciones, dice que “las sanciones deben ir a donde más duelan, donde más dolor causen a la población del Estado objetivo”. En el caso Venezuela, las sanciones se han dedicado a destruir el sector público, las finanzas públicas, la industria petrolera, porque de ahí se generan los recursos que el Estado invierte en seguridad social, salarios, en protección, en beneficios sociales.
—¿Cómo impactan las sanciones contra Venezuela en la vida cotidiana?
—En el caso de Venezuela las sanciones van contra las instituciones que permiten manejar el comercio exterior para traer alimentos, medicinas y materias primas, lo que hace que esas sanciones se trasladen a la población. Como efecto los ingresos del país en divisas cayeron 99% entre 2014 y 2020. Pasamos de ingresar 56.000 millones de dólares anuales a 743 millones en 2020.
La presión por el bloqueo es abrumadora, por ejemplo, las empresas que brindaban software al Hospital Cardiológico Infantil, por equipos de alta tecnología que requieren de mantenimiento anual, eliminaron los contratos por las sanciones, fueron presionadas por los EEUU y el Cardiológico pasó de realizar 1.200 operaciones gratuitas en 2013 a menos de 200 en 2020. ¿Cuántos niños fallecieron por eso? ¿Cuántas enfermedades ha habido por la débil calidad del agua?, porque hasta los reactivos para potabilizar el vital líquido nos fue negado comprarlos fuera del país.
Entonces, vemos que los efectos cotidianos de las sanciones son sobre la gente, y es una farsa decir que las medidas son contra un presidente, o contra un grupo políticos o funcionarios militares.
—¿Con tan evidente violación de los derechos humanos no hay alternativa desde la ONU para enfrentar a los que promueven estas medidas?
—No la hay. En este momento no existe manera de evitarla porque son unilaterales, dictadas por un Estado sin atención a la norma internacional.
Estados Unidos y Europa controlan el sistema financiero a través del Swift, que es el sistema de mensajería interbancaria. Cuando un país es excluido del Swift ningún banco quiere trabajar con él y los recursos son bloqueados. Fue lo que le pasó a Venezuela desde el 2017, cuando Estados Unidos emitió una alerta sobre las transacciones del gobierno de Venezuela, incluyendo alimentos y medicinas. Entonces es un poco desesperante la respuesta pero no se puede hacer nada, tal y como está el modelo multilateral en el mundo.
—¿La única manera de frenar estas sanciones que afectan a 28% de la población mundial es renovar el sistema multilateral, crear un mundo multipolar?
—Sin duda alguna. Hoy estamos en una coyuntura mundial diferente y por supuesto no sabemos en qué va a derivar. Hay una transformación del sistema mundial, de un sistema unipolar basado en una alianza atlántica, Europa – Estados Unidos, a un mundo multipolar; eso que Hugo Chávez de alguna manera visualizó cuando habló de la emergencia del mundo multipolar.
—¿Cómo actúa un Estado ante el bloqueo de sus recursos financieros y cómo podrían actuar los individuos ante estas agresiones?
—Las sanciones aparecen como medidas contra un país, un gobierno, un Estado, pero se bloquean las tarjetas o no les permiten las transacciones a los usuarios por ser venezolanos. Hay una suerte de chantaje, las sanciones crean un miedo en los bancos, en empresas. Si me relaciono de alguna manera con Venezuela pudiera ser objeto de sanciones. Empresarios de Fedecámaras han manifestado que son víctimas y se está afectando sus negocios, aunque no tienen ninguna relación con el gobierno de Venezuela. El país debe seguir luchando contra el bloqueo, el objetivo final sería el levantamiento de las sanciones, no que la gente tenga que estar justificando un pago. No debería pasar esto. Vivimos en un mundo donde se supone que los derechos económicos y comerciales son para todas y todos.
—¿Hasta dónde han estudiado el impacto de las sanciones en lo cotidiano?
—Nosotros hemos hecho estudios en el área social. Por ejemplo, a Venezuela en 2017 le fueron bloqueados recursos que venían a través de Organización Panamericana de la Salud para toda la vacunación en los siguientes dos años de las enfermedades más importantes. Eso produjo una caída en los niveles de cobertura y una subida en los niveles de mortalidad por esas enfermedades.
En el caso de los reactivos para los exámenes del virus de papiloma humano, la empresa que le vendía a Venezuela dejó de hacerlo y automáticamente se disparó la incidencia de cáncer de cuello uterino en Venezuela, porque es una enfermedad que si haces los exámenes puedes detectarla y tratarla. Pero la realidad es que las empresas que proveían eso se fueron amenazadas por las sanciones. Entonces, el impacto del bloqueo lo tenemos en la salud, en la vida, en la educación, en la movilidad.
—¿Podremos ver el levantamiento del bloqueo a Venezuela?
—Venezuela ha construido una política antibloqueo, no hemos sido derrotado por el bloqueo hemos resistido. Hemos generado mecanismos, rutas financieras, logísticas, pero por supuesto hemos tenido apoyo de países soberanos que no atan sus políticas a las órdenes de Estados Unidos: China, Rusia, Turquía, Irán. Hemos recuperado las refinerías con el apoyo de Irán y estamos normalizando la producción de gasolina en Venezuela gracias a ese apoyo, Venezuela pudo combatir la pandemia gracias al apoyo solidario, técnico, humano, científico y financiero de China, Rusia y Cuba. Solicitamos al Banco de Inglaterra 300 millones de dólares para comprar vacunas, de los 2 mil millones retenidos por las 31 toneladas de oro, y la respuesta fue una carta firmada por el bufete Arnold & Porter, que representa a Juan Güaidó, diciendo que su cliente se negaba a entregarle ese dinero a Venezuela. Dinero que no estábamos pidiendo para manejarlo sino para dárselo a Naciones Unidas para comprar vacunas.
—¿Qué pasa con los recursos bloqueados? ¿Este gobierno interino ha logrado manejar algunos recursos?
—El llamado y fenecido gobierno interino controla esos activos y con dinero de los venezolanos pagan el activismo político, mercenarios como los de la operación Gedeón, campañas mediáticas internacionales, la falsa estructura del interinato, falsos embajadores, TSJ paralelo, falsa directiva de Pdvsa y Citgo, falso Banco Central de Venezuela y además, pagan también los gastos de 10.000 dólares por hora, según denuncias, que cobra la presidencia interina de Juan Güaidó.
Por estas locuras del interinato, el Estado venezolano ha estado pagando el juicio completo, los costes de ambas partes del juicio por el oro que nos quieren robar en el Banco de Inglaterra. El BCV paga la parte que corresponde a sus abogados, a la defensa de la República, y con los dólares robados al mismo BCV en sus cuentas en los Estados Unidos, se le paga al bufete Arnold &Porter. Es decir, el estado venezolano, el Banco Central de Venezuela, ha terminado pagando las dos partes, incluyendo la parte que le está robando el oro. Suena absurdo, sí, es absurdo y trágico.
Es importante saber que el daño hecho es irreversible, es un daño profundo en el ser humano, en la identidad, en las posibilidades de desarrollo de este país.
—¿Habrá responsabilidades y sanciones sobre esas personas?
—Como ciudadano te digo que yo espero que sí. Efectivamente el interés del gobierno ha sido alcanzar la paz, porque a este país lo estaban llevando a una guerra civil y se requiere paz económica, porque ningún país se desarrolla con una crisis política ni económica permanente.
—¿La fortaleza del pueblo ha sido fundamental para enfrentar las sanciones?
—La resistencia no ha sido del gobierno. Nicolás Maduro ha liderado a un país que ha enfrentado el bloqueo con producción, con inventiva, con emprendimiento. Creo que es muy importante visualizar el nacimiento de este modelo de economía familiar, que algunos llaman emprendimiento, prefiero llamarlo la pequeña economía familiar y local.
Hay un sector productivo, popular, que es lo que ha producido esta resistencia, este milagro que dicen afuera que es haber sobrevivido al bloqueo. Comprender esa realidad es una tarea de todos. Hemos enfrentando el bloqueo y lo vamos a superar, este año será mejor que el año pasado. Así que el mensaje es solo con unidad, solo con una conciencia, de un proyecto de país, de futuro, tenemos una Constitución, tenemos un modelo de estado social de derecho y de justicia que debemos fortalecer y en diversidad y en democracia debemos recuperarnos de lo que nos han hecho.
Ningún proceso político es perfecto pero sin duda alguna Venezuela ha dado un ejemplo de cómo un país se puede recuperar en paz de un bloqueo criminal.
El bloqueo en números
- Los ingresos en dólares del país cayeron de 56.000 millones en 2013 a 743 millones de 2020. Visto en perspectiva, en siete años Venezuela perdió 99 de cada 100 dólares que ingresaban al país.
- Unos 69 buques (39 nacionales y 30 extranjeros) han sido sancionados prohibiéndose su operación.
- Un total de 57 aeronaves, propiedad del Estado venezolano, distribuidas entre Conviasa y Pdvsa, han sido bloqueadas por la Ofac de EEUU.
- En diciembre de 2017, once bonos de deuda venezolana y de la deuda de Pdvsa, por valor de $1.241 millones, no pudieron ser cancelados a sus acreedores por obstáculos derivados de las sanciones.
- En noviembre de 2017 un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos fueron devueltas por bancos internacionales.
- De las empresas incluidas en la lista de sanciones de Estados Unidos, 143 son privadas, lo que equivale a 92% del total y 109 son extranjeras, lo que representa 70% del total.
- Solo en activos y recursos bloqueados, retenidos o confiscados fuera del país, a Venezuela pudiera haberle sido infligido un daño patrimonial de 30.000 millones de USD.