El Poder Ejecutivo quiere anular renegociaciones de la administración anterior con dos empresas y tomar el control de esos accesos.
El Gobierno anunció la intención de re estatizar las autopistas Panamericana y del Oeste, que actualmente están concesionadas a dos compañías. Promovió dos decretos en ese sentido y los funcionarios hacen trascender que se avecina una cautelar en ese sentido, que despojaría a los privados del control de esas vías de tránsito. En el sector privado hay preocupación por la falta de diálogo del Gobierno.
En Abertis, la empresa española que es accionista de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste, prima el desconcierto. No ven al Poder Ejecutivo tratando de encontrar una solución a los desacuerdos, sino que se sienten en medio de un tironeo político: el Frente de Todos cuestionando a la administración de Mauricio Macri, que firmó una renegociación de esas concesiones.
La administración de Alberto Fernández quiere invalidar convenios suscriptos entre los concesionarios y el Estado nacional. A través de los mismos, se reconoció a esas firmas que se les debían casi US$ 750 millones. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, salió a cuestionar a las empresas. Y la argumentación jurídica que lo sostiene fue acompañado por la Procuración General del Tesoro.
Los privados quisieron impugnar la participación de Katopodis, Santiago Cafiero y Carlos Zannini en cualquier diferendo que tuvieran. Consideran que los tres funcionarios incurrieron en “prejuzgamiento”, ya que se manifestaron en contra de las empresas, sin haberles preguntado nunca su punto de vista. “Tenían una posición tomada sin conocer los hechos, y sin tener interés en conocerlos”, es la argumentación de los concesionarios.
Alberto Fernández, cuando fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, estampó su firma en una renegociación de contratos caídos tras la salida de la convertibilidad. En 2006, una unidad especial (Uniren) suscribió convenios con los concesionarios donde se les reconocía una deuda pendiente superior a la que después asumió la administración de Macri, aunque estaba en pesos.
De todas formas, esa renegociación nunca se implementó y llevó a las empresas a iniciar un pleito contra el país en el Ciadi, el tribunal dedicado a las diferencias relativas a inversiones internacionales del Banco Mundial. La administración de Macri pretendió zanjar ese desacuerdo (y varios otros), otorgándole mayor plazo de concesión a las autopistas, a cambio de no pagarle una deuda de US$ 750 millones.
La administración actual busca anular ese acuerdo. Un argumento oficial es que la tarifa de los concesionarios quedó en dólares. Sin embargo, ese importe siempre fue en pesos. Desde que arrancó el gobierno de Alberto Fernández, los aumentos en los peajes fueron “discrecionales” (a voluntad del Poder Ejecutivo) y no siguieron el ritmo de la inflación. Lo que si reconoció el gobierno de Macri es que la deuda con las empresas era en dólares.
En general, cuando el Estado desconfía de alguna concesión, suele nombrar un veedor para que supervise. Eso sucedió en la expropiación de YPF, por ejemplo. Pero aquí no hay nada de eso hasta ahora. Las empresas piden acceso al expediente para saber cómo viene la querella que plantea el Gobierno, pero sus abogados entienden que se les retacea información.
La vuelta al control estatal de las autopistas fue anunciado el mismo día que la inflación mensual del Indec superó el 7% y que Sergio Massa se arrogaba una exitosa gira en los Estados Unidos como ministro de Economía que se entrevistó con organismos multilaterales e inversores.
