“Lo primero que tienen que hacer es reconocer la deuda, que es de alrededor de 26 mil millones de dólares, y hacer un plan para pagarla en el menor tiempo posible, para así devolver los recursos que le sustrajeron a la educación”, le dijo a Clarín Mariano Narodowski, experto en la materia, quien acaba de terminar un trabajo, en coautoría, sobre la evolución de la inversión educativa en el país en los últimos 15 años.
Los resultados impresionan. El estudio muestra que el Estado argentino (la suma entre el nacional más las provincias) le está debiendo a escuelas y universidades (sus docentes y alumnos) casi un año entero de la inversión que están obligados a hacer.
Es porque, desde 2006 cuando fue sancionada la Ley de Financiamiento Educativo hasta 2020 (último año con estadísticas), solo en tres años se cumplió con la meta que llevaba a invertir 6% del PBI (desde 2010 en adelante). Solo se alcanzó esa meta en 2009, 2013 y 2015.
En el resto de los años las metas no se cumplieron y el 68,4% de la desinversión ocurrió en cuatro años: en 2010 y entre 2018 y 2020. El incumplimiento atraviesa a distintos tipos de gobierno y lo más alarmante es que los peores años fueron los últimos. En 2019 se dejó de invertir 841 mil millones de pesos, actualizados a 2022 (el 22,6% del total de la deuda). En 2018, 751 mil millones (el 20,1%); y en 2020, 570 mil millones (15,3%).
Así, a lo largo de esos 15 años (entre 2006 y 2020) se fue acumulando una obligación del Estado con la educación que asciende al equivalente al 5% del PBI de 2020. Los autores del estudio hicieron los cálculos y les da que son 3,4 billones de pesos o US$ 26.009 millones (actualizados a 2022).
Si se quisiera pagar esa deuda, señalan, el Estado (Nación más provincias) deberían invertir 11% del PBI en educación este año (5% que deben más 6% que corresponde). Casi dos presupuestos educativos juntos.
Por qué es una obligación
La obligación del Estado existe porque hay una ley -la de Financiamiento Educativo-, que fue sancionada a fines de 2005 con un amplio consenso por parte de los distintos partidos. En ese momento, la inversión en las áreas de Educación, Ciencia y Tecnología en el país era muy baja (alrededor del 3% del PBI) y se puso como meta ir subiéndola gradualmente hasta llegar al 6% en el año 2010, con metas intermedias: 4,7% en 2006; 5,0% en 2007; 5,3% en 2008; y 5,6% en 2009. A partir de 2010, el 6% debía mantenerse por siempre.
Al poco tiempo se votó la Ley de Educación nacional, que agregó una distinción que también beneficiaba -en los papeles- a las escuelas. Determinó que una vez llegado al 6%, esa meta quedará solo para Educación, ya sin Ciencia y Tecnología. Pero como recién se alcanzó en 2013, la obligación del Estado de invertir 6% solo en educación rige desde 2014.
A todo esto, hay que aclarar que cuando la ley habla de inversión educativa se trata de la consolidada entre la Nación y las provincias. Y que, como las provincias son quienes administran las escuelas y pagan los salarios docentes, son las que invierten (o dejan de invertir) 3 de cada 4 pesos de la educación.
Narodowski (profesor de la Universidad Torcuato Di Tella), junto a Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación) -autores de la investigación- se propusieron ver cuánto estaba cumpliendo el Estado en su conjunto con su obligación de financiamiento establecida en las leyes.
Para eso, tomaron datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), una oficina de la secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación nacional, que sigue la evolución de la inversión educativa y es la encargada de evaluar que se esté cumpliendo con las metas de financiamiento.
Para actualizar los valores, usaron el índice de precios al consumidor del Indec, “excepto para el período 2006-2016 en el que se construyó un índice alternativo a partir de datos relevados por direcciones de estadística provinciales”, aclaran. Fueron los años en los que el Indec estuvo intervenido.
Cómo darlo vuelta
Hasta aquí el diagnóstico. Ahora, ¿qué se puede hacer para cambiar esta dinámica de desinversión en educación? “En principio, lo que tiene que hacer el Estado es un plan para pagar la deuda en el menor tiempo posible y ajustar al 6% PBI. Todos los oficialismos, el de ahora y el que venga después, tienen que hacer ese plan para devolverle a la educación el dinero que no fue donde tenía que ir”, dice Narodowski.
“Es una deuda concreta que los gobiernos sucesivos van a tener que pagar, porque es lo que corresponde, es lo que se comprometieron. Incluso quienes propusieron la ley en 2005 son el oficialismo actual. El Jefe de Gabinete de entonces hoy es el Presidente de la República, el ministro de Defensa de entonces hoy es el de Seguridad, el de Educación es hoy el de Ciencia. Hay una continuidad política, y lo que corresponde es que paguen lo que deben”, agregó.
Consultado por Clarín, el exministro de Educación y economista Juan Llach dice que a él la deuda con la educación le da casi el 6% del PBI (es decir, un año entero). De todos modos, ve un problema para revertir la situación.
“Los teóricamente interesados no protestan la violación de la ley: ni los sindicatos, ni los docentes, ni los padres. Hay que encontrar un camino que motive a alguno/s de los interesados. Si no florece esa difícil alianza y si los gobernantes no cumplen la ley es imposible que se financie la educación como corresponde”.
“La única alternativa que se me ocurre es que el gobierno y/o la oposición vote/n una nueva ley del 6% sumada a una recuperación gradual del 5% destinado a escuelas y alumnos más castigados por la pandemia”, aportó como idea.
Narodowski, además, cree que tendría que haber otro mecanismo para definir el financiamiento educativo, “con un piso por alumno y por escuela, a partir del cual se construye un financiamiento a nivel nacional. Pero eso es un paso posterior, lo primero que tienen que hacer es reconocer estos 26 mil millones de dólares y hacer un plan para pagarlo en el menor tiempo posible”, insiste.
