El oficialismo usará su mayoría para aprobar las denuncias que investigará. La Coalición Cívica mantiene su acusación a Lorenzetti.
El Frente de Todos usará su mayoría en la comisión de Juicio Político para abrir este jueves la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, en lo que se prevé será un debate cargado de tensión. Juntos por el Cambio tendrá postura divida: los diputados de Elisa Carrió se desmarcarán del rechazo generalizado del interbloque y presentarán un informe propio, apuntando únicamente contra Ricardo Lorenzetti.
El objeto de la reunión es cumplir con el trámite de admisibilidad: decidir a cuáles de todas las denuncias presentadas le van a hacer lugar para acto seguido abrir los sumarios y empezar con la recolección de pruebas y la citación de testigos. Es decir, iniciar el juicio político en sí.
El informe de admisibilidad no es un dictamen. Es una resolución que se somete a votación y se aprueba por mayoría simple. El Frente de Todos cuenta con 16 miembros propios sobre los 31 totales que integran la comisión. Les alcanza, con lo justo, para darle luz verde, pero no puede fallar nadie.
De los 14 pedidos de juicio político en carpeta contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti, el oficialismo tiene previsto aceptar casi todos. Pero mantenían dudas con dos de los presentados por particulares.
Como contó Clarín, Juntos por el Cambio tendrá postura dividida. Dado que la aprobación en el recinto es imposible, porque el oficialismo necesita dos tercios y no los tiene, desde un inicio la oposición calificó la maniobra contra la Corte como un mero "circo" para "presionar" a los jueces.
La Coalición Cívica acuerda con esa lectura pero en pos de mantener la coherencia decidieron sostener el pedido de juicio político que su líder, Elisa Carrió, inició contra Lorenzetti en 2017.
"Vamos a seguir sosteniendo el juicio político a Lorenzetti pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionar", había adelantado el presidente del bloque de la CC, Juan Manuel López.
La diferenciación interna fue acordada en reunión de JxC. "No nos van a dividir por este tema como pretenden", señaló un legislador PRO.
Para emprolijar la disidencia y mostrarse unidos, elaboraron un informe de inadmisibilidad conjunto,explicando por qué rechazan la apertura de todos los expedientes que el kircherismo pretende abrir a la investigación.
Aparte, los "lilitos" Paula Oliveto y Juan Manuel López presentan un informe propio para admitir su denuncia contra Lorenzetti por causales diferentes a las que le apuntan en los otros proyectos.
En el texto señalan que Lorenzetti, en sus 12 años de presidente de la Corte, "se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados".
Apuntan contra él por "irregularidades administrativas en el manejo de los fondos presupuestarios a su cargo y de haber sido el articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia, que condicionaron el accionar en la Magistratura desde su asunción en la Corte Suprema".
La comisión se completa con Alejandro "Topo" Rodríguez del Interbloque Federal, quien rechazará los 14 expedientes de lleno. "Políticamente consideramos que se trata de una acción más en el marco de la embestida para paralizar la Justicia", apuntó a Clarín y recordó la intención del kirchnerismo de ampliar a 15 miembros la Corte y la amenaza de aprobar por decreto la reforma del Consejo de la Magistratura.
"Legalmente no consideramos que haya evidencias para abrir un juicio político por los causales que estipula la Constitución", agregó.
El Juicio a la Corte Suprema llega empujado por el propio presidente Alberto Fernández y 12 gobernadores afines al gobierno.
El grueso de las denuncias apuntan a los magistrados por tres fallos: el que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, el que obligó a la Nación a incrementar la coparticipación a la Ciudad, el fallo del 2x1 en el caso "Muiña" por lesa humanidad. También por supuestos desmanejos en la Obra Social de los judiciales, aunque la justicia no encontró allí ninguna irregularidad.
