Argentina

La tentación de Cristina es la piedra angular de Alberto

El mensaje fue lo suficientemente claro como para tranquilizar a los dueños de las prepagas. Ella, la jefa, Cristina Kirchner, no está pensando en estatizarlas, transmitieron los emisarios a las empresas. No debería sorprender tanto: los dirigentes políticos argentinos, kirchneristas incluidos, le han tenido siempre más fe al sistema de salud privado que al público. Lo demuestran cada vez que eligen ese tipo de cobertura médica o internación para ellos o sus familias. Sobran los ejemplos.

Pero son las palabras las que confunden. La expresidenta inauguró virtualmente esta semana la campaña electoral y, por segunda vez en seis meses, planteó la necesidad de tener un sector de la salud “integrado”. La insistencia en el anuncio y en el adjetivo revelan en sí mismos un interés al que habría que agregarle contexto: volvió a ser en La Plata y con Axel Kicillof. Traducción al lenguaje gestual: existe un plan y la voluntad de concretarlo.

El discurso de Cristina Kirchner fue breve, difícil de interpretar por lo ambiguo, pero pareció tener dos dimensiones. La menos relevante es partidaria. Y una obviedad: su reaparición, sumada al tema en cuestión, envalentonará siempre a un electorado propio que espera ver y escuchar exactamente eso, al Estado en un rol central y con rienda corta. Anhelos de campaña que el Covid obligó a enterrar. “Dónde está esa promesa”, cantaría Litto Nebbia. Hace un año, en un tuit por el Día del Padre, y mientras se lamentaba de que el festejo fuera virtual, el Frente de Todos proyectó cómo imaginaba el fin de la pandemia. “Cuando todo esto haya pasado, vendrá una economía básicamente motorizada por el Estado, que, a través de la inversión pública, movilice los recursos necesarios para poner a la Argentina nuevamente de pie”, publicó. Pero la celebración de mañana volverá a hacerse en medio de restricciones y lejos de la reactivación esperada.

No debería sorprender entonces el regreso a esos postulados que, en el ámbito de la salud, ya formaban parte de la plataforma del espacio bastante antes de la reconciliación con Alberto Fernández. Son ideas generales que podrán encontrarse, por ejemplo, en el “documento fundacional” de la Comisión de Salud del Instituto Patria, editado por Ariel Genauer, Lorena Zappoli y Soledad Gherardi, y publicado en la web no bien Macri ganó las elecciones de 2015. El trabajo está basado en una crítica completa a lo que considera “La salud en tiempos de neoliberalismo”, que supone que es el tiempo de Macri, y va de lo universal a lo particular: antes que la cosmovisión del gobierno entrante, objeta directamente todo el sistema capitalista. “Se usa la palabra ‘mercado’ para dar una idea de que la economía es algo abstracto, pero en realidad el ‘mercado’ son los grandes capitales financieros y los hombres y mujeres de negocios que toman las decisiones para su propio beneficio”, empieza. Después compara el modelo sanitario norteamericano, al que acusa de procurar “una medicalización excesiva de la población y la búsqueda permanente de tratamientos crónicos que aseguren rentabilidad a las empresas por largos períodos”, con el del Reino Unido, que dice preferir por la mayor intervención estatal. “Para el neoliberalismo todo puede ser convertido en una mercancía y una oportunidad de negocios, incluso la salud. Quien tiene dinero para ‘comprar’ salud la tendrá y quien no, no”, agrega, y utiliza las mismas palabras con que Cristina Kirchner inquietó esta semana al sector: “El pleno ejercicio del derecho a la salud solo puede garantizarse con sistemas de salud integrales e integrados, con una fuerte centralidad del subsector público articulado que garantice el acceso universal y gratuito para todos los habitantes”.

El documento parece además darles la razón a los embajadores de Cristina Kirchner ante el sector privado: en sus 24 páginas no nombra una sola vez a las prepagas. Sí, en cambio, se adentra en algo que la vicepresidenta dejó entrever: la posibilidad de “recupero” de las prestaciones de las obras sociales. Es la segunda y más importante dimensión del discurso en La Plata. Y un tema sensible porque involucra una caja: la del Fondo Solidario de Distribución, que administra la Superintendencia de Salud y que se encarga, por ley y casi siempre con retrasos, de pagarles a esas entidades sindicales los reintegros para medicamentos de alto costo o enfermedades catastróficas.

Caja con flujo y stock: no hay nada más valioso para el kirchnerismo en tiempos de crisis. El último en encontrar algo así fue Amado Boudou en 2008 con las AFJP y recibió la vicepresidencia como premio.

Es entendible que esa sola insinuación haya hecho reaccionar ese mismo día a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de la Salud, y a referentes de la CGT. Existen, sin embargo, diferencias sutiles entre un sector y el otro. Las empresas reciben cuotas de sus afiliados entre el 1º y el 10 de cada mes y deben pagarles a los prestadores del servicio, que son las clínicas y los sanatorios, en un plazo que va de 20 a 60 días. Hay ahí un flujo de fondos, no un stock y, por lo tanto, el negocio es financiero: ese monto representa un insumo para invertir en activos durante ese lapso. Pero las obras sociales sindicales tienen un atractivo adicional. Primero, porque reciben los pagos de los afiliados de manera automática, con los salarios, y sin necesidad de pedirle aumentos al Gobierno como hacen las prepagas: el aporte sube con cada paritaria. Y en segundo lugar, lo más gravitante, por lo que se acumula en el Fondo Solidario de Distribución y reciben gracias a una ley. Hay ahí flujo y stock: como con las AFJP.

Es la tentación kirchnerista que la CGT ve venir. “Puede ser el comienzo de un quilombo que puede jaquear al Gobierno y desestabilizarlo”, anticipó uno de ellos esta semana. Influye ahí la memoria emotiva: fue Cristina Kirchner quien, entre 2012 y 2015, con la santacruceña Liliana Korenfeld al frente de la superintendencia y Kicillof en el Ministerio de Economía, menos cumplió con el pago de esos reintegros en relación con otros presidentes. Korenfeld, que dirige ahora la obra social del Congreso, no ha perdido capacidad de influir. Por eso los gremios se alteran cada vez que ven su nombre en alguna nómina para cargos en salud. La última fue en mayo, cuando murió Eugenio Zanarini, el superintendente, y se le buscaba reemplazo. La CGT se jacta de haber evitado el regreso del Korenfeld mediante negociaciones con Alberto Fernández, que designó finalmente a Daniel López, un allegado a Ginés González García y hasta entonces jefe del Programa Federal Incluir Salud.

Pero la tensión no baja. Hace tres semanas, López fue al despacho de Santiago Cafiero a presentarle la estructura de costos y los reclamos de aumentos de las prepagas y se enteró de una sorpresa: el jefe de Gabinete no solo le negaba las alzas sino que, acto seguido, le dejó sobre la mesa cuatro carpetas de dirigentes que, dijo, debían ser designados en gerencias de la superintendencia por pedido de funcionarios de la provincia de Buenos Aires. “Esto viene de La Cámpora”, le dijo Cafiero, según cuenta desde entonces López a confidentes entre los que incluyó a jefes sindicales, que volvieron a quejarse y, por ahora, detuvieron los nombramientos.

Para el Presidente es un problema mayúsculo. El conflicto da en el centro de su relación con la CGT, uno de los sectores que mayor paciencia le han tenido en medio de la crisis. “Hay que bancar a Alberto hasta donde sea posible”, repiten en la sede de Azopardo desde hace un año y medio, conscientes del único límite de ese respaldo: el eventual ingreso de funcionarios hostiles al interés sindical en la Superintendencia. ¿Vale la pena romper el acuerdo en este contexto social, mientras los salarios siguen perdiendo valor? La fragilidad de Alberto Fernández es anterior al Covid. Otra obviedad en el Frente de Todos.

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