Los senadores y diputados del oficialismo rechazaron la condena contra Cristina Kirchner y cuestionaron a los funcionarios judiciales.
A menos de 24 horas del fallo que condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por corrupción en la obra pública y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo redobló su ofensiva sobre el Poder Judicial, pidió una reunión de urgencia con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, para tratar la parálisis del Consejo de la Magistratura y cuestionó a los funcionarios de la justicia que viajaron al Sur en octubre pasado alojándose en la Estancia Lago Escondido, propiedad de Joe Lewis.
En una conferencia de prensa realizada en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, los diputados y senadores del Frente de Todos, entre los que estaban los principales alfiles de la vicepresidenta, repudiaron el fallo que condenó a Cristina Kirchner por la causa Vialidad al ser imputada de administración fraudulenta por el direccionamiento de la obra pública a benefició del empresario Lázaro Báez.
Lucía Corpacci y Juliana Di Tullio, en representación del Senado, y Germán Martínez junto a Vanesa Siley, por Diputados, fueron las voces del kirchnerismo. La senadora por Catamarca no dudó en advertir que el fallo contra la vicepresidenta lleva al oficialismo a "repensar la situación del Poder Judicial" del país.
Un poco más dura fue Di Tullio, una de las senadoras con más llegada a la ex presidenta, quien se refirió a la condena de 6 años y a la polémica generada por el viaje de jueces, fiscales y empresarios a Lago Escondido. “No existe más Poder Judicial de la Nación en la Argentina, se lo ha reemplazado por una verdadera mafia judicial", disparó, sin anestesia, la senadora. Di Tullio también pidió la renuncia del ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro, quien está entre los denunciados por el oficialismo por haber participado en la reunión que se realizó en la estancia de Joe Lewis.
Por su parte, Germán Martínez calificó como "escandaloso" el fallo que condenó a la vicepresidenta y confirmó que enviaron una nota al presidente de la Corte para solicitarle una audiencia con el objetivo de que se arbitren los medios necesarios para poner en funcionamiento el Consejo de la Magistratura.
Lo cierto es que la conformación del órgano encargado de designar y controlar a los jueces está trabada a partir de las maniobras del propio oficialismo. Primero por insistir con quedarse con el representante de la segunda minoría al dividir el bloque para definir el armado del organismo y nombrar a Martín Doñate para el cargo.
Vale recordar que el oficialismo refrendó el nombramiento de Doñate a la Magistratura en una sesión del Senado a la que no bajó Juntos por el Cambio en rechazo al "ardid" de la vicepresidenta, como lo calificó la Corte, de dividir el bloque para quedarse con tres consejeros.
A esto se agregó la reciente resolución de la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, que dejó sin efecto los nombramientos de ese cuerpo a la Magistratura luego de apelar un criticado fallo del juez Martín Cormick que rechazaba la nominación de la radical Roxana Reyes por entender que el PRO y la UCR se presentaron en la misma lista electoral y, en consecuencia, le corresponde sólo un lugar en el organismo.
A causa de esta medida, Juntos por el Cambio decidió no apoyar la reelección de Moreau como titular de la Cámara y le hizo caer la última sesión que terminó en medio de un escándalo con gritos e insultos entre los legisladores.
En medio de esta situación, Alvaro González, quien fue designado a la Magistratura por el PRO, presentó un amparo para asumir en el cargo, mientras que el bloque de la Unión Cívica Radical también pidió que se deje sin efecto la resolución de Moreau que frenó la conformación de la Magistratura.
