No hay fondos para los aumentos en la seguridad social

Por

Cledis Candelaresi

Especial para Clarín

A pesar de los refuerzos destinados a la Seguridad Social, el presupuesto vigente no contemplaría los recursos suficientes para el pago íntegro de los próximos aumentos jubilatorios ni de la pauta salarial acordada con los estatales de la Administración Nacional. La situación es otro desafío para Economía, que seguramente tendrá que apelar a un nuevo decreto de necesidad y urgencia ajustar las cuentas públicas. Sobre todo después del anticipo de un bono para los jubilados que será anunciado en pocos días.

El último DNU presupuestario fue el 331 publicado el 16 de junio y sirvió para definir la pauta de recursos y gastos del año que se está transitando sin que el Congreso haya aprobado la correspondiente ley.

Esa norma definió un incremento para los fondos del sistema previsional del 58% respecto a los del año pasado, mejora apalancada en mayores aportes y contribuciones, impulsadas por las subas salariales.

Hasta junio ANSeS gastó poco menos de la mitad del dinero previsto, lo que indicaría que no debería haber sobresaltos. Pero la aceleración inflacionaria genera otras proyecciones preocupantes.

El 85% del gasto previsional se destina al pago de haberes y pensiones que se ajustan trimestralmente por la fórmula de movilidad. Esta contempla un mix entre la recaudación tributaria destinada a ANSeS (además de las contribuciones y aportes, una porción de IVA, Débitos y Créditos, impuestos sobre las cigarrillos e Impuesto PAIS) y los ajustes salariales sintetizados en el Ripte, indicador que elabora el Ministerio de Trabajo.

En los dos primeros trimestres del año las jubilaciones que siguen ese parámetro subieron 12,28% y 15%. Pero economistas especializados en el sector coinciden en que los próximos incrementos, de septiembre y diciembre, serán superiores y, acumulados, significarán un aumento muy cómodo por encima del 30%S.

A esto se le añaden las actualizaciones de los regímenes especiales (como diplomáticos o el Poder Judicial), que siguen la evolución de los salarios.

Según los datos publicados por la Secretaría de Hacienda, la previsión presupuestaria para hacer frente a las obligaciones previsionales del año es de 6.059 billones de pesos.

El problema es que, con los futuros incrementos, harán falta casi 500 mil millones de pesos adicionales. El Fondo Monetario Internacional ya calculó que harían falta 208 mil millones de pesos por encima del DNU que se promulgó en los estertores de la gestión de Martín Guzmán. Todo indica que también subestimó los requerimientos del sistema previsional.

Economía consignó una especie de reserva para este rubro de 160 mil millones, no asignada concretamente a ningún programa. Con ese refuerzo aquella brecha podría achicarse. Aun así quedaría un agujero de unos 350 mil millones de pesos.

Ese monto equivale a todo el presupuesto anual de subsidios para el Transporte. O a lo que insume anualmente cada uno de los dos programas sociales clave como el de Políticas Alimentarias o Potenciar Trabajo. Demasiado dinero para improvisar en tiempos de crisis.

Una situación similar se genera cuando se hace el cálculo del pago de salarios de la Administración Nacional, que por paritaria deben ajustarse un 70% en los próximos meses. Otra reserva –en este caso de 150 mil millones de pesos, computada como Obligaciones a cargo del Tesoro -- sí podría subsanar la escasez de fondos.

La incógnita es qué magia contable puede realizar el gobierno de Alberto Fernández para honrar todas las obligaciones en este escenario de tantas restricciones de recurso y sensibilidad social.

Es políticamente inviable empeorar el panorama previsional, en particular de los que están fuera de los regímenes especiales como los retirados de la diplomacia, judiciales, Luz y Fuerza y otros con ventajas particulares. Sus ingresos se vienen pauperizando sistemáticamente.

La mitad de esos beneficiarios cobran una mínima de 36 mil pesos, licuada vorazmente por la inflación de alimentos y salud.

Desde el punto de vista legal, existe la posibilidad de ampliar el gasto a través de un decreto de necesidad y urgencia para financiarlo con más deuda. O de reasignar partidas de un lugar a otro mediante una decisión administrativa del jefe de Gabinete.

Todos las gestiones de gobierno de los últimos años apelan a estas formas de retoque de las cuentas públicas, por una vía expeditiva que permite omitir el aval parlamentario. El problema es que las maniobras administrativas que podían ser sencillas en otro momento, pueden resultar una osadía en éste.

El DNU 331 ya aumentó la deuda en 1,2 billones de pesos y no existe demasiado margen para seguir barriendo bajo la alfombra. En lenguaje más preciso, para engrosar la deuda flotante con gastos impagos que refuerzan el pasivo estatal.

No sobran razones para el optimismo en ningún sentido, a pesar de algunos oasis que se esbozan porque los pesos queman en las manos y eso impulsa al consumo de la clase media.

Hay sectores de la industria que amagan con despegar. El freno, según interpreta el economista en jefe de la Unión Industrial Argentina, Diego Coatz, es que “no hay dólares suficientes para sostener este nivel de actividad”, ya que muchos no pueden importar insumos.

Y esa frustración fabril tiene un obvio correlato en el nivel de empleo y remuneraciones, que también vienen perdiendo contra la inflación y el dólar, desde antes de la gestión de Alberto Fernández.

Parece utópico apostar al salvataje del sistema previsional por una importante suba de aportes y contribuciones. En particular cuando la mitad del dinero para pagar jubilaciones viene de “afuera”, es decir, de otras fuentes.

La consultora LCG, de Martín Lousteau, suma otro dato inquietante. Según sus proyecciones no sólo la inflación tiene altas chances de rozar los tres dígitos sino que calcula que este año habrá un déficit primario (sin computar el pago de la deuda) de 3,5% del PBI.

Un agujero negro cuya envergadura no sólo supera lo acordado con el FMI (2,5%) sino hasta los cálculos oficialistas hechos con más realismo.

Si bien el previsional es el gasto de mayor envergadura relativa de la Nación, en lo que va del año quedó rezagado respecto a otras erogaciones, empezando por los subsidios económicos.

De acuerdo a información publicada por Economía sobre el sector público no financiero, las jubilaciones y pensiones aumentaron relativamente menos que las subvenciones a la energía, los programas sociales y las transferencias a las provincias.

De esto resulta que hay un recorte relativo del voluminoso gasto previsional, paulatino, silencioso y enmascarado por los aumentos nominales de cada trimestre.

La incógnita a despejar es si Juan Manzur encontrará de dónde sacar recursos para pagar los aumentos que corresponden a los próximos dos trimestres del 2022 o, si como ocurrió en otros momentos de la historia reciente, se cambiará repentinamente la fórmula de movilidad para aliviar la carga de pagarlos y, consecuentemente, achicar el poder de compra de los haberes.