Este sábado se cumple un nuevo aniversario de Día de la Restauración de la Democracia, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto con Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas brindarán una conferencia de prensa mañana en la sede de la exESMA para denunciar "la grave situación institucional que está atravesando el país".
La rueda de prensa se realizará desde las 10.30 frente al Museo Sitio de Memoria de la ex ESMA, ubicado en la Avenida Del Libertador 8151, según informó la Secretaría de DDHH a través de un comunicado.
La convocatoria fue realizada luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del juicio por la causa mediatizada como Vialidad, y con motivo de la fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y Día de la Restauración de la Democracia en Argentina.
El encuentro contará con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y de las máximas referentas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, además de representantes de otros organismos, según se consignó.
"En un país insignia de los derechos humanos, con políticas de memoria, verdad y justicia activas, con más de mil genocidas condenados, con 130 nietos restituidos y a casi 40 años de democracia, los organismos de derechos humanos, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, convocamos a una conferencia de prensa para denunciar la grave situación institucional que está atravesando el país", afirmaron en el comunicado difundido desde el organismo que dirige Horacio Pietragalla Corti.
El pasado martes, el TOF N° 2 condenó a la vicepresidenta a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e instó al decomiso de 84 mil millones de pesos, en el marco del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos aseguraron en un documento que el fallo es un "cercenamiento de los derechos políticos" de la vicepresidenta, que constituye "la concreción máxima del lawfare en nuestro país", y llamaron a organismos internacionales a "realizar un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares".
Además, señalaron que "esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023".
