Mientras el Gobierno estudia posibles bajas del Potenciar Trabajo, las organizaciones sociales de todo el arco político volverán a manifestarse el miércoles.
Las organizaciones sociales del oficialismo ratificaron su plan de lucha contra el Gobierno. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que integran agrupaciones oficialistas como el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, el MTE de Juan Grabois y Somos-Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, definió en una asamblea de 5 mil delegados, al pie del Puente Pueyrredón, una jornada de protestas el próximo miércoles para presionar al Ejecutivo, que estudia bajas por supuestas incompatibilidades de planes sociales.
Los movimientos sociales de todo el arco político se movilizaron mientras el ministerio de Desarrollo Social entrecruza los nombres de beneficiarios del Potenciar Trabajo que presentarían presuntas incompatibilidades, según el informe que la AFIP le envió a esa Cartera el 24 de octubre pasado a pedido del ex ministro Juan Zabaleta.
A la misma hora en la que las organizaciones oficialistas coparon el Puente Pueyrredón, columnas de Unidad Piquetera cortaron la 9 de Julio a la altura del obelisco. "Ninguna tregua a los ajustadores", decían las pancartas del Polo Obrero y de Libres del Sur.
De manera simultánea, agrupaciones más chicas como el MTD Aníbal Verón, el FOL y el MTR se manifestaron frente al ministerio de Desarrollo Social.
La postal volverá a repetirse el próximo miércoles, cuando las organizaciones sociales vuelvan a salir a la calle en todo el país.
El mayor cimbronazo político para el Gobierno son las críticas abiertas de la UTEP, que integran agrupaciones cercanas al Ejecutivo y que ocupan numerosas dependencias estatales. Fueron durante buena parte de la gestión de Alberto Fernández, su principal sostén territorial.
"En la Asamblea hemos informado a más de 5000 delegados de la situación que se está viviendo con la propuesta de ajuste, que está llevando adelante la ministra (Victoria) Tolosa Paz", expresó Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Evita, que hasta hace poco construía políticamente con la flamante ministra en La Plata.
Onorato, que fue uno de los principales oradores de la jornada, había sugerido que el jueves que Pérsico, secretario de Economía Social -a cargo del Potenciar Trabajo y de la mitad del presupuesto ministerial- podría renunciar a su cargo si el Gobierno insiste con las bajas.
Las agrupaciones reclaman también la confirmación de un bono/aguinaldo de fin de año, que las diferentes administraciones suelen entregar a los beneficiarios del programa que cobran más de 1.300.000 personas. También exigen que el Ejecutivo no desenganche la paritaria del salario social complementario que paga el Potenciar de la del salario mínimo y rechazan las auditorías de la ministra.
"Nos parece injusto que (este ajuste) se haga con los compañeros que son los que más sufren la desigualdad y lo que más han hecho para para que la gobernabilidad y la paz social no se pierda a lo largo de estos tres años de crisis", insistió Onorato, luego del acto en el que también hablaron los miembros del resto del consejo directivo de la UTEP: Norma Morales, de Barrios de Pie; Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán; Ramiro Berdesegar, de la CCC; y Esteban Castro, secretario general de la UTEP y dirigente del Evita.
En el Puente Pueyrredón se vivieron momentos de tensión cuando los manifestantes quedaron cara a cara cuando agentes de infantería de Prefectura. Finalmente no pasó a mayores.
Tolosa Paz fue denunciada por incumplimiento de deberes de funcionario público por el fiscal Guillermo Marijuan, que entiende que las 3 mil bajas a beneficiarios del Potenciar que compraron dólares o hicieron compras excesivas por tarjeta, es insuficiente.
El Ejecutivo ya había tenido que dar marcha atrás con la baja de 40 mil beneficiarios de planes que también cobraban las becas Progresar. La amenaza de acampes de los piqueteros de izquierda en el obelisco obligó al entonces ministro Juan Zabaleta a cambiar los requisitos del programa.
El acercamiento entre las agrupaciones sociales del oficialismo y la oposición se viene tejiendo desde julio, cuando empezaron a reactivarse en la Justicia causas contra dirigentes de movimientos sociales en Jujuy, Chubut, La Pampa, Santa Fe y la Provincia y la Ciudad.
Nota en desarrollo
