El juicio por las rutas de Santa Cruz siguió este martes con el mismo esquema: los fiscales leyendo los informes y expedientes del equipo de Vialidad Nacional del macrismo y formulando acusaciones que ya fueron desmentidas durante los tres años de audiencia. Por ejemplo: Diego Luciani y Sergio Mola, los fiscales, afirman que las canteras de las que se sacó la piedra para hacer rutas nunca fueron tapadas o que no estaba la maquinaria para hacerlo. No presentaron una sola foto del agujero que, supuestamente, dejaron esas canteras y nada semejante se probó en las audiencias. En realidad, ocurrió lo contrario: quienes hicieron la auditoría número 3 de Vialidad Nacional, ya en tiempos del macrismo, fueron a ver las obras y dictaminaron que estaban bien hechas y que no se pagó nada que no hubiera sido construido. Las defensas, en especial la de Lázaro Báez, sostienen que las canteras se trabajaron en base al MEGA (Manual de Gestión Ambiental), que todos los trabajos se hicieron y que incluso basta leer el escrito que en su momento presentaron los fiscales de instrucción sobre la maquinaria de Báez, la que pidieron incautar, para evidenciar que en ese inventario estaban todas las maquinarias para tratar las canteras.
La mecánica del juicio se va repitiendo. Como Luciani -que tiene el papel protagónico-, antes del alegato, tenía en claro que en los tres años de audiencias la acusación fue hilvanando una derrota tras otra, que declararon contra la imputación hasta los testigos de la fiscalía, se lanzó a un show esencialmente mediático en el que pasa por arriba lo tratado en el juicio, como si el juicio no hubiera existido. Este diario viene publicando de forma cotidiana, desde mayo de 2019, las alternativas de las audiencias en las que, por ejemplo, nunca nadie nombró a Cristina Kirchner.
Un observador desprevenido podría pensar que tras las palizas de los tres años, los fiscales resolvieron volver a estudiar cada obra. No es así. Simplemente lo que están haciendo es repetir un informe formulado por Alejandro Mon, un asesor del extitular de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel. Según contó cuando fue testigo, a Mon le encargaron el análisis, expediente por expediente, de las rutas de Santa Cruz. Pero todo fue tan desprolijo que los expedientes -armados por Iguacel- estaban incompletos, nadie fue a auditar las cosas en las propias obras y entonces suele faltar documentación clave. En el caso de la audiencia de hoy, un informe real sobre las canteras.
No es un dato menor que tras declarar en el juicio, Mon pidió agregar un informe que había elaborado a pedido de Iguacel, pero los jueces no lo autorizaron. Sucede que el período de presentación de pruebas es anterior al inicio de un juicio, porque eso permite que todas las partes analicen esa evidencia y la respalden o contradigan. Ante el rechazo, ahora lo leen los fiscales sin demasiado disimulo, o sea su base es un paper macrista. Todo es parte de las maniobras típicas y originales de Comodoro Py: fuertes acusaciones mediáticas y la elevación a juicio sin pericia alguna. Ocurrió, entre muchas otras causas, en dólar futuro, Qunitas, Hotesur-Los Sauces.
Durante los años 70, 80 y 90, cuando se construyeron rutas, no había conciencia ambiental. De manera que la empresa adjudicataria sacaba piedra para construir, pero dejaba un agujero inmenso, que no se tapaba. Luciani argumentó que esas canteras no eran parte de las obras, pero las defensas sostienen exactamente lo contrario: que las canteras eran parte de la zona del camino, 50 metros hacia cada lado, por lo que había que tapar, arreglar, poner pasto, darle seguridad a los animales de la zona. Esta medida se tomó, además, por si en algún momento había que ampliar la ruta. Luciani también sostuvo que una prueba de que los trabajos no se hicieron es que Austral Construcciones no tenía la maquinaria para arreglar las canteras. Nada de eso se probó en el juicio, sino más bien lo contrario: Austral tenía cientos de máquinas que, por otra parte, figuran en el listado que los fiscales anteriores, los de instrucción, pidieron incautar.
Las mayores respuestas a lo hecho por Mon y repetido por Luciani y Mola salen de la auditoría que se hizo, ya durante el macrismo, a partir de enero de 2016. Iguacel ordenó que se hiciera un informe, no de las obras en las 24 provincias, sino en una sola: Santa Cruz. El objetivo era, por supuesto, la persecución política. Como se sabe, estas fueron algunas de las conclusiones:
*“no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…”
*“lo que figuraba como pagado estaba hecho”.
*"si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que me fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento".
Quienes hicieron el informe y estuvieron en las obras, declararon en el juicio: Justo Pastor, Martín González Oría y Marcelo Bianchi. Pero, además en la pericia contable, los tres contadores que la hicieron, consideraron de manera unánime que no hubo maniobras en la redeterminación de las obras, porque se hizo con los parámetros de un decreto firmado en su momento por Eduardo Duhalde y que regía hasta que el macrismo lo reemplazó por cálculos más favorables, no para el estado, sino para las contratistas.
Los fiscales tocaron la cuestión de los sobreprecios muy por encima durante la audiencia de este martes. Esencialmente respaldaron a su perito, Roberto Panizza, quien realizó los cálculos en base a la revista El Constructor. En las audiencias, el especialista no pudo sostener con solidez su metodología. Por el otro lado, los fiscales rechazaron lo hecho por la perita de las defensas, Adriana Alperovich, la que se mostró más contundente durante el juicio y que calculó item por item los costos: no hizo ninguna especulación en base a otras obras o publicaciones.
Parece evidente que las defensas se preparan -tendrán unas 30 audiencias para refutar a los fiscales- para exhibir fotos y documentación con lo que tratarán de refutar las ampulosas acusaciones de Luciani y Mola.
