Página Siete Digital
"¡Para los pobres no hay justicia!" exclamó una viuda de los fallecidos en el puente Huayllani en noviembre de 2019 después de que se enteró de que un juez determinó la detención domiciliaria el comandante de Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar. "Para los pobres no hay ese privilegio (detención domiciliaria) por eso me da rabia, para los asesinos sí hay (privilegios" protestó con lágrimas en los ojos la hermana de Juan Apaza, una de las víctimas.
La justicia determinó hoy en una audiencia de medidas cautelares la detención domiciliaria para Cuéllar. Según la resolución judicial, el jefe militar debe presentarse a firmar dos veces a la semana, no comunicarse con testigos y pagar una fianza de Bs 250 mil, además de no tener derecho a trabajar en las Fuerzas Armadas.
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El abogado de los familiares, Pérez, anunció que apelarán la decisión judicial. "A criterio nuestro la decisión del juez está errada por eso hemos planteado apelación, evidentemente esta decisión será valorada y puesta en conocimiento de un tribunal superior".
El jurista advirtió que con la determinación del juez existe riesgo de obstaculización y denunció que durante un año se negó el acceso a la documentación e identidad de los que participaron en el hecho.
La determinación judicial fue asumida un día después de que las Fuerzas Armadas se declararon "desconcertadas" por la aprehensión del general Cuéllar por los delitos de asesinato y otros por las muertes ocurridas en Sacaba en noviembre durante la crisis política.
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El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jaime Alberto Zabala, declaró que los miembros de la entidad castrense cumplen órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común enmarcados siempre en los principios de legalidad, necesidad y prooporcionalidad.
La determinación del juez indignó a las viudas, madres y amigos que siguieron de cerca el desarrollo de la audiencia. La mayoría de ellas llevó fotos de sus familiares fallecidos, algunas se arrodillaron, gritaron y lloraron de impotencia. Poco después de esa indignación derivó en protestas y la Policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersarlos.
