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Chile

El combate contra la trata de personas en el banquillo en Perú

Un millar de mujeres, entre ellas 130 extranjeras, han sido “rescatadas” de redes de trata de personas en Perú este año, pero expertos independientes han comenzado a cuestionar los logros de esta cruzada y algunos métodos empleados.

Las autoridades dicen que la mayoría de las víctimas son mujeres adultas y adolescentes que terminan ejerciendo la prostitución, por lo que enfocan su labor en redadas a bares y clubes nocturnos, en virtud de una ley dictada hace 10 años.

Los tratantes “disfrazan el delito haciéndolo atractivo mediante el trabajo de ‘azafata’, anfitriona (de un bar) a fin de atraerlas para explotarlas en el trabajo y luego terminan en la prostitución”, dijo esta semana el ministro del Interior, Mauro Medina, a corresponsales extranjeros.

El problema es mayor en Lima y en la región amazónica de Madre de Dios, la capital de la minería ilegal de Perú, donde muchas jóvenes peruanas y bolivianas son atraídas para trabajar de “azafatas”.

Según Naciones Unidas, la trata de personas “es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo”. La Organización Internacional del Trabajo estima que en el mundo hay 21 millones de personas que sufren explotación laboral y sexual.

Un 70% de las víctimas son mujeres y niñas, según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas, elaborado en 2016 por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

El ministro Medina dijo que este año han sido rescatadas de la trata 1.077 mujeres en Perú, de ellas 130 extranjeras, en su mayoría bolivianas.

Las redadas se intensificaron en el marco de una campaña por el Día Nacional contra la Trata de Personas, este domingo.

De noche, un equipo al mando de las fiscales Miluska Romero y Berenice Romero, con apoyo de policías especializados, ha estado inspeccionando locales nocturnos de Lima.

“Éste es un operativo de prevención y sensibilización, pero un poco diferente a lo que siempre hacemos (…), porque esta vez el objetivo no ha sido la víctima sino los potenciales agresores o tratantes”, dijo la fiscal Miluska Romero.

Sin embargo, tres expertos independientes convocados por la privada Universidad del Pacífico, afirmaron que los esfuerzos contra la trata de personas son insuficientes en Perú, pues no aseguran una reparación adecuada ni protección duradera a las víctimas.

También criticaron la falta de tribunales especializados en trata, como hay en la fiscalía y la policía.

El profesor de derecho penal José Antonio Caro lamentó que haya “tribunales que imponen (al tratante) una reparación civil de apenas 1.500 o 2.000 soles para la víctima” (entre 450 y 600 dólares).

Asimismo, criticó que fuera absuelta la dueña de un bar que explotaba a una muchacha de 14 años, obligándola a trabajar 14 horas diarias.

“La Corte Suprema absolvió a la tratante porque, si bien reconoció que la menor trabajaba de dama de compañía, (determinó que) a esa edad la muchacha no se cansa”, dijo.

La periodista Elizabeth Salazar, del portal de investigación Ojo Público, afirmó que “algunos casos se caen” porque las víctimas son abandonadas por las autoridades, lo que permite que el victimario compre su silencio.

“Conozco muchos casos en que la víctima se ha retractado porque familiares del tratante la visitan y le han ofrecido cosas o dinero”, expresó.

La investigadora Carmen Barrantes, de la ONG Terre des Hommes Suisse, alertó que existen muchas “medias verdades” sobre este tema. Explicó, por ejemplo, que “las víctimas que se escapan (del tratante) por lo general es por no (recibir) pago, no porque cuestionen su explotación”.

“Sublimamos a las víctimas y satanizamos a los victimarios”, pero no siempre la realidad es lo que parece.

Mencionó el caso de una azafata, de 32 años y madre de tres hijos, que fue acusada de trata porque el día de la redada estaba trabajando de cajera en el bar.

“Ella había sido dama de compañía hasta siete días antes del operativo”, indicó Barrantes.

Otras veces, “el fiscal les ofrece una indemnización civil” en dinero, lo que induce a que “las chicas declaren lo que queremos escuchar” y no la verdad, explicó.

Destacó, además, que los cinco albergues para mujeres rescatadas del país son insuficientes, por lo que las víctimas sólo “permanecen ahí hasta que el fiscal arma su caso”, quedándose luego desamparadas.

“Hay una serie de situaciones irregulares en el sistema de justicia, tanto para conseguir condenas como para absolver. Entonces, cuando celebremos una sentencia, puede que no sea justa”, concluyó Barrantes.

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