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Chile

La “creatividad” no se agota: investigan a segundo hombre del Ejército en nuevo mecanismo de defraudación

John Griffiths Spielman es el jefe del Estado Mayor del Ejército y el segundo hombre al mando de la institución que encabeza el general Ricardo Martínez Menanteau. Cuando el Ejército de Uruguay invitó a una delegación de cuatro oficiales para asistir a una reunión bilateral, el Ejército de Chile solo envió a dos personas: Griffiths y el coronel en retiro Carlos O'Ryan, que trabaja como funcionario a contrata en la institución, asesorando en asuntos internacionales.

La carta de invitación fue recibida en diciembre de 2017 y la reunión se concretó en junio de este año. Uruguay costeó los gastos de “alojamiento, racionamiento y transporte interno”. El aparente gesto de austeridad al enviar solo a dos de los cuatro posibles invitados, contrasta con el gasto ligeramente abultado del viaje que duró cuatro días: entre el 11 y el 15 de junio de 2018.

Clave: "Exceso de equipaje"

Por cada pasaje, el Ejército pagó $876 dólares, poco más de 600 mil pesos en clase económica. Cualquier turista reciente sabe que Uruguay es más caro que Argentina. Por eso, el viático para ambos representantes fue holgado. US$1.900 para el general Griffiths, poco más de $1.200.000; y para Carlos O'Ryan algo menos, US$1.300, casi $900.000

Pero, además, el decreto de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que aprobó el viaje del segundo hombre del Ejército, fechado el 8 de junio de este año, tres días antes de concretar la visita oficial, incluye un pago por concepto de “exceso de equipaje”. A Griffiths y su acompañante les dieron US$400 por esta vía, y la autorización del pago fue cursada por el Comando de Personal del Ejército, una semana después que el viaje había concluido, el 22 de junio.

En total, se pagó, con cargo al Ejército, poco más de dos millones de pesos por cada representante para una estadía de cuatro días en Uruguay, donde el país anfitrión corría con la mayoría de los gastos involucrados.

No cabe duda que la cifra es menos abultada que muchas de las que han aparecido en la investigación del fraude con fondos de la Ley Reservada del Cobre, conocida como “Milicogate”, pero la sospecha de que se trata de una práctica habitual para que los oficiales obtengan dinero extra, hizo que la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, abriera en marzo una arista con antecedentes en dicha dirección. Pero, a diferencia de los primeros condenados por fraude reiterado –un cabo y una sargento que en agosto fueron sentenciados a 12 y 10 años respectivamente–, en este nuevo mecanismo aparecen con toda claridad altos oficiales. Hasta el momento, están procesados los coroneles en retiro Sergio Vásquez Undurraga y Rodolfo Hidalgo Fariña. Además del coronel Iván Feber.

Fue Feber quien declaró que se trata de una “práctica habitual”: coordinar con las respectivas agencias de turismo el cambio de pasajes de visitas oficiales a viajes con la familia, obtener los remanentes en dinero y el pago por “exceso de equipaje”.

Calidad de inculpado

John Griffiths, el segundo hombre en la línea de mando del Ejército, fue llamado a declarar como inculpado hace poco más de dos semanas. El militar estuvo ocho horas contestando las preguntas de la ministra Rutherford, que busca determinar si el alto oficial, entre 2009 y 2015, recibió este tipo de devoluciones irregulares, a partir de los remanentes de viajes oficiales.

En un comunicado, después de concluida la citación, el Ejército enfatizó que Griffiths “está y estará siempre disponible para colaborar con todo lo que sea necesario” y que no emitirán una opinión hasta que la investigación concluya. Efectivamente, Griffiths va a colaborar, pero puede que más adelante lo haga como civil. Fuentes al interior de la institución castrense aseguran que el rótulo de “inculpado” significa un duro golpe para la reputación del segundo hombre en el Ejército y que Martínez Menanteau consideraría llamarlo a retiro.

Sería el fin abrupto de una carrera que comenzó en 1982, cuando egresó de la Escuela Militar. Griffiths fue director de la Academia de Guerra, tiene un posgrado en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y un magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago. Precisamente la justicia busca determinar si se cometieron irregularidades mientras fue agregado militar de Chile en Washington, a partir de 2012. En 2017 fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército.

Cabe mencionar que los tres procesados se encuentran detenidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén y que, según un listado enviado por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas a la justicia, habría 1.800 casos de este tipo.

El general Guido Manini, comandante en Jefe del Ejército uruguayo, con quien Griffiths se reunió durante su visita, tampoco pasa días fáciles. El Ministerio de Defensa de ese país, le impuso una sanción de 30 días de arresto por emitir declaraciones en contra del proyecto que pretende reformar el sistema de pensiones del Ejército uruguayo. Según la Constitución, los militares deben abstenerse de cualquier opinión política, salvo el voto.

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