La credibilidad es una de esas virtudes difíciles y lentas de construir, pero muy fáciles y rápidas de perder. En el caso de los políticos, la crisis de confianza que los acompaña desde hace ya tiempo se ve acrecentada por el hecho de que, en la época de las redes sociales, hay una tentación permanente por hacer declaraciones que por lo general envejecen mal.
La culpa no es solo de ellos: vivimos en un período histórico muy dinámico donde los problemas cambian y se multiplican, mientras que sus soluciones son siempre difíciles de explicar y lentas de implementar. Así, puesto que los cambios en las circunstancias llevan inevitablemente a que los políticos deban cambiar de opinión, su credibilidad cae aún más. Cuando las palabras tienen una vida útil tan breve, las acciones adquieren más importancia porque solo ellas parecen expresar aquella solidez que las declaraciones públicas han perdido.
Esta disparidad entre palabras y acciones está en el centro del problema que hoy tienen los tres partidos principales de la derecha a la hora de llamar a rechazar la propuesta de nueva constitución bajo un compromiso explícito de llevar a cabo cambios institucionales significativos.
La historia de la UDI, RN y Evópoli está marcada a fuego por su cerrazón permanente frente a cualquier intento por resolver los nudos institucionales de la constitución de 1980. Las razones que han usado para ello son múltiples y han cambiado en el tiempo: alguna vez fue el marxismo para prohibir partidos de izquierda, en otras ocasiones se apeló al rol garante de las fuerzas armadas para hacer inamovibles a los comandantes en jefe. Escuchamos también sobre la necesidad de dar gobernabilidad a través de senadores designados y la mantención de la ley de amnistía, de estabilidad económica para mantener una versión extrema de la presencia privada en la provisión de servicios sociales, de un tribunal constitucional con atribuciones para arbitrar sobre todo y “corregir” los excesos populistas del congreso.
Así, frente a ese permanente acomodo argumental, lo que sobresale es la consistencia impecable de sus acciones: reafirmar su lealtad con la constitución de Pinochet es una de las grandes constantes de su accionar durante más de 40 años.
El problema político de la derecha no es que sus argumentos para llamar a rechazar sean buenos, regulares o malos, sino que las acciones de varias décadas transforman sus palabras en mero ruido ambiente. Cuando todo argumento posible se ha usado ya para justificar la mantención de un ordenamiento constitucional que no solo tiene un origen violento, sino que se venía mostrando insuficiente hace tiempo, entonces no hay como creer que esta vez sí actuaran de otra forma.
Pero el problema es más profundo, porque el debate se empobrece y el país en su conjunto el que pierde. Si no podemos tomarnos en serio lo que ahora ofrecen, si sus ideas debemos entenderlas como intervenciones estratégicas para confundir o defender intereses, antes que como argumentos de buena fe, entonces las dudas que persisten sobre la propuesta de nueva constitución quedan todas agrupadas como parte de la misma estrategia para mantener el estatus quo.
El debate queda preso de un juego de suma cero entre lealtad y deslealtad, de apoyo acrítico versus exageraciones catastrofistas. Muy caro estamos pagando todos la necedad de estos partidos frente a propuestas moderadas de cambio durante décadas. Tal vez alguno encontrará consuelo en el hecho de que no estamos frente a un fenómeno nuevo ni propio de Chile: la idea de que “por sus obras los conoceréis” es una de las expresiones bíblicas clásicas con las que se advierte contra las promesas de falsos profetas.
