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Colombia

LA RETRACCIÓN DE LA COMISIÓN

LA RETRACCIÓN DE LA COMISIÓN

LA LLAMADA Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue un mecanismo extrajudicial creado dentro del acuerdo entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc que, si bien tiene un componente constitucional, no es ciertamente el único instrumento de la sociedad colombiana para aproximarse a las supuestas realidades del denominado conflicto armado interno.

Puede, en su carácter legal, dicha Comisión solicitar la información pertinente a las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública. No obstante, sorprende que esas peticiones regresen hasta 1953, en un gigantesco listado de documentos que entrañan, no sólo elementos de la seguridad nacional desde entonces hasta hoy, sino una serie de acápites que darían para una prolongada investigación mucho más allá de las competencias extrajudiciales de dicho comité.

Frente a ello basta con decir, naturalmente, que la figura del Derecho Internacional Humanitario, sobre la cual se soportan las atribuciones de la Comisión, es de reciente recibo legal en el país, desde que se oficializaron los protocolos de Ginebra, a comienzos de la década de los años 90. De tal modo que el artículo 3, común a los convenios internacionales de 1948, por medio de los cuales se homologaron los procedimientos de la guerra internacional a los conflictos armados internos, solo tuvieron incidencia constitucional alguna en nuestro país, como se dijo, cerca de finalizar el siglo XX.

Por lo demás, el Estatuto de Roma y los temas internacionales sobre los cuales se fundó el proceso de La Habana no entraron en vigencia sino a partir de 2009, luego de culminarse el periodo de reserva que se había concertado en su protocolización.

Esto quiere decir, en términos estrictamente jurídicos, que la órbita de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición solo debería tener su ámbito de acción, frente a las violaciones propias del conflicto armado interno, a partir de la fecha antedicha. De suyo, la competencia extrajudicial corre a partir de 1985, tal como fue establecido en los acuerdos con respecto a las víctimas. No parecería, por tanto, darse una razón válida para remontarse a antaño con el fin de descifrar la “supuesta complejidad” del conflicto y la acción de la Fuerza Pública desde casi 70 años atrás. Es más, en este sentido, ya se dio una Comisión, en 1958, al inicio del Frente Nacional, para establecer lo acontecido hasta entonces. Ese extenso documento podría servir, en ese caso, de base suficiente si se quiere abordar el punto desde entonces. Así mismo hay circunstancias detalladas en otros libros con documentación oficial, de los años 60. Y en la misma dirección basta con revisar la revista de criminalística anual de la Policía Nacional, donde suele haber un gigantesco y pormenorizado caudal de informaciones.

No se trata, por supuesto, de que no haya reflexiones para que la Comisión adelante los postulados establecidos en el acuerdo de La Habana que, no obstante, fue denegado en el plebiscito. Lo que se busca, por el contrario, es que la tarea de la Comisión se cumpla en el mejor tiempo posible y expida su informe en el término de la distancia. Y tampoco quiere decir ello, de otra parte, que el resto de la sociedad civil, no necesariamente interpretada por esa Comisión, no pueda adelantar sesudas investigaciones al respecto. Por el contrario, existe un sinnúmero de asociaciones y fundaciones, inclusive de víctimas, que bien podrían organizarse en torno al tema. Lo mismo, claro está, frente a las universidades que podrían avanzar indagaciones idénticas a las de la Comisión.

En Colombia, a diferencia de los países donde había dictaduras dedicadas a la violación de derechos humanos, jamás hubo interrupción de la democracia ni patrones sistemáticos en esa dirección. Hay desde luego fenómenos, como el paramilitarismo y las autodefensas, herederos de la agresión violenta de las guerrillas organizadas desde los años 60.

Tampoco es desestimable, en modo alguno, que la propia Fuerza Pública y los generales en retiro, así como el cuerpo docente castrense, puedan adelantar su propio y extenso estudio para documentar la complejidad de lo que vivió Colombia durante años de depredación y barbarie por parte de los agentes armados irregulares.

Lo que interesa, en todo caso, es que no se caiga en la politización que parece estar a la orden del día en quienes se empeñan en la retracción de los acontecimientos históricos en vez de dar salida a la vocación de futuro que tiene el país.

EDITORIAL/EL NUEVO SIGLO

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