logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Colombia

Todos en la cama o todos en el suelo

Sergio Felipe Salamanca Borrero

A partir del primero de julio las empresas extranjeras que prestan sus servicios electrónicos o digitales en Colombia verán gravados sus servicios con IVA, producto de la última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016), la que además le impone a la DIAN el deber de establecer “mediante resolución el procedimiento mediante el cual los prestadores de servicios desde el exterior cumplirán con sus obligaciones”.

Al día de hoy la DIAN no ha expedido la resolución requerida por la Ley, lo que afecta gravemente la seguridad jurídica de las empresas a cargo del impuesto, debido a que a pesar de que todas expresan su intención de acatar la ley, existe incertidumbre entre las empresas respecto de la forma como se tiene que cumplir con las obligaciones tributarias, más cuando la disposición ya está en rigor y los mismos funcionarios de la entidad manifiestan que la inexistencia de una resolución “no es excusa para que las plataformas no se encuentren recaudando el impuesto en este momento” (Fuente: El Tiempo)

Aunado a lo anterior, la reforma estableció un mecanismo residual para garantizar el cobro efectivo del tributo, consistente en que las entidades emisoras de tarjetas de crédito, debito y demás medios similares de pago estarían facultadas para hacer la retención del valor correspondiente al impuesto.

En términos generales considero que gravar los servicios prestados por empresas extranjeras por medio de plataformas digitales es acorde a los lineamientos fiscales de Colombia; lo que no comparto es: 1. Que se graven las actividades de todas las plataformas y que exista en el país zonas grises respecto de la legalidad o ilegalidad del servicio, como ocurre con plataformas como UBER o AIRBNB por lo que en principio, y de forma intuitiva podría llevar a concluir que lo que hizo el legislador al atribuirle carga tributaria a estos servicios fue legalizarlos tácitamente, debido a que es impensable gravar actividades ilícitas; y 2. Exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias a las empresas sin la existencia de normatividad que brinde seguridad jurídica no solo a las empresas, sino a los mismos usuarios.

Para concluir, estimo necesario que el Gobierno defina reglas claras para todas las plataformas si pretende gravarlas. Todos los prestadores de servicios tanto nacionales como internacionales deben gozar de las mismas condiciones y garantías, como dice el dicho, todo en la cama o todos en el suelo.

Comentarios

Themes
ICO