Actitudes de Rodrigo Chaves encienden ‘luces amarillas’ en Costa Rica, dice Daniel Zovatto, director de IDEA Internacional

Actitudes del presidente Rodrigo Chaves en contra de la prensa encienden “luces amarillas” y “generan una creciente preocupación” a nivel internacional. A esa conclusión llegó Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, una voz regional en contra del deterioro de las democracias, las dictaduras y los líderes autoritarios y populistas.

Zovatto enumeró una serie de “ataques” y medidas “estigmatizadoras” ejecutadas por Chaves en contra de medios de comunicación y periodistas críticos a su gestión. En su criterio, estas acciones socavan las libertades de expresión y prensa en el país y, en consecuencia, su imagen en el mundo.

“Costa Rica era caracterizada hasta hace poco por el informe de Reporteros Sin Fronteras como un oasis en la región, ocupando el octavo lugar en el ranking mundial.

“Posee un régimen legal y una cultura política favorable para el ejercicio de la profesión, pero ciertas actitudes de la administración del presidente Chaves prenden luces amarillas. Obviamente, no existen periodistas perseguidos ni detenidos ni medios intervenidos ni confiscados ni cerrados, pero ciertas medidas, entre ellas ataques y estigmatización del propio mandatario a los medios —como a La Nación— y a periodistas críticos, generan creciente preocupación.

“Durante la campaña, en varios videos, Chaves ‘prometió causar destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y Canal 7′ por ser de la oligarquía. Posteriormente, le quitó el permiso al Parque Viva perteneciente al Grupo Nación bajo la excusa de causar embotellamiento y, finalmente, el pasado 3 de agosto, comparó a unos periodistas con ‘ratas’ por los cuestionamientos que estos hicieron al Gobierno por su esquema de vacunación contra la covid-19″, afirmó el abogado, quien tiene un doctorado en Derecho Internacional y otro en Gobierno y Administración Pública.

“En mi opinión, estas actitudes y medidas en contra de la libertad de expresión y de prensa, y de ataques a los medios de comunicación, deben ser cuidadosamente analizadas, ya que de continuar, me temo, tendrán un impacto negativo en la labor de los medios y periodistas que son críticos del Gobierno, afectando la posición de Costa Rica en los rankings de libertad de prensa”, agregó.

A la vez, insistió en que la estabilidad democrática afecta la confianza de los inversionistas y, por ende, las calificaciones de los países: “Estas evaluaciones realizadas por empresas privadas suelen tener impacto en las posibilidades y valores de los préstamos a los que se someten los Estados ante la toma de deuda pública o privada (...). La incertidumbre política sobre las reglas de juego aumenta el costo de inversión, ya que quita un marco de referencia para proyectar y generar desarrollo sostenible y previsible”.

De acuerdo con el director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), los ataques a las libertades de expresión y de prensa constituyen una especie de alerta temprana de que se avecinan “riesgos inherentes a un gradual deterioro” de la democracia y un avance del autoritarismo.

“En los países que se están volviendo autoritarios, el componente que más tempranamente sufre es, precisamente, el de la libertad de expresión y prensa. Actualmente, el principal foco de amenaza a los medios de comunicación viene como consecuencias de acciones llevadas a cabo por ciertos gobiernos populistas o con rasgos autoritarios, que no toleran el control legítimo del poder que hacen los medios”, aseguró Zovatto en una entrevista por escrito enviada a este diario.

En particular, denunció el empeoramiento “a gran velocidad” del acoso que sufre la prensa en Centroamérica, principalmente en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, aunque también citó a México y Colombia.

Daniel Zovatto enlistó una serie de medidas implementadas, de manera repetitiva, por algunos líderes y gobiernos para mancillar la libertad de prensa y de expresión.

—Uso de manera discrecional de la pauta publicitaria oficial, beneficiando a medios amigos o que ofrecen una versión oficial de los hechos, y castigando a los medios que le son críticos retirando la publicidad o boicoteando a posibles anunciantes.

—Uso de trolls y otros mecanismos de cibervigilancia y persecución de periodistas, buscando acallar voces disidentes o incómodas para los gobiernos.

—Modificación de la legislación para impedir el libre accionar de la prensa, como ocurrió en El Salvador con el mandatario Nayib Bukele.

—Actitudes contra pequeños medios e impedimentos a periodistas para poder entrar a conferencias de prensa, como pasó con los medios El Faro y Factum, también en El Salvador.

—Espionaje digital utilizando el malware espía Pegasus para espiar a decenas de periodistas y activistas de derechos humanos.

—Intimidación a medios de comunicación o estigmatización a periodistas por sus investigaciones “anti-pueblo” o en defensa de los intereses de la “élite”.

—Persecución a periodistas y medios de comunicación con auditorías financieras por “evasión de impuestos y lavado de dinero”, tal como ocurrió en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

—La detención o exilio forzoso de periodistas, o bien, el retiro de licencias a medios críticos, como ocurre en Nicaragua, por citar un caso.

“Recientemente, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei (en Guatemala), con el apoyo del Ministerio Público —a quien controla—, allanó por supuesto ‘lavado de dinero’ a El Periódico y arrestó a su director, el periodista José Rubén Zamora. Pero este caso no es una excepción. Según la Asociación de Periodistas de ese país, durante el mandato de Giammattei han tenido lugar 350 ataques a medios o periodistas.

“La táctica empleada contra Zamora, y que ya comentamos utilizó Bukele contra El Faro, es similar a la replicada en otros regímenes autoritarios donde los gobiernos acusan a los periodistas independientes de ‘lavado de dinero o evasión impositiva’ como excusa para impedirles el ejercicio de sus derechos o encarcelarlos. En Nicaragua, este fue el mecanismo contra Cristiana Chamorro y numerosos periodistas.

“En este último país, la dictadura de Ortega-Murillo, amparados en la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, lleva a cabo una brutal persecución de periodistas y ha confiscado varios medios, entre ellos Confidencial y La Prensa. El resultado ha sido condenar al exilio a la prensa independiente. En el país quedan solo unos pocos periodistas que deben trabajar de manera clandestina”, detalló Zovatto.

Por último, el director regional de IDEA Internacional afirmó que, si bien las nuevas tecnologías de la información y la masificación de las redes sociales cambiaron la forma de hacer política y de enfocar una campaña electoral, abaratando costos, segmentando mensajes y conectando directamente con votantes específicos, esa revolución está generando una “creciente preocupante”, por el uso abusivo y pernicioso de esas herramientas.

Argumentó que incrementan “la polarización a través de las ‘cámaras de eco’, donde los ciudadanos acceden solo a información que confirma sus juicios ya elaborados previamente” y reemplazan a los medios de comunicación tradicionales, sin ofrecer siempre información “debidamente contrastada o imparcial en su contenido”.

“Cada vez más vemos información fabricada, partidariamente, que se impone como postverdad, así como el aumento exponencial de las noticias falsas y las campañas de desinformación y contaminación informativa. Un ejemplo es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Primero, divulgando falsa información sobre la covid-19 y cuestionando —sin evidencias— la efectividad de las vacunas.

“Segundo, la actual campaña de desprestigio basada en ‘noticias falsas’ y denuncias infundadas de fraude anticipado, así como sus igualmente infundados ataques en contra el sistema electoral, la urna electrónica y la labor del TSE, anticipando incluso su posible resistencia a dejar el poder si pierde la elección el próximo 2 de octubre. Todo ello afecta la integridad de los procesos electorales y los pilares básicos de la democracia”, aseveró Daniel Zovatto.